En la última década, el Grupo Jovem Pan se convirtió en el conglomerado de medios más grande en acoger y difundir ideas de la derecha radical en Brasil. Tesis anticientíficas sobre las vacunas, ataques sin pruebas a la imparcialidad del proceso electoral, alusiones a una supuesta pretensión dictatorial de los políticos progresistas: no faltó espacio para teorías de conspiración en la programación de la radio, que en 2014 adoptó un sesgo abiertamente ultraconservador, logrando así un gran éxito e incluso consiguiendo abrir su propio canal en la televisión por cable en 2021.
Fundado en 1944, el grupo se enfrenta ahora al mayor desafío legal de su historia, con la petición del Ministerio Público Federal (MPF) de São Paulo de cancelar los derechos de emisión de sus tres emisoras, así como el pago de una indemnización multimillonaria al Estado y la obligación de emitir en su parrilla contenidos sobre la integridad del proceso electoral brasileño.
Sin precedentes desde la redemocratización en 1988, la demanda, que aún no ha sido procesada, acusa a la emisora de difundir “reiteradamente contenidos que desacreditaban, sin pruebas, el proceso electoral de 2022, atacaban a las autoridades e instituciones de la República, incitaban a la desobediencia de leyes y decisiones judiciales, propugnaban la intervención de las Fuerzas Armadas sobre los Poderes civiles constituidos e incitaban a la población a subvertir el orden político y social”.
Actual logotipo de Jovem Pan.
En un editorial publicado el mismo día en que se anunció la demanda, Jovem Pan se declaró víctima de un intento de intimidación y censura por parte del Ministerio Público. La libertad de prensa, afirma Jovem Pan, está garantizada por la Constitución brasileña, por lo que la petición de revocación de los derechos de emisión es también un atentado contra el Estado democrático. “No importa si es de izquierda, derecha, centro o apolítico, defender el cierre de un medio de prensa es un atentado contra la democracia”, dijo Jovem Pan.
Expertos en censura y libertad de expresión escuchados por LatAm Journalism Review (LJR) explican los motivos de la demanda. Según ellos, la petición del MPF sí es compatible con la legislación brasileña, que establece una serie de requisitos para garantizar el derecho de emisión que Jovem Pan podría haber violado. Aunque entienden que la Justicia, que ha actuado enérgicamente para combatir la desinformación en Brasil, a veces puede ir demasiado lejos, no es el caso esta vez, ya que la legislación brasileña es clara al respecto, afirman. Además, la demanda también expone lo anticuado del marco regulador de las normas de radiodifusión en Brasil, de 1962.
Con 215 páginas, la demanda presentada al Tribunal Federal por el MPF pretende “responsabilizar a Jovem Pan por la difusión sistemática y multifacética, al menos entre el 1 de enero de 2022 y el 8 de enero de 2023, de contenidos desinformativos sobre el funcionamiento de las instituciones públicas nacionales, contextualmente vinculados a contenidos que incitan a la violencia y a la ruptura del régimen democrático brasileño”.
Aunque destacan que “son plenamente conscientes del valor fundamental de la libertad de expresión, periodismo y radiodifusión en Brasil, especialmente teniendo en cuenta nuestra trágica historia, aún reciente, de dictaduras y gobiernos autoritarios”, los fiscales Yuri Corrêa da Luz y Ana Leticia Absy, responsables de la acusación, consideran que hubo abuso de esta prerrogativa.
Los fiscales recuerdan que el servicio de radiodifusión en Brasil depende de concesiones públicas, por lo que está sujeto a un régimen jurídico marcado por límites más estrictos que los vigentes para otros productores y difusores de contenidos, como los de, por ejemplo, publicaciones impresas o internet. Al depender de un espectro limitado de ondas electromagnéticas, la radio sólo puede ser explotada bajo gestión estatal, estando sometida a una evaluación más estricta que otros medios de comunicación, que pueden ser utilizados por un número indefinido de actores.
Según la acusación, las conductas de la radio “tenían potencial real para incitar a actos violentos y a la ruptura democrática”, citando como ejemplo el intento de golpe de Estado del 8 de enero, cuando partidarios del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y vandalizaron la sede de los tres Poderes en Brasilia.
Un largo trecho de la acusación, de casi 150 páginas, está dedicado a describir y examinar conductas presuntamente ilícitas de Jovem Pan. El grupo reproduce la programación de la propia emisora en su canal de YouTube, por lo que los fiscales pudieron acceder fácilmente a la programación, centrándose en cuatro programas de gran éxito, “Os Pingos nos Is”, “3 em 1”, “Morning Show” y “Linha de Frente”.
