Melissa Alfaro Méndez tenía 23 años y se desempeñaba como Jefa de Informaciones de la revista peruana Cambio. Era 1991, Alberto Fujimori llevaba un poco más de un año como presidente y ya mostraba indicios de lo que sería su política antiterrorista extrema.
La revista Cambio era considerada de oposición, frecuentemente denunciando las violaciones a derechos humanos a manos del gobierno, que provocaron que incluso fuera señalada como alidada del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
El 10 de octubre de 1991 un sobre llegó a la redacción de Cambio dirigido a Carlos Arroyo, su director. Como parte de sus funciones Alfaro abrió el sobre que infortunadamente estaba cargado con anfo gelatina, un explosivo de manejo complejo que solamente era usado por el Ejército peruano. Ella murió en el lugar.
Han sido ya 33 años los que su familia ha luchado por conseguir justicia. Cuando en 2019 pensaron que finalmente iniciaría el juicio, la pandemia por COVID frenó sus deseos. Finalmente, el 21 de marzo de 2023 se inició formalmente el juicio contra tres “autores mediatos”: Vladimiro Montesinos, exasesor de Fujimori y jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN); Julio Salazar Monroe, exjefe del SIN; y Pedro Villanueva Valdivia, excomandante general del Ejército, como presuntos autores mediatos. También en contra de Víctor José Penas Sandoval, exagente de inteligencia y capitán en retiro de la Policía Nacional, como presunto autor material del crimen.
La periodista peruana Melissa Alfaro Méndez fue asesinada en 1991. (Foto: Cortesía familia Alfaro)
Su caso se encuentra actualmente en etapa de juicio oral y podría tomar al menos cuatro meses más, explicó a LatAm Journalism Review (LJR) Gloria Cano, responsable del equipo legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y abogada que representa a la familia de Alfaro.
A pesar de este lento avance, su asesinato podría quedar en la impunidad debido por cuenta de la Ley de Amnistía promulgada por la presidente Dina Boluarte el pasado 13 de agosto.
La ley da amnistía general a miembros de las fuerzas armadas, policía y comités de autodefensas (civiles formados por militares para luchar contra la subversión) acusados o investigados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno del país (1980 – 2000). También ordena la liberación de personas condenadas por estos delitos que sean mayores de 70 años.
“Desde que se planteó como una posibilidad [la Ley de Amnistía] hemos empezado a luchar contra ella”, dijo a LJR Norma Méndez, madre de Melisa. “Nuestras esperanzas se ven frustradas después de luchar tanto para que avance el juicio, para que inicie, inclusive, tuvimos que luchar un montón y con esta ley de amnistía no sabemos qué va a pasar realmente”.
La ley fue motivo de alarma desde que se discutía en el Congreso y ha sido rechazada por organizaciones nacionales e internacionales. Fue promovida por el partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, hija del difunto expresidente Fujimori condenado por crímenes contra los derechos humanos y delitos de corrupción. Fue impulsada por congresistas como el exministro del interior, Fernando Rospigliosi, y el almirante retirado Jorge Montoya.
Quienes la apoyan argumentan que impulsa al país a salir de una época de conflicto sangriento, es un homenaje a quienes lucharon contra el terrorismo y una solución para casos que han tardado décadas en resolverse.
Sin embargo, a sus críticos les preocupa el impacto en la justicia para las familias de las víctimas de abusos contra los derechos humanos.
“Para nosotros es una ley que viola no solamente el derecho a las víctimas de tener acceso a la justicia, sino que desobedece la jurisprudencia de la Corte Interamericana [de Derechos Humanos], donde se señala que el Estado no puede dirigir obstáculos para darle una salida a las víctimas en el aspecto judicial”, dijo Cano. “Ahí la Ley de Amnistía lo que hace es desobedecer en su mandato de investigar, juzgar y sancionar a los violadores de derechos humanos”.
Cuando la ley todavía era discutida por el Congreso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a Perú a “abstenerse de aprobar leyes que otorgan amnistías por graves violaciones a los derechos humanos”.
En una decisión del 3 de septiembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ratificó la suspensión inmediata de la Ley de Amnistía. Con la reciente decisión se ratifica la dada el 24 de julio en la que le ordenaba a Perú que “suspenda inmediatamente el trámite del Proyecto de Ley […] y, en caso de que éste no se suspenda, las autoridades competentes se abstengan de aplicar esta ley, a fin de que no surta efectos jurídicos”.
La presidenta Boluarte dijo que el tribunal internacional intenta interferir con la soberanía de Perú.
