La desinformación, uno de los temas centrales del debate político contemporáneo, motiva respuestas políticas y legislativas de gobiernos de todo el mundo. Bajo el argumento de mantener una esfera pública saludable, legislaturas de varias regiones del mundo, incluida América Latina, presentan propuestas de leyes para regular temas como noticias falsas, discursos de odio, campañas de difamación y difusión de propaganda extranjera.
El estado actual de estas leyes acaba de ser mapeado y puesto a disposición de cualquier persona tras el lanzamiento el 6 de noviembre de LupaMundi, una iniciativa de la agencia brasileña de verificación de datos Lupa. Disponible en portugués e inglés, el mapa interactivo reúne información sobre leyes y proyectos de ley vinculados a la desinformación de 188 países de los 195 reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (los siete excluidos, por falta de fuentes disponibles, son Antigua y Barbuda, Dominica, Islandia, Micronesia, Níger, Palau y Surinam).
“Muchos países se están esforzando por responder a la desinformación y sus impactos a través de sus sistemas legales, pero hasta ahora no ha sido posible ver esto dentro de un panorama más amplio, que permita comparaciones y análisis desde un solo lugar. Eso es lo que permite LupaMundi y por eso es tan relevante”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Natália Leal, directora ejecutiva de Lupa. “Es un trabajo que refleja las discusiones más recientes sobre desinformación, ya que reúne referentes que han sido buscados por diferentes grupos de investigadores y profesionales”.
La cartografía permite una mirada comparativa y completa de cómo cada país está lidiando con la desinformación. Según sus creadores, el mapeo a escala global no tiene precedentes y tiene como objetivo “fomentar la investigación y la producción de contenidos en torno al tema, que conduzcan a la calificación del debate público sobre la lucha contra la desinformación”. Su público objetivo son periodistas, investigadores y académicos de la desinformación de todo el mundo.
Entre los países democráticos de América Latina y el Caribe aún no hay leyes específicas aprobadas contra la desinformación, pero sí iniciativas, como la que actualmente se discute en Brasil, que intentan cambiar la situación. La ausencia de una legislación específica para combatir la desinformación conduce en ocasiones a distorsiones, como el uso de otras leyes, creadas con fines muy diferentes – como la lucha contra el terrorismo – a este fin.
La iniciativa – que según Leal, debería actualizarse periódicamente, pero sin una frecuencia definida – fomenta discusiones sobre qué es la desinformación, cuál es su situación actual en América Latina y cuáles son los desafíos y la relevancia para enfrentarla.
Los proyectos contra la desinformación también pueden tener efectos negativos sobre la democracia y la libertad de expresión, incluida la actividad periodística independiente. Leyes en países como Nicaragua y Venezuela demuestran cómo legislar sobre lo que es o no discurso falso puede servir como herramienta de censura.
“En términos de advocacy, el concepto de desinformación es útil, interesante y describe una situación que ya es histórica, pero que tiene nuevas características con la llegada de la internet. Sin embargo, en el ámbito jurídico, la desinformación se presenta como un término ambiguo que abarca una amplia gama de comportamientos, desde estafas hasta calumnias e incluso mentiras intencionales. Algunos de los cuales son lícitos y otros no”, afirmó a LJR Agustina Del Campo, directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), con sede en Buenos Aires, que mantiene su propio Observatorio Legislativo en nueve países latinoamericanos.
“Dado que la definición de desinformación es ambigua, estas leyes permiten interpretaciones amplias que pueden ser utilizadas para restringir la libertad de expresión y el contenido más allá de lo que originalmente se pretendía”, agregó.
LupaMundi señala qué países tienen legislación específica sobre la difusión de información falsa, y también países en los que, aunque no hay leyes específicas, otra legislación – como, por ejemplo, el Código Penal – trata el tema. El mapa también incluye 14 proyectos de ley que el equipo de Lupa consideró más relevantes a nivel global en este momento.
La encuesta muestra que sólo 35 países tienen leyes específicas aprobadas sobre desinformación, 28 de los cuales están en Europa. Esta concentración se debe al Digital Services Act (DSA), un reglamento de plataformas digitales aprobado por la Unión Europea (UE) que entró en vigor en noviembre del año pasado. La ley exige que las plataformas digitales adopten posturas activas y cumplan con los procedimientos definidos por la ley para moderar contenidos ilegales en línea.
En América Latina, la iniciativa similar más cercana a ser aprobada es el Proyecto de Ley N° 2630, de 2020, de Brasil, conocido como Proyecto de Ley de Fake News. Después de más de tres años de discusiones y cambios, hubo bastantes especulaciones de que el proyecto podría ser votado y aprobado en el Congreso entre abril y agosto de este año, pero esto no sucedió. La expectativa ahora es que su votación tenga lugar al menos en 2024.
Según su relator, el diputado Orlando Silva (de centro-izquierda), el proyecto preserva tres pilares importantes: libertad de expresión, mecanismos de transparencia de los servicios de las plataformas digitales y modificación del régimen de responsabilidad de las plataformas. La falta de consenso, sin embargo, sobre qué organismo sería responsable de vigilar y controlar la aplicación de las medidas previstas en la ley impidió su aprobación.
El diputado Orlando Silva, relator del proyecto ley de Fake News, durante una sesión de la Cámara del día 25 de abril. Desde entonces, el avance del proyecto ha perdido apoyo. (Foto: Lula Marques/ Agência Brasil)
Especialista en libertad de expresión en internet, el profesor de Derecho en el Instituto de Educación e Investigación (Insper) en São Paulo Ivar Alberto Hartmann ve aspectos positivos y negativos en las versiones más recientes del proyecto.
