Como Viktor Navorski, el personaje interpretado por Tom Hanks en la película La Terminal, un grupo de periodistas nicaragüenses vive atrapado en un limbo legal que los condena al exilio y a la inexistencia jurídica.
En la historia ficticia, Navorski queda varado en un aeropuerto de Nueva York cuando su país deja de existir para el mundo exterior. Algo similar, pero en la vida real, les ocurre a siete periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica. Tras huir de la persecución del régimen de Daniel Ortega, no han podido renovar sus documentos de identidad: Nicaragua se los niega y Costa Rica aún no los reconoce plenamente. No están encerrados en una terminal, pero no tienen patria.
Por ello, a finales de mayo decidieron solicitar la nacionalidad al gobierno español, que se ha mostrado amistoso con otros exiliados nicaragüenses en los últimos años.
“Denunciamos ante la comunidad internacional la escalada de represión estatal ejecutada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el periodismo independiente que nos ha dejado en una situación de apatridia de facto”, dijeron en un comunicado los periodistas Carmen Lucía Navas, Tania Jeannette López Rodríguez, Óscar Enrique Navarrete, Gerall Isaac Chávez, Donaldo Eliezer Hernández, Luis Eduardo Martínez Membreño y Reyna María Vallecillo Tapia.
A pesar de que el concepto de apátrida de facto no está definido en el derecho internacional, en el resumen de las conclusiones de la Reunión de Expertos sobre el Concepto de Personas Apátridas bajo el Derecho Internacional (ACNUR 2010) definen a los apátridas de facto como “personas fuera del país de su nacionalidad que no pueden o, por razones válidas, no están dispuestas a acogerse a la protección de ese país”.
Según el abogado Salvador Marenco de Nicaragua Nunca Más, colectivo que está asesorando y apoyando al grupo de periodistas en su solicitud al gobierno español, el ser apátrida de facto tiene los mismos efectos que el ser despojado de la nacionalidad a través del poder judicial.
Un apátrida de facto no puede regresar a su país, tampoco puede renovar pasaporte, cédula de identidad, ni otros documentos esenciales para acceder a servicios de salud, empleo o educación, explicó Marenco.
De izquierda a derecha, Nayel Martínez, periodista de La Prensa de Nicaragua; Gonzalo Carrión, coordinador del Colectivo Nicaragua Nunca Más; Tania López, periodista independiente; Gerall Chávez, periodista de Nicaragua Actual; Wendy Quintero, periodista independiente; y Oscar Navarrete, fotoperiodista de La Prensa. (Foto: Cortesía)
“En Nicaragua se ha reformado la Constitución y se han hecho múltiples legislaciones que han permitido o han allanado el camino al tema de la apatridia de facto”, dijo Marenco a LatAm Journalism Review (LJR). “Obviamente [esto pasó] en un contexto de arbitrariedad y de nula independencia judicial sin la posibilidad de que las víctimas puedan utilizar ningún recurso”.
Gerall Chávez, uno de los periodistas solicitantes, salió de Nicaragua rumbo a Costa Rica, en agosto de 2018 luego de que vandalizaran las paredes de su casa familiar y escribieran en ellas la palabra “plomo”. Durante meses, él había estado cubriendo las protestas en contra del régimen de Ortega, donde al menos 355 personas murieron.
Chávez, quien para ese momento trabajaba como reportero televisivo para Vos TV, eligió Costa Rica por la cercanía y por considerarlo un espacio seguro de Centroamérica para el ejercicio periodístico. Chávez consiguió el estatus de refugiado con rapidez pero ese no ha sido el caso de todos.
“Todavía hay personas que tienen su entrevista de elegibilidad dentro de unos 4 o 5 años. Otros periodistas no tenían la entrevista hasta el 2030”, dijo él a LJR.
Chávez mencionó la carga que supone para Costa Rica el gran número de nicaragüenses que solicitan el estatuto de refugiado en el país. Más de 194.000 solicitantes de asilo procedentes de Nicaragua y 9.216 refugiados nicaragüenses reconocidos se encuentran en Costa Rica, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.