El caso de Alfaro no es el único en peligro, según expertos legales y defensores de la prensa.
Cuando el 13 de abril de 2023, Daniel Urresti, exministro del Interior y general retirado del Ejército, fue condenado a 12 años de prisión como coautor del asesinato del periodista Hugo Bustíos, la sentencia fue considerada histórica. No solamente por el alto cargo de la persona sentenciada, sino porque el caso de Bustíos se convertía en el primero, y hasta ahora el único, en obtener justicia plena: toda la cadena criminal había sido condenada.
Algo “histórico” también sucedido cuando el 30 de septiembre de 2024 fue condenado Alberto Rivero Valdeavellano, un exalto cargo militar, por el caso de la desaparición forzada del periodista Jaime Ayala Sulca ocurrida en 1984. Otro exmilitar implicado en el caso, Augusto Gabilondo García del Barco, exjefe de una base contrasubversiva, se encuentra en España y su extradición está pendiente, dijo a LJR Juan José Quispe, abogado de la familia de Ayala Sulca.
Estas importantes sentencias, no obstante, podrían verse afectadas con la Ley de Amnistía.
En el caso del asesinato de Bustíos, la sentencia en contra de Urresti está en firme luego de ser ratificada por la Corte Suprema. Sin embargo, teniendo en cuenta que el exmilitar está próximo a cumplir los 70 años, podría quedar libre, dijo Qusipe. Por lo pronto, la defensa de Urresti ya solicitó anular su sentencia usando otra ley controversial, la llamada “ley de impunidad”, que no juzga delitos de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002.
El periodista peruano Jaime Ayala desapareció en 1984 en el marco del conflicto armado interno del país. (Foto: Tomada página de Facebook Justicia para Jaime Ayala Sulca)
En el caso de la desaparición de Ayala, debido a la edad de García del Barco su proceso de extradición también podría verse truncado, añadió el abogado.
Pero hay más casos de violencia contra periodistas ocurridos durante el conflicto armado interno. Los periodistas Pedro Yauri e Hilario Ayuque, junto con Ayala Sulca, son los tres periodistas desaparecidos de esa época. Las investigaciones en sus casos también se verían afectadas, dijo a LJR Zuliana Laínez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP).
“Desde la ANP hemos sido absolutamente firmes en rechazar esta ley no sólo por lo que eso representa para el país – recordemos que este país tiene más de 25.000 desaparecidos como cifra oficial – sino porque afecta de manera directa varios casos de periodistas asesinados y desaparecidos”, dijo Laínez.
Laínez enfatizó que además de los periodistas desaparecidos, entre 1980 y el año 2000 registraron más de 50 periodistas asesinados.
Los abogados Cano y Quispe coinciden en que la única salida que hay por ahora es que los jueces peruanos inapliquen la ley.
“Todos los jueces de la República tienen la obligación de aplicar lo que se conoce como el control difuso o el control constitucional. Es decir, los jueces tienen que ver si esa ley se opone a la Constitución Política del Estado”, dijo Quispe.
Asimismo, dijo Quispe, existe también la “obligación internacional” de aplicar el control convencional. Es decir, como el Estado peruano ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos y aceptó la competencia de la Corte IDH está obligado a cumplir sus sentencias.
“Si una ley de un Estado parte de la competencia contencioso-administrativa va contra las sentencias de la Corte Interamericana, ellos van a preferir las sentencias de la Corte Interamericana y no la ley de un Estado parte. Ese es el control convencional”, dijo Quispe.
De hecho, en un caso no relacionado con el periodismo, el juez Richard Concepción Carhuancho ya inaplicó la controversial “ley de impunidad”. Por esa decisión, enfrenta una denuncia por presunto prevaricato ante la Junta Nacional de Justicia presentada por el congresista Rospiglosi.
El Colegio de Abogados de Puno de Perú exigió derogar la Ley de Amnistía por sus violaciones a obligaciones internacionales e hizo un llamado para que los jueces la inapliquen. En un análisis, la Fundación para el Debido Proceso estableció que la ley “carece de efectos jurídicos” por no pasar el control de convencionalidad, y que la respuesta de los jueces será inaplicarla.
Por lo pronto, la familia de Melissa Alfaro seguirá participando en los plantones de los jueves frente al Palacio de Justicia.
“Yo espero que los jueces inapliquen la ley. Estamos con esa esperanza”, dijo la madre de Alfaro. “No sabemos cómo procederá el gobierno, en este momento está totalmente contra nosotros, los familiares [...]. No podemos comprender a una mujer tan inhumana y no pueda pensar mejor en su pueblo”.
