La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y varios defensores de la prensa pidieron al gobierno mexicano que investigue los ataques a periodistas que tuvieron lugar el 7 de enero en Concepción, Acapulco, en el estado de Guerrero.
El fotoperiodista Bernardino Hernández y al menos otros tres periodistas fueron atacados por agentes del Estado mientras cubrían un enfrentamiento en el que las fuerzas de seguridad intentaron desarmar a la policía comunitaria en La Concepción, informó la revista Proceso. Once personas fueron asesinadas y 38 fueron detenidas.
La policía estatal golpeó a Hernández con cachas de pistola y culatas de rifles, según Proceso. Hernández le dijo al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) que perdió el conocimiento por varios minutos durante el ataque.
Los policías también robaron las tarjetas de memoria de su cámara y dañaron su equipo, según Proceso. Estas tarjetas, según informó la revista, contenían imágenes del “violento operativo”.
Hernández también le dijo al CPJ que el ataque ocurrió después de fotografiar a oficiales que golpeaban a miembros de la policía comunitaria, algunos de los cuales estaban desarmados. También le dijo a la organización que se identificó como periodista, pero que la policía dijo que no les importaba dónde trabajaba y que “lo desaparecerían” si seguía tomando fotos.
Según lo que dijo el periodista al CPJ, sufrió una conmoción cerebral, pero no daño cerebral. También informó sobre lesiones en las piernas, el torso y la cabeza. Según el CPJ, el secretario de salud estatal de Guerrero dijo que el estado pagaría sus gastos médicos.
“Hernández expresó temer por su seguridad, porque él también había reconocido a algunos de los agentes de la Policía Estatal por haberlos visto en coberturas noticiosas anteriores”, informó el CPJ, y agregó que se asignó policía federal para vigilar temporalmente su casa.
Hernández es corresponsal de AP y Cuartoscuro, y colaborador de Proceso. Otros periodistas atacados incluyen a Jacob Morales del diario El Sur, Rubén Santiago del diario La Jornada Guerrero, Sergio Robles de la nueva agencia Quadratín y Jorge Torres de Univisión, según Proceso.
Según Morales, la policía estatal se volvió hostil hacia los reporteros y trató de evitar la documentación del evento una vez que comenzó el enfrentamiento entre los agentes estatales y la policía comunitaria, informó SDP Noticias.
Algunos de los periodistas dijeron que fueron golpeados y empujados, mientras que otros dijeron que la policía los apuntó con sus armas, según SDP Noticias. Los reporteros le dijeron al comandante de la policía después, pero los insultó y los amenazó, agregó el sitio.
Luego del incidente, reporteros en Acapulco y Chilpancingo marcharon en protesta por el tratamiento de los periodistas y exigieron respeto por el periodismo, según el periódico El Universal.
La Oficina del ACNUDH en México dijo en un comunicado que, junto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), entrevistó a periodistas que informaron haber sido atacados, así como a autoridades, personas detenidas, y miembros de la comunidad y organizaciones de la sociedad civil.
La Oficina citó a Jan Jarab, representante del ACNUDH en México, diciendo que “es innegable que diversos periodistas fueron atacados por elementos de fuerzas policiales al cubrir los hechos y esto también debe ser investigado”.
El ACNUDH escribió que la oficina tiene pruebas de “cuenta con fuertes elementos de convicción sobre la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de fuerzas de seguridad durante el operativo, las cuales resultan profundamente preocupantes”. Informó haber recibido información sobre actos de tortura, fabricación de pruebas y allanamientos sin orden judicial, entre otros delitos.
“Adicionalmente, la ONU-DH considera profundamente preocupantes las agresiones en contra de periodistas por parte de fuerzas de seguridad, en particular contra Bernardino Hernández, quien incluso tuvo que ser hospitalizado dada la gravedad de sus lesiones”, señaló el comunicado y agregó que el robo de el equipo también era preocupante.
La oficina dijo que los eventos “no sólo constituyen un obstáculo a la libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a obtener información independiente y plural, sino también podrían representar un intento de ocultar o destruir evidencias de graves violaciones de derechos humanos”. Pidió a las autoridades garantizar que los periodistas puedan llevar a cabo su trabajo “sin obstáculos y con seguridad”.
La CDHEG informó que había abierto una investigación sobre los presuntos ataques contra los periodistas y que los estaba ayudando.
El Gobierno del Estado de Guerrero respondió que las lesiones de Hernández “no son graves, como lo demuestran los dictámenes médicos” y que el evento estaba siendo investigado.
También dijo que estaba disponible para abordar las preocupaciones del ACNUDH, así como las medidas cautelares dadas por la oficina “con el propósito indeclinable de que los hechos en La Concepción sean investigados con estricto apego a la ley y el pleno respeto de los derechos humanos”.
Los defensores de la prensa, incluidos el CPJ y PEN México, condenaron los ataques contra los periodistas.
“La Policía debe proteger a los periodistas, pero en México hemos visto demasiados casos en que la Policía es la responsable de la violencia contra los periodistas”, dijo Alexandra Ellerbeck, coordinadora del Programa de Norteamérica del CPJ, según el comunicado. “Las autoridades deben investigar este ataque y enjuiciar a los agentes responsables”.
En una nota sobre “el ominoso comienzo de 2018”, PEN México informó sobre los ataques a periodistas en La Concepción y dijo que eran evidencia de la impunidad en el país.
Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México urgió a las autoridades que garanticen la integridad y el ejercicio del trabajo periodístico.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
