Las videocámaras de los celulares se han vuelto una poderosa herramienta de periodistas y ciudadanos para denunciar sobornos y el uso excesivo de la fuerza pública. En México, los celulares se han vuelto también una popular forma de difundir en las redes sociales el abuso de las autoridades, los intentos de fraude electoral así como la muestras de prepotencia de los ciudadanos en contra de la policía. En Brasil han conmovido las imágenes de los abusos de la policía en contra de periodistas y manifestantes en varias ciudades del país.
Tanto en México, Brasil y Estados Unidos, los policías y otros elementos de seguridad han respondido a la amenaza de las cámaras de los celulares con el arresto de los periodistas y ciudadanos que graban las imágenes. En México, uno de los casos más recientes fue el de Roberto Hernández, director del documental Presunto Culpable, quien fue arrestado en la Ciudad de México tras grabar a policías que realizaban una detención arbitraria.
Con frecuencia, los periodistas también resultan agredidos al grabar operativos de seguridad o la conducta inapropiada de un funcionario público. Según la organización Artículo 19, las agresiones de las fuerzas de seguridad en contra de periodistas revelan la falta de entrenamiento de los agentes de seguridad con respecto al trato con la prensa y por ello, esta organización publicó el documento Principios generales para la relación de las Fuerzas Armadas y de seguridad pública con la prensa.
En México, es común que los agentes seguridad acusen a los camarógrafos de "interferir con las labores de seguridad pública". En cambio en Estados Unidos, varios estados prohíben que los ciudadanos o periodistas graben a los policías en el ejercicio de su trabajo sin previo consentimiento de la autoridad y por ello, tanto periodistas como ciudadanos han terminado arrestados con cargos de espionaje. En varias ocasiones, la Suprema Corte de ese país ha dictado que la Primera Enmienda protege el derecho de grabar a la policía pues “los policías, cuyo sueldo proviene de recursos públicos, y que están realizando tareas de seguridad pública en un espacio público no tienen derecho a la privacidad”, según señala el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad de Stanford. Pero hasta ahora, sólo en Oregon (al noroeste de Estados Unidos), una ley garantiza el derecho de los ciudadanos para grabar a la policía sin previo consentimiento.
Grabar la conducta de funcionarios públicos, “puede servir para prevenir abusos o en el caso de que tengan lugar, que esto permanezca impunes”, asegura en su blog Ricardo González de la organización Artículo 19 en México. Sin embargo, tanto periodistas ciudadanos como trabajadores de medios de comunicación deben tomar algunas medidas para proteger la información de sus celulares y precauciones para evitar agresiones durante la cobertura de protestas y disturbios sociales.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