“La legislación brasileña para combatir la desinformación es prácticamente inexistente. Ha habido cambios específicos en la legislación electoral, pero son restringidos y se hicieron sin una buena comprensión de cómo funciona la comunicación en línea”, dijo Hartmann a LJR.
Entre los puntos positivos de la propuesta de ley, según el investigador, está el establecimiento de obligaciones de transparencia por parte de las plataformas sociales, que deberán explicar qué criterios utilizan en sus decisiones de contenidos. Además, la ley también ofrece más garantías procesales a los usuarios, que podrán apelar si se elimina su contenido.
Entre los puntos negativos, para Hartmann, está precisamente la falta de definición sobre qué organismo sería responsable de supervisar la aplicación de la ley.
“Sería una catástrofe si el organismo encargado de supervisar las redes sociales fuera un organismo político, designado libremente por el presidente. Esto significaría que este organismo tendría control sobre la libertad de expresión. Tiene que ser un organismo totalmente autónomo, donde la persona designada no pueda ser despedida”, afirmó Hartmann. “Pero es completamente viable hacer esto. Esta fue la opción adoptada en la UE”.
El temor de que la legislación para inhibir la desinformación se utilice en realidad para restringir la libertad de expresión es el principal motivo de las reticencias de especialistas ante este tipo de ley.
Según Adriana Amado Suárez, periodista argentina y profesora de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, ciertas condiciones comunes en la región facilitan la instrumentalización política del tema, como la falta de transparencia de los datos públicos, los bajos niveles de confianza y consumo de noticias e información pública devaluadas por el exceso de propaganda.
La investigadora observa que esto muchas veces limita el trabajo del periodismo:
“Muchos periodistas, ante la posibilidad de tener algún problema al respecto, prefieren abandonar ciertos temas para investigar. Prefieren mantener silencios sobre opiniones políticas o partidaria”, dijo Amado a LJR.
En este sentido, los casos de los regímenes autoritarios de Nicaragua y Cuba alertan sobre estos riesgos, afirmó el politólogo Andrés Cañizález, director de la organización Medianálisis y profesor de la Universidad Andrés Bello en Caracas.
Aunque estos países no tienen leyes específicas sobre desinformación, ambos tienen artículos en otros códigos que limitan la libertad de expresión con el argumento de inhibir la difusión de información supuestamente falsa.
“En estos países, la desinformación es vista desde un poder represivo que utiliza la categoría para poder sancionar o castigar a aquellos que se le opongan o que difundan información en una lógica de confrontación política”, dijo Cañizález a LJR.
Los temores sobre este tipo de restricciones muchas veces impiden avanzar en la legislación sobre el tema en varios países. Por ejemplo, en México, en 2021, el senador Ricardo Monreal propuso cambiar algunos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para regular las redes sociales. Una fuerte reacción negativa hizo que el proyecto no saliera adelante.
“Muchas organizaciones de la sociedad civil y plataformas de redes sociales se opusieron a este proyecto porque parecía más una medida punitiva contra los usuarios y las plataformas. Esta complejidad surge, especialmente en nuestro contexto nacional actual, donde el poder político parece influir en todas las ramas del gobierno. El objetivo parece ser el control en lugar de desincentivar la desinformación”, dijo Carolina Palfar, abogada de la Suprema Corte de Justicia de México, a LJR.
La pregunta que queda, en este contexto, es si es posible tener una legislación sobre desinformación que no se instrumentalice e inhiba la libertad de expresión.
La profesora Amado Suárez entiende que, en el contexto de democracias imperfectas como la latinoamericana, el riesgo no vale la pena.
“La democracia no requiere leyes de la verdad, sino leyes que garanticen el acceso a la información. Necesitamos facilitar la verificación cruzada no solo por parte de las agencias de fact-checking, sino también por parte de la ciudadanía y las instituciones. Las universidades también deberían desempeñar un papel en la supervisión de la información proporcionada por el gobierno en temas como el cambio climático y las vacunas.”, aseguró.
La investigadora Del Campo, del CELE de Buenos Aires, entiende que es necesario separar el tema de la desinformación en sus diversos elementos – como, por ejemplo, la calumnia – para evaluar las deficiencias de los marcos jurídicos.
“Donde realmente enfrentamos desafíos como sociedad es en relación a expresiones que, aunque no sean ilegales ni están sujetas a ningún otro concepto de ilegalidad, las percibimos como dañinas y creemos que deberían estar sujetas a regulación legal. Aquí surgen complicaciones, especialmente si queremos establecer nuevas restricciones”, afirmó Del Campo.
“En este punto, nos enfrentamos a un problema de definición, pero también a uno de necesidad democrática. ¿Cómo justificamos la restricción al debate público sobre cuestiones de interés público? ¿Cómo logramos que esta restricción sea legalmente viable sin socavar el debate público abierto necesario para el funcionamiento de nuestra democracia? Creo que este equilibrio no se está logrando”, agregó.
Cañizalez, de Medianálisis, por su parte, cree que depende de la lógica y situación en la que se haga cada legislación.
“Todo depende del contexto en el que se promulguen estas leyes. Por ejemplo, si estuvieran en un contexto donde existen amplias libertades y estas leyes surgieran tras un debate inclusivo que involucrara a los gremios de periodistas y las universidades, podría resultar interesante”, dijo Cañizález. “Estas leyes solo tendrían sentido si se abordan con los principios democráticos en mente”.