También hay reportes de periodistas exiliados que ya no se sienten tan seguros como cuando llegaron a Costa Rica, en términos de libertad de prensa, y tampoco han logrado la estabilidad económica que esperaban.
Chávez dijo que solicitó la renovación de su pasaporte en la embajada de Nicaragua en Costa Rica en 2023. Pero, dos años después, aún no ha podido renovarlo.
“Yo insistí mucho, llamé y me dijeron una de las tantas veces que mi pasaporte no iba a llegar y que debía de ir a Nicaragua si yo quería el pasaporte”, dijo Chávez “Obviamente, pues eso no va a suceder porque yo estoy en Costa Rica y de llegar a Nicaragua el escenario más probable es que me detengan”.
Chávez explicó que algunos periodistas del grupo de solicitantes están en su misma situación, mientras que otros sufrieron la confiscación de sus pasaportes o les fue prohibida la entrada a Nicaragua luego de salir de viaje.
LJR contactó a la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica solicitando comentario sobre las denuncias hechas por los periodistas nicaragüenses pero hasta la publicación de esta historia no se ha recibido respuesta.
“Hicimos la solicitud a España porque sabe el contexto de Nicaragua y fue uno de los primeros países que ofreció la nacionalidad a los 222 presos cuando fueron desterrados a Estados Unidos”, dijo Chávez. “España lo materializó y no se quedó como en la palabra o en la promesa. Tengo conocimiento de al menos 24 periodistas que han obtenido la nacionalidad española”.
El régimen Ortega a través del Poder Judicial de Nicaragua ha ordenado la desnacionalización de un total de 451 personas, de acuerdo con los registros del medio digital Divergentes.
Los primeros fueron 222 exreos políticos que fueron desterrado a Estados Unidos, el 9 de febrero de 2023. Luego fue el turno de 94 exiliados a los que el régimen nicaragüense señaló como “traidores a la patria”, el 15 de febrero de 2023. Por último, en septiembre de 2024, 135 expresos políticos fueron también desterrados a Ciudad de Guatemala, Guatemala. En todos estos grupos había periodistas.
Desde la primera ola de desnacionalizaciones, el Gobierno de Pedro Sánchez ofreció la nacionalidad española a los nicaragüenses apátridas como parte de su “compromiso con el derecho internacional”.
Patricia Orozco, directora del portal digital Agenda Propia de Nicaragua, es un ejemplo de la promesa cumplida. Cuando apareció en el listado de desnacionalizados, ya se encontraba viviendo en España. Se dirigió al Ministerio de Justicia donde fue orientada para realizar la solicitud de nacionalidad. En menos de tres meses ya tenía el pasaporte europeo en sus manos.
“Hay otros países que hicieron pronunciamientos y ofrecieron la nacionalidad a los nicaragüenses desnacionalizados pero España es el único que lo ha hecho de forma masiva y ha cumplido y eso hay que agradecerlo”, dijo ella a LJR.
El grupo de 7 periodistas espera contar con la misma suerte. Su petición fue entregada el 19 de mayo al cónsul de España en Costa Rica e iba dirigida al rey, al Gobierno y otras autoridades españolas. Hasta el momento no han obtenido respuesta.
LJR contactó al equipo de prensa del Ministerio de Justicia español para conocer cuál es la posición del ente sobre este caso de los apátridas de facto. Al momento de publicación de la historia no recibió respuesta.
La Asociación de la Prensa de Madrid comunicó su apoyo al grupo de periodistas nicaragüenses y pidió al Ejecutivo español considerar la situación como “excepcional”.
“Acá en España, cuando me nacionalizaron, me preguntaron si quería borrar la nacionalidad nicaragüense y les dije que no porque en teoría yo tengo derecho a la doble nacionalidad”, dijo Orozco. “Y es que vos sabes que donde uno nace lo llevas adentro, con leyes o sin leyes”.
