Mientras México se prepara para los comicios electorales generales del 1 de julio, el reciente informe conjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) insta al Gobierno de México a garantizar la seguridad de los periodistas que cubran el proceso electoral, por ser vulnerables a amenazas y agresiones físicas por parte de actores políticos y terceros.
Relatores Especiales David Kaye (ONU) y Edison Lanza (CIDH).
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y la Relatoría Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la ONU fueron invitados el año pasado por el gobierno mexicano para la elaboración de un informe completo sobre la situación de los derechos humanos en ese país.
Encabezados por sus Relatores, Edison Lanza (CIDH) y David Kaye (ONU), la misión visitó cinco estados en los cuales se ha registrado en los últimos años la mayor parte de los asesinatos y agresiones contra periodistas: Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa.
En el informe, las Relatorías concluyeron que México atraviesa una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos de su población. De acuerdo con el informe, el extendido debilitamiento del Estado de derecho y de la gobernabilidad a nivel local, facilita e incrementa el número de homicidios, desapariciones y torturas, que si bien es algo extendido, las agresiones son con frecuencia dirigidas a los periodistas.
Para la elaboración de este reporte, los Relatores se reunieron entre el 27 de noviembre y 4 de diciembre de 2017 con más de 250 periodistas, con medios de comunicación, misiones diplomáticas y representantes de la sociedad civil de 21 entidades federativas de los cinco estados visitados.
Tanto funcionarios del gobierno, como periodistas y organizaciones no gubernamentales les transmitieron a Kaye y Lanza durante su visita a México, que la delincuencia organizada había logrado filtrarse en la vida pública del país, principalmente a nivel estatal y municipal.
En cuanto a la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas en los últimos años, el informe señaló que “México ha realizado escasos avances —si es que efectivamente ha logrado progresar— en la erradicación de la impunidad desde 2010”.
“La impunidad por los asesinatos y otros ataques contra periodistas ha sido documentada por instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, y estos datos sugieren que al menos el 99,6% de estos delitos aún no han sido esclarecidos”, señaló el informe de las organizaciones internacionales. Esto fue considerado por los Relatores como algo inadmisible por parte del gobierno mexicano que sigue sin investigar los delitos cometidos contra periodistas y sin juzgar a los responsables.
La Fiscalía Especial para Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), creada en 2010, no ha contribuido a combatir la impunidad ni a recuperar la confianza pública, de acuerdo con el informe. Entre 2014 y 2018, continuó el documento, la Feadle ha visto reducido su presupuesto en más del 50%.
“Lo señalado por periodistas, víctimas, organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llevó a los Relatores Especiales a concluir que la Feadle carece de planes de investigación eficaces, no agota todas las líneas de investigación, no identifica a todas las personas responsables de delitos (lo cual incluye a autores intelectuales y cómplices), y no analiza el contexto en el cual se produjeron los delitos”, dice en el reporte. Tampoco se protege la seguridad de los testigos y no se reúne ni preserva de manera eficaz la evidencia policial y forense, de acuerdo con las informaciones y declaraciones recibidas por los Relatores.
De los 84 asesinatos de periodistas cometidos en México desde 2010, la Feadle determinó que 37 de estos no habrían sido motivados por el ejercicio periodístico de las víctimas. De los 47 crímenes en los que se identificó un vínculo al trabajo periodístico de la víctima, hay 28 investigaciones pendientes, 16 investigaciones que han sido cerradas o suspendidas, y sólo en 3 casos se han abierto procesos penales, sustentó el informe.
Por ello, los Relatores pidieron al Gobierno aumentar el presupuesto de la Feadle, fortalecer la capacidad de sus investigadores y fiscales y asegurar su independencia como una fiscalía especializada dentro de la estructura la Procuraduría General de la República (PGR).
Respecto lo dicho en el informe sobre la Feadle, la organización de derechos humanos Artículo 19 de México dijo en un comunicado de prensa que tanto dicha entidad como las instancias de procuración de justicia estatales han atendido a definiciones y criterios restrictivos y excluyentes respecto a quiénes deben considerarse periodistas, y que por razones políticas se ha desestimado la labor periodística como móvil de los crímenes y las investigaciones han sido llevadas sin mínimos estándares técnicos y de protección a derechos humanos de las víctimas.
Los Relatores instaron a todas las autoridades mexicanas a adoptar una definición exhaustiva de periodista, como la establecida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, la cual define como periodista a toda persona que recaba, genera, procesa, edita, comenta, opina, difunde, publica o provee información a través de cualquier medio de difusión, ya sea de manera eventual o permanente. Esto incluye a comunicadores, medios de comunicación y sus instalaciones y a sus trabajadores, según el informe.
Otra de las preocupaciones señaladas en el informe de las Relatorías son los ataques digitales contra los periodistas y sus fuentes, el hostigamiento a través de redes sociales y la vigilancia secreta no supervisada. Estos son los desafíos más recientes y alarmantes, se indicó en el reporte.
Asimismo, entre los principales temas analizados en el informe está el de los periodistas desplazados por la violencia. De acuerdo con el informe, la mayoría de los periodistas desplazados se reubican mayormente en Ciudad de México, en otros estados o hasta en otros países. Algunos periodistas desplazados han sido asesinados en el estado de acogida. Lo que han podido concluir al respecto los Relatores es que no existe una estrategia integral que los proteja, ni mucho menos una forma segura para regresar o ser reubicados adecuadamente.
Recientemente, Desplazados, el colectivo que representa a los periodistas mexicanos que han tenido que abandonar su estado por cuestiones de seguridad a raíz de su trabajo entregó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU un reporte sobre el desplazamiento interno. En dicho reporte, el representante del colectivo, Gildo Garza, indicó que entre 2009 y 2017 fueron 70 los periodistas que se vieron obligados a huir junto a sus familias, publicó la organización Capital CDMX en su sitio.
“El desplazamiento forzado de periodistas tiene varios impactos: económico, laboral, social y especialmente en la libertad de expresión, las comunidades donde estos periodistas (residían) se han quedado sin información: Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Sinaloa, Chiapas, Chihuahua y otros estados de México son reconocidos por la CIDH en su informe como zonas silenciadas”, sostuvo Garza.
Las organizaciones Artículo 19 de México, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales suscribieron un comunicado conjunto en el cual hacen un llamado al gobierno mexicano a reconocer el informe de los Relatores y a cumplir sus recomendaciones a fin de garantizar la protección integral de los periodistas.
