Segunda entrega de la serie de posts sobre mecanismos de protección para periodistas en América Latina. Lea aquí sobre el mecanismo de México.
Al cumplir 15 años este mes de agosto, el Programa de Protección a Periodistas de Colombia (el más antiguo mecanismo de ese tipo en América Latina) atraviesa “un momento crítico”, según organizaciones de defensa de la libertad de prensa. Entre los problemas principales que afectan el programa están la falta de recursos económicos y escándalos de corrupción.
Justamente debido a esas preocupaciones, la campaña ‘Periodismo en Riesgo’ acaba de ser lanzada por la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios) y Reporteros Sin Fronteras (RSF).
La campaña, que se extenderá hasta noviembre, busca a través de informes semanales mostrar este momento crítico del programa el cual atiende anualmente entre 80 a 140 periodistas.
Es así como desde el año 2000, cada año alrededor de 100 periodistas reciben protección proporcionada por el Estado colombiano, la cual puede ir desde escoltas, agentes armados que los siguen las 24 horas del día hasta el uso de vehículos blindados para transportarlos.
Y es que la historia del periodismo colombiano es una en la que le ha tocado cumplir su función en un contexto complejo de violencia y corrupción. El conflicto armado interno no solo ha dejado más de 6 millones de víctimas, sino que ha llevado a la creación de diferentes grupos armados y bandas delincuenciales, en algunas ocasiones, con el auspicio de las clases políticas y de fuerzas armadas estatales. Por eso, las amenazas que recibe el periodismo llegan desde los más variados frentes: desde el Estado, funcionarios públicos y fuerzas de seguridad, hasta grupos armados, pasando en ocasiones por población civil.
En su momento, el gobierno colombiano aceptó no solo el riesgo extraordinario que enfrentan los trabajadores de la prensa, sino que el propio Estado podría ser parte de los victimarios, explicó Pedro Vaca, director ejecutivo de la FLIP en conversación con el Centro Knight para el Periodismo en las Américas. Esto llevó a la creación de un programa en el que los periodistas confiaban.
El mecanismo, incluso, ha sido ha sido señalado como un posible modelo para otros países de América Latina.
En su informe ‘Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: Estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia’, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que este programa “ofrece una importante práctica para los países de la región, que ha permitido proteger la vida y la integridad de decenas de periodistas, comunicadores y comunicadoras en el país”.
La Relatoría también ha destacado el papel de este mecanismo en “la disminución en el país de los casos de asesinatos a periodistas y comunicadores por motivos que podrían estar relacionados con su profesión”.
De acuerdo con cifras de la FLIP, la violencia contra la prensa en Colombia ha dejado al menos 143 periodistas muertos desde 1977 por razones relacionadas con el ejercicio de su trabajo. No obstante, la reducción en el número de asesinatos de trabajadores de la prensa ha sido notable en comparación a las cifras manejadas entre 1999 y 2002 cuando 32 periodistas fueron asesinados en el país.
“Al programa de protección hay que reconocerle muchas cosas. Si bien la disminución en los asesinatos a periodistas no es una consecuencia directa del programa, sí es un efecto inhibidor que ha ayudado”, explicó Vaca.
Periodistas: una población en riesgo extraordinario
El origen del mecanismo de protección en Colombia se remonta al año 2000 cuando los comunicadores fueron catalogados como parte de un grupo de personas en situación de riesgo en el país, según consta en el informe citado de la Relatoría Especial. Fue por este motivo que se creó el ‘Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales’ el cual estaba a cargo de la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
Tres años antes de este programa, el gobierno ya había reconocido el riesgo que enfrentaban algunas personas “por causas relacionadas con la violencia política o ideológica, o con el conflicto armado interno” razón por la que estipuló un programa de protección. Estas personas pertenecían a diferentes grupos como dirigentes de grupos políticos, de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, entre otros.
En el 2012, se decidió unificar y reestructurar todos los programas de protección existentes dando nacimiento al ‘Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, a la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades’ que se encontraran en riesgo extraordinario o extremo. Dentro de los 16 grupos objeto de protección se incluyó a los periodistas y comunicadores sociales.
Bajo este nuevo marco, se creó la Unidad Nacional de Protección (UNP) la cual tendría autonomía y patrimonio propio y estaría encargada de “articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección”.
Además de la UNP, el programa cuenta con otros órganos que permiten su funcionamiento. Así por ejemplo, tiene un Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información (CTRAI), y el Grupo de Valoración Preliminar (GVP) el cual realiza el estudio de riesgo con base en la información suministrada por el CTRAI e indica las medidas a proveer.
El máximo grupo de deliberación es el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) el cual tras analizar las solicitudes y los análisis dados por los otros grupos determina las medidas de protección que deben ser otorgadas así como la temporalidad de éstas.
Uno de los aspectos positivos que la Relatoría Especial ha destacado ha sido la participación que la sociedad civil ha tenido en éste. De hecho, en el CERREM están como invitados permanentes cuatro representantes de cada una de los grupos o comunidades objeto de protección, una de las cuales es la de periodistas.
