El jueves 19 de abril, el Instituto Internacional de Prensa (IPI) ha anunciado planes para continuar su campaña para despenalizar la difamación en los países caribeños de la República Dominicana, Jamaica, Barbados y Trinidad y Tobago, con misiones en cada país programadas para este verano.
"Penalizar la difamación es una reliquia del colonialismo y no tiene lugar en un moderno y democrático del Caribe", dijo Pavol Mudry, vicepresidente de la junta ejecutiva del IPI, en un comunicado de la organización. Sin embargo, las leyes penales de difamación siguen amenazando la libertad de expresión en gran parte del Caribe, de acuerdo con el Jamaica Gleaner.
Por ejemplo, en enero de 2012, Johnny Alberto Salazar, un periodista de la República Dominicana, fue condenado a seis meses de prisión por difamación y fue multado con más de $25.000 dólares por acusar a un abogado de representar los intereses de organizaciones criminales.
Según el IPI, el Caribe ha ejercido activamente en sus leyes de difamación en los últimos 15 años, incluso cuando esas leyes han caído en desuso en otras partes del mundo.
En América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Colombia han dado pasos alentadores en contra de las leyes penales de difamación, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). México y El Salvador también han trabajado para despenalizar la difamación.
A pesar de los avances, sin embargo, periodistas en Ecuador, Perú, Bolivia, y Panamá han enfrentado a cargos penales por difamación recientemente.
