El presidente Nayib Bukele ha intensificado sus ataques contra la libertad de prensa y la sociedad civil en El Salvador. El gobierno salvadoreño ha intensificado su impulso autoritario en las últimas semanas, con la aprobación de una ley que asfixia financieramente a organizaciones apoyadas por fondos internacionales, detenciones arbitrarias de activistas, amenazas contra periodistas y un discurso abiertamente antidemocrático.
Las medidas se producen tras la proliferación de eventos y noticias desfavorables al gobierno. Entre periodistas y activistas de derechos humanos, la ofensiva inspira temor.
“Cuando hablamos con colegas nicaragüenses, ellos dicen: ‘Donde ustedes están, nosotros estuvimos’”, dijo Hugo Sánchez, relator para la libertad de expresión de la Asociación Salvadoreña de Periodistas (Apes), a LatAm Journalism Review (LJR). “‘Y donde nosotros estamos, ustedes van a estar’”.
Para los periodistas, un elemento particularmente grave es la introducción de la Ley de Agentes Extranjeros, mejor conocida como la "Ley Mordaza", aprobada el 20 de mayo prácticamente sin debate en el Congreso ni en la sociedad salvadoreña.
Concebida como una medida para gravar las donaciones a organizaciones no gubernamentales (ONG), la ley impone un impuesto del 30 por ciento sobre cualquier financiamiento extranjero recibido por personas u organizaciones, según un resumen publicado en el sitio de la Asamblea Legislativa.
La nueva ley también clasifica como “agente extranjero” a cualquier persona u organización que reciba financiamiento directo o indirecto de entidades extranjeras y exige su registro ante el gobierno.
Los llamados agentes extranjeros tienen prohibido participar en actividades políticas que puedan “alterar el orden público” o “amenazar la estabilidad social y política” del país. También deben identificar en sus materiales que la información que divulgan está “financiada” por entidades extranjeras.
Finalmente, la ley otorga amplias facultades al Ejecutivo para regular su aplicación, permitiendo al Ministerio de Gobierno eximir a organizaciones específicas de estos requisitos. Quienes incumplan la ley estarán sujetos a fuertes multas que pueden alcanzar los US $200.000.
La nueva ley se asemeja a legislaciones aprobadas recientemente en otros países de América Latina, no sólo en regímenes abiertamente autoritarios como Nicaragua y Venezuela, sino también en democracias en peligro como Guatemala y Paraguay. El caso más reciente es el de Perú, que aprobó su propia “Ley Mordaza” en abril.
Periodistas salvadoreños califican la ley de vaga y excesivamente amplia, dejando un amplio margen a la arbitrariedad en su aplicación.
“Lo que se pretende básicamente es asfixiar la labor de la prensa independiente y de las organizaciones de la sociedad civil que han sido muy críticas con el gobierno”, dijo a LJR Suchit Chávez, miembro de la junta directiva de Apes y periodista de la Revista Factum.
De acuerdo con Chávez, el nuevo impuesto del 30 por ciento se suma a los gravámenes ya existentes, elevando la carga fiscal total a casi el 50 por ciento. La ley, argumenta, “prácticamente vuelve inviable la operación tanto de medios independientes como de organizaciones de la sociedad civil”.
“Tanto los medios como las organizaciones van a reducir sus operaciones, o incluso creemos que hay algunas que van a cerrar”, dijo.
El nuevo impuesto se suma a los recortes de este año a la ayuda exterior de USAID, reduciendo aún más la financiación en un país donde muchos medios de comunicación dependen en gran medida del apoyo internacional. Según los representantes de Apes, algunas organizaciones están considerando seguir el ejemplo de El Faro y trasladar sus operaciones administrativas al extranjero.
Mientras tanto, las autoridades han detenido a tres activistas en las últimas semanas: la abogada de derechos humanos y activista anticorrupción Ruth López; el abogado ecologista Alejandro Henríquez; y José Ángel Pérez, presidente de una cooperativa de agricultores.