También ha sido destacado la perspectiva de género con la que cuenta. El programa entiende que las mujeres tienen unas necesidades particulares y como tal las medidas de protección deben responder a éstas. De hecho, existe un CERREM mujeres paralelo. Cuando una mujer periodista considera que necesita protección, puede decidir que su caso sea revisado por el comité especializado de mujeres o por el comité general.
En términos globales, el mecanismo ha servido para ofrecer protección a periodistas de manera inmediata. Un ejemplo es el caso del jefe de investigaciones de la revista Semana, Ricardo Calderón, quien sufrió un atentado en mayo de 2013, razón por la que recibió un esquema de seguridad inmediatamente por parte de la UNP.
Asimismo, es conocido el caso del atentado en contra del ex Ministro del Interior de la administración de Álvaro Uribe, Fernando Londoño, en mayo de 2012. Londoño contaba con un “robusto” esquema de seguridad debido a las muchas amenazas que recibía no solo por su trabajo como ex ministro, sino por la labor periodística a la que se había dedicado después de su trabajo político. En su momento el director de la UNP aseguró que fue gracias a este esquema que Londoño salió con vida del atentado.
No obstante, su funcionamiento no ha estado exento de críticas e incluso de escándalos.
Vaca señala que uno de los problemas es que en la actualidad el sistema de protección “esta hiperdimensionado”. Es decir, debido a que el programa ofrece protección a otros grupos de la población, el número de personas con necesidad de esquemas de seguridad ha incrementando y con esto la estructura necesaria para su funcionamiento.
“El programa [en sus inicios], tal vez más artesanal y con menos criterios, era más rápido. Estamos hablando ahora de la intervención de muchos actores lo cual encarece y también atrasa la atención de los casos”, agregó Vaca.
De acuerdo con Vaca, desde la existencia de la UNP ésta no ha logrado la suficiencia presupuestal que debería tener.
“Siempre hacia mitad de año se alerta sobre la falta de recursos”, dijo Vaca. “Esto tiene impactos enormes en los programas vigentes para periodistas quienes se quejaban que no les daba el dinero que debían o no les pagaban a los escoltas. Y esto pasa todos los años, hay un problema de planeación”.
Para representar este problema, en abril de 2015 se conoció el caso de Yesid Toro, un periodista quien confesó ser el autor de amenazas en su contra y de siete colegas más para poder continuar no solo con el esquema de seguridad, sino para recibir un dinero, que según él, el mecanismo le debía.
Otro caso que puso al programa en un punto de mira por su final trágico fue el asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes el 12 de agosto de 2014, semanas después de que sus medidas de protección hubieran sido retiradas. En su momento, la UNP señaló que las medidas se retiraron debido a que el CERREM había determinado que la seguridad del periodista no estaba en peligro, informó la Relatoría Especial. Solo hasta días pasados, un año después del crimen, las autoridades expidieron 16 órdenes de captura contra miembros de una banda criminal acusados de ser los autores intelectuales y materiales del homicidio, reportó El Espectador.
Pero estos son solo dos ejemplos de los escándalos que han rodeado al programa en el último año y que han cuestionado no solo la eficacia del mecanismo, sino la transparencia con la que actúa.
A mediados de 2014 estalló un escándalo de corrupción al interior de la UNP.
Para noviembre de 2014 su déficit se estimaba en 70.000 millones de pesos colombianos (más de US 23 millones de dólares) lo que ponía en riesgo la protección en ese entonces de más de 2000 personas de las cuales aproximadamente 100 eran periodistas. En el más reciente escándalo se habló de sobrecostos de más de 14.000 millones de pesos colombianos (menos de US 5 millones dólares), según informó la revista Semana. Las investigaciones por estos hechos, aún continúan.
Eliminar riesgos e investigar con rigor
Aunque los esquemas de seguridad son sin duda una herramienta efectiva para salvaguardar la vida de los periodistas, para Vaca la mejor medida de protección que se puede ofrecer es la eliminación del riesgo que llevó a adoptar en un primer momento dicho esquema de seguridad.
Un punto en el que todavía Colombia “está muy mal”, aseguró. Para ejemplificarlo, aseguró que sólo en los más de 400 casos de amenazas reportados el año pasado, solo se ha producido una condena, según consta en el informe publicado en febrero de este año.
“Cuando se presenta el riesgo para un periodista está bien que haya una medida de protección, pero esa medida debería ser temporal mientras se elimina el riesgo. El programa no está actuando para eliminarlo, y eso es parte del problema actual”.
Aunque no son muchos los casos, la FLIP registra algunos periodistas con esquemas de seguridad por más de 10 años, lo que no solo afecta el ejercicio de su profesión sino que es un costo elevado para el programa. Un esquema “duro” de protección (escoltas, carros blindados, armamento, etc.) puede llegar a costar hasta US 10.000 dólares mensuales, aseguró Vaca.
Pero para lograr aquella eliminación de riesgo se hace necesario una investigación rigurosa. La propuesta desde la FLIP es que el caso de un periodista tenga prioridad al momento de ser investigado.
“Buena parte de la corrupción en el presupuesto puede darse debido a una acumulación de protección histórica. Un riesgo que se mantiene por años y sobre el que no hay investigación”, dijo Vaca. “Nos hemos acostumbrado a que la prensa en Colombia esté custodiada y esto tampoco es bueno para la libertad de prensa”, concluyó.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
