La Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública, que aprobara discretamente el congreso de Honduras el 13 de enero, pone en riesgo el acceso a la información pública de los hondureños y la transparencia del nuevo gobierno, según diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos como Reporteros Sin Fronteras.
Según la nueva legislación, el presidente y sus ministros tienen la facultad de clasificar la información oficial restringiendo su acceso público por diferentes períodos de tiempo según su categoría, informó el diario británico The Guardian.
Es así que la información podría clasificarse en cuatro categorías: reservada, la cual no podría publicarse por 5 años; confidencial, cuya publicación podría “originar riesgo inminente o amenaza directa contra la seguridad y defensa del orden público”, por lo cual sería restringida por 10 años; la denominada secreta por 15 años, y la ultra secreta hasta por 25 años.
Luego de publicarse en el diario oficial La Gaceta, dicha ley sería sometida a recursos de inconstitucionalidad ante instancias nacionales e internacionales, aseguró Omar Rivera, director ejecutivo de la ONG hondureña Grupo de Sociedad Civil al diario El Tiempo. “Es una ley que brinda todas las condiciones para que los funcionarios públicos hagan y deshagan con el erario nacional”, apuntó Rivera.
Según RSF la ley de información secreta contempla que “reservado, es toda aquella información, documentación, o material, referida al ámbito estratégico interno de los entes del Estado y que su revelación podría producir efectos institucionales no deseados, si estuviera públicamente disponible, en contra del efectivo desarrollo de las políticas del Estado o del normal funcionamiento de las instituciones del sector público. Esta clasificación es facultad propia del titular de cada ente del Estado”.
Rivera resaltó que uno de los objetivos de la ley es suplir el papel del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), entidad responsable de hacer cumplir la ley de transparencia e información pública que el congreso hondureño aprobó en el año 2006.
La competencia del IAIP quedaría en manos de los funcionarios responsables de las entidades gubernamentales, “quienes podrán imponer el secreto sin tener que rendir cuentas”, explicó RSF.
La norma es vista con preocupación por las organizaciones civiles nacionales y extranjeras por ser Honduras un país en el cual el ejercicio periodístico supone un alto riesgo. En la última década fueron asesinados 38 periodistas.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