La detención de López es el caso más sonado. Trabaja con la organización de derechos humanos Cristosal y es una de las críticas al gobierno más destacadas del país, ya que ha investigado o sacado a la luz al menos 15 presuntos casos de corrupción gubernamental, al tiempo que ha denunciado detenciones arbitrarias y muertes en centros penitenciarios.
Su detención ilustra hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno para silenciar la disidencia.
“Si me hubieras preguntado hace un mes si yo creía que iban a ser capaces de arrestar a Ruth López, pues te hubiera dicho que no”, dijo Suchit Chávez. “Existe una tal incerteza jurídica que realmente no sabemos lo que puede suceder”.
Mientras tanto, los ataques contra la prensa se dispararon. De acuerdo con un recuento de Apes, en 2024 se registraron 789 incidentes, un aumento del 154 por ciento en comparación con los 311 casos documentados el año anterior.
Esta atmósfera de intimidación está llevando a los periodistas a abandonar el país, ya sea por temor a su seguridad, o por precaución cuando cubren noticias delicadas. Tras publicar en mayo dos entrevistas con líderes de grupos criminales que afirmaban que Bukele había negociado acuerdos con bandas, El Faro informó de que el gobierno pretendía detener al menos a siete miembros de su redacción.
Apes calcula que una treintena de periodistas han abandonado El Salvador de forma preventiva en las últimas semanas, de acuerdo con Chávez.
Entre ellos se encuentra el jefe de fotografía de El Faro, Víctor Peña, quien abandonó el país tras las entrevistas a las pandillas y ha permanecido en el extranjero.
Peña destaca el miedo y la inseguridad jurídica, especialmente bajo el actual estado de excepción, en el que no es necesaria una orden judicial para la detención. La presión de los partidarios del gobierno, agregó, hace casi imposible resistirse a una orden de detención arbitraria, ya que estos actores moldean eficazmente la opinión pública.
“Después de nuestra publicación, ha habido funcionarios, trolles, periodistas a sueldo, y pseudointelectuales que dicen que analizan la situación de país, que han pedido públicamente que se nos arreste por delitos de asociaciones ilícitas y apología del delito”, dijo Peña a LJR. “Cuando se ejecuta algo como eso, tú ya la tienes perdida, porque el juicio ya se ha hecho público, aunque en los tribunales no tengan razón”.
La última ofensiva de Bukele parece estar motivada por una pérdida temporal del control narrativo y por la necesidad de recuperarlo, de acuerdo con Peña.
El discurso oficial, dijo Peña, empezó a debilitarse después de que el Congreso aprobara una ley que reabría la minería metálica a finales del año pasado, una medida impopular. A ello se sumaron otras cuestiones, como el revés en la percepción pública que supuso la incautación de un contenedor en Panamá que contenía drogas y café salvadoreño.
Cuestiones cotidianas, como el cierre de una carretera clave tras un deslizamiento de tierra, alimentaron aún más las críticas en las redes sociales que minaron la popularidad de Bukele. El presidente también se enfrentó a críticas por encarcelar a inmigrantes deportados de Estados Unidos y por las polémicas entrevistas a líderes de bandas.
La crisis de imagen, dijo Peña, llevó al presidente a abandonar cualquier pretensión de moderación y descartar conductas que indicaran que no era “un represor o violador de los derechos humanos”.
“Bukele pierde el control de la narrativa, pero necesita una acción para retomar el poder, para recuperar la comunicación en sus manos y decir: ‘Aquí mando yo; estas son mis decisiones’”, dijo Peña. “A partir de eso, viene una escalada”.
La evidencia actual indica que la estrategia del presidente implica redoblar su camino autoritario. En un discurso con motivo del primer aniversario de su segundo mandato en San Salvador el 1 de junio, Bukele sugirió que lleva las acusaciones de comportamiento antidemocrático como una insignia de honor.
"Democracia, institucionalidad, transparencia, derechos humanos, Estado de derecho, suenan bien, son grandes ideales en realidad, pero son términos que en realidad solo se usan para mantenernos sometidos", dijo Bukele. “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador".
