América Latina y el Caribe ha estado a la vanguardia en el reconocimiento del derecho del público a solicitar y recibir información de las autoridades. Una gran mayoría incluso ha implementado leyes de Derecho a la Información (DAI) que lo consagran, facilitando así la labor de periodistas que investigan datos públicos.
Sin embargo, un estudio reciente reveló que, en cuanto al funcionamiento real de estas leyes en la región, América Latina y el Caribe se sitúa en el promedio o incluso por debajo de otros países a nivel mundial.
“Ha habido mucho liderazgo en este tema desde América Latina, y estos resultados no concuerdan con eso”, dijo Toby Mendel, autor del estudio, abogado y director ejecutivo del Centro para el Derecho y la Democracia (CLD, por sus siglas en inglés) de Canadá, a LatAm Journalism Review (LJR).
Mendel, junto con el coautor Raphael Vagliano, publicó el estudio “Global Comparative Testing or Responses to Requests for Information” [Pruebas comparativas globales o respuestas a las solicitudes de información] el 28 de septiembre, Día Internacional del Acceso Universal a la Información.
Esta “prueba de estrés”, en palabras del estudio, tenía como objetivo observar cómo se implementaban las leyes de derecho a la información a escala global.
El estudio incluye datos de 146 solicitudes de 76 países, presentadas por voluntarios de todo el mundo.
Para llevar a cabo la prueba, los voluntarios presentaron dos solicitudes de información a las autoridades públicas a nivel nacional. Cada autoridad tenía un plazo de 30 días calendario para responder, considerando que, en la mayoría de los países, el plazo inicial de respuesta es de 30 días o menos, según el estudio.
Dieciséis países de América Latina y el Caribe están incluidos en los resultados, aunque el estudio no desglosa los datos a nivel de país.
En la región, el 44% de las solicitudes obtuvieron información completa, ya sea a tiempo, con retraso o mediante “divulgación proactiva”, lo que significa que la información solicitada ya estaba disponible en otro lugar. El promedio mundial fue del 42%.
En el 40% de las solicitudes de la región no se obtuvo respuesta. El promedio mundial es del 38%.
“Las respuestas silenciosas constituyen una negación fundamental del derecho a la información. Si las solicitudes no reciben respuesta, el derecho solo existe en el papel”, señala el estudio.
El tiempo promedio de respuesta en América Latina y el Caribe fue de 39,18 días, muy por encima del promedio mundial de 22,06 días.
Mendel enfatizó que, dado que los promedios mundiales consideran países democráticos, con democracias débiles y no democráticos, el hecho de que América Latina y el Caribe —una región cuyos países se clasifican como democracias— se encuentre por debajo del promedio mundial no es ideal.
“América Latina y el Caribe debería estar por encima del promedio”, afirmó Mendel, y agregó que América Latina ha desempeñado un importante papel de liderazgo en materia de derecho a la información.
América Latina y las leyes de Derecho a la Información
Según la Unesco, 27 de los 33 países de América Latina y el Caribe cuentan actualmente con leyes de Derecho a la Información. El último en unirse fue Cuba, que aprobó su ley en 2024.
“La región tuvo uno de los ritmos más rápidos de aprobación de estas leyes en los últimos 30 años”, dijo a LJR Guilherme Canela, director de Inclusión Digital, Políticas y Transformación Digital de la Unesco. “Antes de 1995, sólo un país de la región contaba con este tipo de legislación; ahora sólo seis carecen de ella”.
Canela destacó algunos hitos importantes para el derecho a la información en la región.
El Principio 10 de la Declaración de Río, relativo al acceso a la información sobre el medio ambiente, fue adoptado por la ONU en 1992 en Brasil. Además, en 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso Claude-Reyes et al. v. Chile, que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y expresión de dos hombres al denegar su solicitud de información bajo su control. También concluyó que Chile incumplió con su obligación de adoptar medidas para garantizar el acceso a la información bajo su control.
Y, como señaló Mendel, en 2010 la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos adoptó la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública.
Los países de la región que no cuentan con una ley de acceso a la información pública son Barbados, Dominica, Granada, Haití, Santa Lucía y Surinam. Todos ellos son considerados Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, a quienes la Unesco y el CLD están ayudando a adoptar e implementar leyes de acceso a la información pública, dijo Mendel.
Además, como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el SDG 16.10.b, en particular, los Estados miembros de la ONU acordaron garantizar el acceso público a la información.
“Confiamos en que los seis países que no cuentan con leyes de acceso a la información pública avanzarán en esa dirección y la Unesco está dispuesta a apoyarlos”, dijo Canela.
A pesar de este progreso, los países de la región también han experimentado retrocesos en cuanto a las leyes de derecho a la información.
México adoptó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 2002, lo que lo ubicó en segundo lugar en la Clasificación Global del Derecho a la Información de CLD. Sin embargo, en 2025, periodistas mexicanos advirtieron que su trabajo se vería obstaculizado cuando los legisladores eliminaran el organismo supervisor, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. En consecuencia, Mendel afirmó que se espera que el país descienda en la clasificación de derecho a la información.
Dado que las clasificaciones de derecho a la información miden el marco legal del derecho a la información y no la implementación real de las leyes, El Salvador ocupa el puesto 14 por tener una “ley sólida con un alcance muy robusto”.
Sin embargo, periodistas salvadoreños dijeron a LJR este año que desde que el presidente Nayib Bukele asumió el cargo en 2019, el gobierno ha restringido el acceso a la información. Por ejemplo, en 2020, el gobierno limitó la autonomía y luego reemplazó a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información. Además, un informe de 2023 del Observatorio Universitario de Derechos Humanos señaló un patrón creciente de instituciones públicas que reclaman confidencialidad sobre cuestiones relacionadas con seguridad y derechos humanos.
En la mitad del grupo
Canela calificó la lucha por un mayor acceso, apertura gubernamental, transparencia y rendición de cuentas como “un camino sin fin”.
“Siempre habrá actores, por diferentes razones, que se resistan a garantizar este derecho”, dijo.
Instó a las partes interesadas a concientizar sobre la importancia del acceso a la información, enfatizando que “no es un favor, sino un deber de los funcionarios públicos”. También animó a destacar el impacto de este derecho.
“Las solicitudes de acceso a la información han cambiado políticas, han expuesto irregularidades y violaciones de derechos humanos, y han salvado vidas”, dijo. “Cuando la población en general, pero los tomadores de decisiones en particular, ven esto, la tendencia es a mejorar aún más la implementación de estos marcos legales”.
Canela animó a quienes toman decisiones a garantizar la independencia de los organismos que supervisan el acceso a la información en cada país, incluyendo la asignación de un presupuesto para implementar las leyes.
En cuanto a periodistas, indicó que deberían aplicar las leyes, realizar solicitudes con mayor frecuencia y explicar a la audiencia cómo obtuvieron la información.