Anuncio del programa “Os pingos nos Is”, uno de los mayores éxitos de Jovem Pan, del día 11 de enero de 2021. (Foto: Cortesía)
Jovem Pan ha adoptado un modelo de periodismo muy marcado por el análisis y el comentario político. En general, un presentador hace una breve presentación de una noticia, y después el tema pasa a los analistas, que son los verdaderos protagonistas de los programas.
Según la acusación, estos comentaristas, aunque sean expertos en la materia, sistemáticamente “transmiten discursos perentorios, capaces de minar la confianza de las personas en la higiene del proceso electoral en curso y de alimentar la sensación de que viviríamos en una anomia, citándose diariamente, sin justificación alguna, 'ilegalidades' e 'inconstitucionalidades' supuestamente practicadas por diversas autoridades brasileñas”.
Las decenas de acusaciones enumeradas por el MPF se dividen en cuatro categorías: 1) difusión de contenidos desinformativos sobre la fluidez de los procesos democráticos que tienen lugar en el país y sobre el funcionamiento de los poderes constituidos; 2) difusión de contenidos que incitan a la desobediencia de la legislación y de las decisiones judiciales por parte de la población en general y de las fuerzas policiales; 3) difusión de contenidos que incitan a la rebelión, a la indisciplina y a la intervención de las Fuerzas Armadas brasileñas sobre las instituciones y poderes civiles constituidos: 4) difusión de contenidos que incentivan y legitiman la subversión del orden político y social y las manifestaciones ilegales.
Innumerables comentaristas citados en la demanda insistieron en que no hay transparencia ni fiabilidad en el proceso electoral brasileño. Algunos casos enumerados por el MPF llaman más la atención. Por ejemplo, el comentarista Caio Mastrodomênico - cuya formación es en odontología - dijo sin ninguna prueba el 10 de noviembre de 2022 que todos los países que, como Brasil, utilizan urnas electrónicas, “terminan exactamente con este resultado”, en relación a los números de la elección presidencial realizada 10 días antes.
Varios comentaristas abogan por una insubordinación a las órdenes judiciales y piden más o menos explícitamente una intervención militar o una revolución en el país. El propio Mastrodomênico declaró el 2 de diciembre que “la única forma de restablecer el orden es a través del caos”.
Otro comentarista, Fernão Lara Mesquita, afirmó al aire que, al reconocer el resultado electoral, el Poder Judicial brasileño sólo estaba dejando abierto “para los sin voz el camino de la violencia, el camino de los golpes, de la huelga, del bloqueo, de lo que sea (...) Están desmoralizando la propia democracia y echando gasolina al fuego de la inseguridad nacional, están cerrando las salidas institucionales de las crisis y dejando abiertas sólo las puertas de la violencia”.
Paulo Figueiredo, una de las voces más agresivas, llegó a proponer una “guerra civil” como alternativa al supuesto impasse institucional. “O aceptamos unas elecciones sin transparencia, sin legitimidad, sin la confianza de la población, o aceptamos todo esto, y agachamos la cabeza, o tendremos guerra civil”, dijo al día siguiente de las elecciones, antes de concluir: “¡Entonces que haya guerra civil! ¿Qué clase de laxitud es esta?”.
Paulo Figueiredo, una de las voces más influyentes y agresivas que pidieron una intervención militar en Jovem Pan, según el MPF. (Foto: Captura de pantalla de Jovem Pan News)
Haciendo un llamamiento a la intervención militar, el mismo comentarista dijo el 22 de diciembre de 2022: “Ustedes [las Fuerzas Armadas] van a defender a la patria, y va a haber una reacción de los vagos. ¡Eh, [mátenlos]! Están entrenados para ello”.
Por varias declaraciones como estas, el MPF considera que Jovem Pan violó el artículo 53 del Código Brasileño de Radiodifusión de 1962. Este artículo establece que es un abuso utilizar la radio para, entre otras cosas, “incitar a la desobediencia de las leyes o de las decisiones judiciales"; “hacer propaganda de guerra o de procesos de subversión del orden político y social”; “incitar a la rebelión o a la indisciplina en las Fuerzas Armadas o en las organizaciones de seguridad pública”; “difundir noticias falsas, con peligro para el orden público, económico y social”; y “colaborar en la práctica de rebeliones, desórdenes o manifestaciones prohibidas”.
Según el MPF, la acción legal “no se dirige contra los discursos que legítimamente forman parte de la disidencia política e ideológica ordinaria de las sociedades plurales, sino que busca la debida responsabilización de quienes, practicando graves actos ilegales, abusaron de las subvenciones de servicio público y desvirtuaron los principios y fines sociales que les dan sustento”.
