Sólo el 38 por ciento de los países de América Latina respondieron plenamente a las solicitudes de acceso a la información presentadas por la Associated Press (AP) como parte de un proyecto en 105 países, afirmó la AP al Centro Knight para el Periodismo en las Américas. Su resultado es comparable al de Asia, mejor que el de África y peor que el de Europa. En general, más de la mitad de los países no cumplen sus propias leyes de acceso a la información, señaló MediaBistro.
De 18 países latinoamericanos que fueron parte del proyecto de la AP para evaluar leyes de acceso a la información, siete le enviaron a la AP todos los archivos que solicitó dentro del plazo establecido por la ley: Chile, Costa Rica, República, Guatemala, México, Paraguay, y Uruguay. Un octavo país, Perú, envió información parcial.
Cuatro países -- Bolivia, Colombia, Ecuador y Panamá -- respondieron con alguna información, pero no útil. "Respondieron algo distinto a lo que buscábamos," dijo Eduardo Castillo, editor de noticias para el servicio de la AP en la Ciudad de México.
Cinco países ignoraron por completo las solicitudes de información de la AP: Belice, Honduras, Nicaragua, Venezuela y Brasil. "Fue un proceso frustrante en los países que no respondieron, tanto en América Latina como en otras partes", dijo Martha Mendoza, redactora nacional para Estados Unidos de la AP y principal redactora del proyecto del derecho a saber. "Les dimos seguimiento, llamamos a sus oficinas y decían 'a lo mejor está por llegar', o 'vamos a indagar' y luego no recibíamos nada específico".
El único país latinoamericano que negó la solicitud fue Argentina, citando "seguridad nacional". "Es preocupante que sentencien a alguien como terrorista y luego no lo hagan público, porque puede conducir a abusos", dijo Mendoza. "El punto de las leyes de libertad de información es exigirle a la gente rendición de cuentas, y para ello se requiere transparencia".
En enero de este año, la AP envió solicitudes de información a más de 105 países que tienen leyes de libertad de información o provisiones constitucionales. Para 2010, más de la mitad de la población mundial estaba cubierta por leyes de acceso a la información, así que "Pensé que sería importante ponerlas a prueba dado que muchos gobiernos están prometiendo transparencia y queremos que rindan cuentas", dijo Mendoza.
La AP le pidió a los países que proveyeran el número de personas arrestadas y condenadas por cargos de terrorismo desde el 11-9, encontrando que 35,000 personas de todo el mundo han sido condenados. Sin detenerse ahí, la AP luego decidió analizar el proceso de registro para las solicitudes de información relacionadas al terrorismo.
Los países africanos fueron los peores, pues 11 de 15 ignoraron las solicitudes de información.
Guatemala respondió más rápido que cualquier otro país, proveyendo la información solicitada en sólo 10 días, dijo Mendoza.
La mayoría de leyes o provisiones constitucionales para el acceso a la información en América Latina han sido instauradas en los últimos diez años, lo cual representa un período muy corto, espcialmente en comparación con los Estados Unidos, que adoptó una ley de transparencia en 1966, dijo Castillo. "Los países de América Latina todavía están tratando de entender cómo usar ese tipo de leyes", afirmó.
Ver este mapa del Centro Knight para mayores detalles sobre las leyes de libertad de información en toda latinoamérica.
La ley de México, adoptada en 2002, es el "estándar de oro", aseguró Mendoza, señalando que cualquier solicitud puede presentarse en línea -- aun de manera anónima --, y las respuestas también son emitidas vía Internet, poniendo la información a la disposición de cualquiera. "Son un modelo de excelencia", dijo.
Castillo y Mendoza señalaron que es notable que Brasil, que acaba de entrar en una alianza de gobierno abierto con Estados Unidos para liderar un esfuerzo global por la transparencia, ignorara la solicitud de información de la AP. Después de años de evadir una ley de información -- el país sólo tiene una provisión constitucional -- el congreso brasileño finalmente aprobó en octubre una ley de libertad de información que ahora espera la firma de la presidenta Dilma Rousseff.
Obviamente, dijo Mendoza, "que un país tenga o cumpla con una ley son dos asuntos muy diferentes".
En "el espíritu de la transparencia," la AP, que presenta más de 1,000 solicitudes de derecho a la información en los Estados Unidos cada año, está "abriendo sus apuntes," publicando vía DocumentCloud hojas de cálculo con información sobre cuánto tiempo le tomó a cada país responder a las solicitudes de información, las respuestas que proveyeron y otra información sobre las leyes, la cual será útil para defensores y para los países que quisieran ver cómo se comparan con los demás, dijo Mendoza.
La AP también está abriendo un espacio web para que los lectores le sugieran a la agencia la información que sus reporteros deberían solicitar. "Queremos saber porque queremos hacer más este tipo de proyectos", dijo Mendoza. "Realmente lo vemos como un servicio público", añadió, "En general somos muy firmes en la AP con respecto a nuestro compromiso de no abogar por nada, pero el acceso a la información es una herramienta importante para los medios y sí presionamos para que las leyes de derecho a la información sean sólidas".
