Legisladores en República Dominicana están estudiando una nueva ley sobre libertad de expresión que ha dividido a periodistas y abogados.
Algunos sectores de la sociedad dominicana afirman que la legislación propuesta es necesaria para regular el papel de las plataformas digitales en la difusión de contenidos. Otros sostienen que lo que se busca es amordazar la libertad de expresión a través de la censura.
La legislación sustituiría a la Ley 6132 de 1962 sobre expresión y difusión del pensamiento, que, según el proyecto, está social y tecnológicamente desfasada y debe ser sustituida.
Entre los principales puntos de discordia está la propuesta de creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM). Sobre el papel, el instituto tendría la responsabilidad de proteger y promover el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Los críticos dicen que podría actuar como un mecanismo de censura.
“El contenido fue de consenso entre todos los sectores que trabajaron allí”, dijo el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, refiriéndose al proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales presentado al Senado en abril de 2025. “Ahora ese consenso debe realizarse en el Congreso y que todos los sectores que tengan algún tipo de preocupación u objeción vayan para que los escuchen”.
Mientras una comisión especial en el Senado discute la legislación propuesta, LatAm Journalism Review (LJR) escuchó a periodistas, abogados y defensores de la prensa sobre sus objeciones al proyecto de ley o las razones para apoyar.
El proyecto de ley cuenta con el respaldo de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD). Según afirmaron en un comunicado, la propuesta “es el resultado de un amplio proceso de consultas, reflexión técnica y concertación entre diversos sectores de la sociedad civil, la academia, juristas especializados, periodistas y representantes de medios de comunicación”.
La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus) también expresó su apoyo, diciendo que “el proyecto de Ley aborda de manera puntual el papel de las plataformas digitales en la difusión de contenidos, reconociendo su creciente influencia en la formación de opinión pública y en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.
El proyecto establece que las plataformas digitales que moderen contenidos deben actuar conforme a los derechos humanos y garantizar la libertad de expresión, siendo transparentes sobre sus normas, algoritmos y decisiones. Deben informar en español a los usuarios sobre restricciones, permitir apelaciones y asegurar el derecho a la defensa. Solo podrán desindexar contenidos - proceso de eliminar o excluir un sitio web de los resultados de un motor de búsqueda-por orden judicial y si se demuestra un daño real a la vida privada, sin afectar el interés público.
Representantes de Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, se reunieron con la comisión que tiene a su cargo analizar el proyecto de Ley y expresaron su apoyo.
“Estamos de acuerdo con el proyecto de ley porque, por ejemplo, reconoce el acceso a internet como un derecho fundamental y obliga al Estado a crear las condiciones para asegurar ese acceso”, dijo a LJR Francisco Álvarez, coordinador de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana.
“También porque prohíbe la censura indirecta que se genera cuando se utilizan los recursos del Estado para sancionar o premiar comunicadores y periodistas, como ocurre con frecuencia con la publicidad estatal”, agregó.
Otro elemento positivo, según Participación Ciudadana, es que la ley establece el principio de tolerancia crítica que obliga a un mayor escrutinio social a políticos, funcionarios públicos, candidatos y a todo el que tenga una presencia notable en las redes.
Representantes de Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, se reunieron con la comisión que tiene a su cargo analizar el proyecto de Ley y expresaron su apoyo. (Foto: senadord.gob.do)
“Se ha dicho que este proyecto pretende colocar una mordaza, lo que no es cierto, y no contiene sanciones penales de ninguna naturaleza. La difamación y la injuria seguiría siendo sancionada penalmente por otras leyes”, dijo Álvarez.
Sin embargo, Álvarez sostiene que así como la ley tiene aspectos positivos, otros necesitan mejoras.
“Por ejemplo, el artículo 9 da el derecho a los medios de preservar las informaciones ‘veraces’, lo que es peligroso pues lo que es veraz para algunos no lo es para otros”, dijo.
“Este tema merece mayor atención pues se conecta con el tema de la desindexación, tratado en el artículo 23, que podría obligar a los medios a borrar información, lo que es muy peligroso”, agregó.
El 13 de mayo, decenas de personas incluyendo periodistas marcharon en las calles de Santo Domingo en contra del proyecto de ley. Una de ellas fue la periodista Rosalba Escalante, reportera de ACD Media, quien semanas antes durante una cobertura reportó haber sufrido un ataque por parte de miembros de la seguridad de la vicepresidente dominicana, Raquel Peña.
“Miembros de diferentes medios de comunicación hemos sido objeto de agresiones verbales y a veces físicas por parte de la seguridad de algunos funcionarios. Eso dio origen a la marcha”, dijo Escalante a LJR. “Además, mostramos nuestro desacuerdo con esta nueva ley de libertad de expresión porque ya tenemos una ley que la regulé y entendemos que no hay necesidad de que se cree otra, sino que se modifique esa y que se le agregue ahí lo que tiene que ver con las redes sociales”.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) también presentó el 7 de mayo ante el Senado de la República un análisis crítico sobre la propuesta de ley.
Según el colegio, la ley hace uso de expresiones como “violencia desmesurada” o “contenido ofensivo a la dignidad” sin definición dejando un margen para la interpretación arbitraria.
La expresión de violencia desmesurada se menciona en el proyecto de ley en el apartado sobre los parámetros de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Según el documento, el proyecto de ley busca prevenir la violencia para el bienestar social y afectivo, así como promoviendo el desarrollo físico o moral, psicológico e intelectual de la audiencia infantil y adolescente.
Además, CARD expresa su preocupación ante la creación de mecanismos regulatorios como el Inacom que dicen estaría capacitado en “regular, fiscalizar, sancionar e incluso suspender transmisiones de medios, lo que amenaza con convertirse en una forma de censura indirecta disfrazada de regulación administrativa”.
Según el proyecto de ley, el Inacom sería un órgano estatal autónomo adscrito al Ministerio de Cultura dominicano encargado de regular y supervisar los servicios de comunicación audiovisual, las plataformas digitales, el cine y los espectáculos públicos, garantizando el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos de usuarios, niños, adolescentes, personas con discapacidad y mujeres. También sería el encargado de diseñar las políticas para fomentar el pluralismo, la producción nacional y el buen uso del idioma y los símbolos patrios.
La libertad de expresión e información es un derecho fundamental consagrado en el artículo 49 de la Constitución dominicana. Allí se establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.
Aún así, representantes del gobierno dominicano en años recientes han hecho varios intentos por regular la libertad de expresión y el acceso a la información.
A principios de 2024, un proyecto de ley fue introducido para crear la Dirección Nacional de Inteligencia, y que en su artículo 11 pretendía obligar a cualquier persona a entregar información necesaria para salvaguardar la seguridad nacional. Esto ponía en riesgo el secreto profesional periodístico, advirtieron medios y periodistas. La propuesta de ley fue desestimada después del rechazo de varios sectores de la sociedad.
Otro proyecto fue el presentado en 2022 por la diputada oficialista, Melania Salvador. Los medios lo denominaron “Ley Mordaza” porque pretendía regular la protección al derecho, a la intimidad, al honor, al buen nombre y la propia imagen. El Colegio de Abogados se manifestó en rechazo al proyecto considerándola una ley de censura que pondría en peligro el rol de los medios de comunicación. La iniciativa no avanzó.
Este mismo año también hubo otro proyecto que buscaba sancionar los discursos de odio. El proyecto fue presentado por el senador de la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc y finalmente retirado al no lograr el consenso social y político necesario para avanzar.
