Para los periodistas brasileños, poder preservar su identidad al solicitar datos públicos por medio de la Ley de Acceso a la Información (LAI) se ha vuelto más fácil recientemtente.
La semana pasada, el Ministerio de Transparencia y Contraloría General de la Unión (CGU) empezó a permitir que los ciudadanos puedan solicitar información de manera anónima a los órganos federales. Eso convirtió al país en uno de los siete países del mundo en proteger la identidad de los solicitantes, de acuerdo con un estudio de la Fundación Getúlio Vargas de Río de Janeiro (FGV-Rio).
Con esta nueva figura, el solicitante aún necesita ingresar sus datos personales al realizar un pedido a través de la LAI, pero la identidad solo es conocida por el CGU, según el diario Estadão. Eso significa que el servidor público a cargo de proveer la información no sabe quién hace la solicitud.
Aunque ese cambio es solo para instancias federales del gobierno, los periodistas que quieran mantener el anonimato al solicitar datos a organismos estatales y municipales, así como federales, también pueden recurrir a una nueva herramienta de Open Knowledge Brasil llamada Queremos Saber. El nombre es en honor al sitio de pedidos de información creado por el grupo Transparência Hacker en 2011, antes que la LAI entrara en vigor.
La plataforma funciona como un intermediario para hacer preguntas a órganos públicos. El usuario registra su pedido en el sitio, el cual es enviado al gobierno a nombre de Open Knowledge. Ninguna información personal queda registrada — el usuario queda solo como un número de registro que, posteriormente, le da acceso a la respuesta, como se explica en el sitio Queremos Saber.
Uno de los creadores de la herramienta, Vitor Baptista, reúne los pedidos, descarta aquellos que no encajan en el formato de la LAI y registra las preguntas en las agencias del gobierno. “Ese proceso es fácil de ser replicado en otros países, porque ese problema no es exclusivo de Brasil. Queremos Saber es un sistema muy simple, porque se hace de forma manual”, explicó Baptista al Centro Knight.
Para Luiz Fernando Toledo, reportero de Estado de S. Paulo especializado en la LAI, garantizar el anonimato de los solicitantes puede evitar el sesgo en las respuestas y, consecuentemente, mejorar la calidad del material enviado por los organismos públicos.
El año pasado, el periodista reveló que un jefe del gabinete de la prefectura de São Paulo dijo que complicaría las respuestas de los pedidos hechos por Toledo y por otros reporteros de TV Globo y Agora São Paulo. En el audio de una reunión, el funcionario público dijo querer hacer que los profesionales desistan de hacer reportajes que puedan ser negativos para el gobierno, complicando aún más la obtención de las respuestas a través de la LAI. Después de la revelación de esa grabación, el funcionario fue retirado del cargo. La prefectura dijo que no había irregularidades con la transparencia.
Según la ley de transparencia brasileña, los órganos públicos no deben tomar en cuenta el motivo o al autor de las solicitudes al producir las respuestas. “[En ese caso] mostramos que la prefectura tenía dificultades para cumplir con la legislación y eso continúa siendo un problema hasta hoy”, dijo Toledo al Centro Knight.
Un informe de la organización Artículo 19 publicado este año reunió 16 sucesos de intimidación judicial, presión psicológica, exposición de identidad, persecusión política y ocultamiento de información en solicitudes vía la LAI.
Por esas razones, proteger la privacidad de los ciudadanos que requieren información pública es una reivindicación importante para los defensores de la transparencia en Brasil, según los especialistas. El país ya había hecho un compromiso en ese aspecto en 2016, por medio de la iniciativa internacional Open Government Partnership (OGP).
El próximo paso para mejorar la transparencia en Brasil es extender la protección de la identidad de los solicitantes a otras esferas del poder público, dijo Toledo. “En el caso de los gobiernos locales, el obstáculo es muy grande. Primero porque muchos no tienen un canal de transparencia o tienen uno precario. Existen problemas aún más básicos que la protección de la identidad. Es justamente en esos casos que el problema es más grave”, afirmó.
Bautista destacó el hecho de que el sistema de pedidos de Queremos Saber no puede ser automatizado porque no existe una estandarización en la forma de registrar las preguntas por medio de la LAI entre las diferentes instancias del gobierno. “Antes, se aceptaba realizar los pedidos por email, lo que facilitaría la automatización. En otros países, es posible hacer preguntas de esa forma”, resaltó.
La manera en que el gobierno implementó el anonimato de los pedidos vía la LAI también es motivo de críticas. El hecho de que el CGU aún conozca la identidad de los solicitantes no garantiza la seguridad total del pedido, según Baptista. Los especialistas aún señalan la necesidad de que exista un órgano de control independiente para monitorear la calidad de las respuestas.
A pesar de estos factores, Baptista considera que, desde que la LAI fue aprobada en 2012, hubo una mejoría en la percepción del público sobre la importancia de la transparencia gubernamental. “Recuerdo que pedí una información y los servidores la imprimieron, sellaron, firmaron, digitalizaron y me la enviaron”, dijo. “Para mí, el mayor avance que tuvimos fue el cambio cultural entre los servidores públicos y los ciudadanos”, acotó.
Nota de la editora: La colaboradora del Centro Knight Alessandra Monnerat, quien escribió este artículo, también trabaja para el periódico O Estado de S. Paulo, citado en este texto.