El MPF pide la revocación de las licencias de únicamente las tres emisoras de radio propiedad de Jovem Pan en São Paulo y Brasilia, pero no incluye el canal de televisión de paga ni el canal de YouTube. La solicitud sólo se refiere a las emisoras de radio “porque la radiodifusión es un servicio público, concedido o permitido por la Unión a los particulares interesados en explorarlo”, dice el MPF. El contenido de las emisoras se reproduce a nivel nacional en 103 empresas que actúan como sus filiales.
Además de la revocación, el MPF pide que Jovem Pan sea condenada a pagar 13.4 millones de reales [cerca de US $2.75 millones] como indemnización por daños morales colectivos, y que el Tribunal Federal obligue a la emisora a difundir, al menos 15 veces al día entre las 6:00 am y las 9:00 pm durante cuatro meses, mensajes de dos a tres minutos con informaciones oficiales sobre la fiabilidad del proceso electoral.
Buscados por LJR, ni el MPF ni Jovem Pan quisieron hablar. La defensa de la radio se dio principalmente el mismo día del anuncio del proceso a través de un editorial titulado “Ataque a la democracia”.
En cuatro párrafos, el texto dice que el grupo es atacado por defender posiciones conservadoras. “Jovem Pan se atrevió a hacer evidentes sus principios conservadores y, por eso, es atacada. Jovem Pan se atrevió a cuestionar, criticar y demostrar que no existe una sola cosmovisión y, por lo tanto, es atacada. Jovem Pan se atrevió a convertirse en la voz de millones de brasileños y, por eso, es atacada”, dice el editorial.
El texto recuerda que “la libertad de prensa está protegida por la Constitución – la misma Carta que, por cierto, garantiza a los ciudadanos el derecho a cuestionar, criticar, pensar y expresar libremente sus ideas”. Según el grupo, “precisamente por ejercer este rol y por dar voz a las ideas de una parte importante de la población, Jovem Pan ha sido sistemáticamente perseguida. Una empresa cuya idoneidad es incuestionable, una emisora cuyos servicios prestados a la sociedad brasileña llenan páginas y más páginas de la historia brasileña está siendo atacada, precisamente por atreverse a ser lo que se espera: libre, independiente, diversa y crítica”.
Según Jovem Pan, lo que está en juego en este proceso “es tu derecho a cuestionar y a tener un medio de prensa que represente lo que piensas y que respete la pluralidad de ideas y lo contradictorio. Se trata de vivir en un país que no utiliza la democracia como instrumento para la supresión de los derechos ciudadanos”.
Finalmente, la radio dice que “no es aceptable que la sociedad brasileña apoye a grupos criminales que operan en la sombra, escondidos detrás de avatares en redes sociales, para hacer terrorismo con empresas para promover el estrangulamiento financiero de un grupo mediático. Menos aceptable aún es que representantes del Estado se sumen a este movimiento utilizando narrativas falaces y sesgadas para legitimar el asesinato de la reputación de una empresa que siempre ha asumido todas sus responsabilidades. Jovem Pan nunca se ha desviado de su compromiso con Brasil y los brasileños. Y no lo hará ahora. No debe desviarse de su compromiso con su ciudadanía”.
Además del editorial, Jovem Pan ha ventilado la opinión de juristas conservadores, quienes dicen que el proceso viola el derecho a la libertad de expresión expresado en la Constitución, sin, no obstante, discutir las limitaciones que existen en el marco relativo al derecho de radiodifusión.
El 3 de julio, por ejemplo, la emisora emitió un debate en el que sólo participaron voces en su defensa. En ese momento, el conocido jurista conservador Ives Gandra llamó al proceso “censura”. “El pulmón de la sociedad tiene que ser la prensa. En el momento actual que estamos viviendo, después de una lucha de redemocratización, hoy hay un comando de lo que es democrático y lo que no lo es. Lo que puedes decir y lo que no. Esto trae el peligro de poder tener un debate amplio, con ambas tanto la situación como la oposición. La libertad de expresión está siendo socavada”, afirmó.
El experto en derecho conservador brasileño Ives Gandra, una de las voces en defensa de Jovem Pan. "La democracia no debe tener censura", dice el texto en pantalla. (Foto: Captura de pantalla de Jovem Pan News)
El exministro de Trabajo Almir Pazzianotto estuvo de acuerdo con su colega. “Estamos viviendo una amenaza directa al régimen democrático y a un órgano de prensa libre. Espero que estén prestando atención al riesgo que corremos de retroceder. Sin prensa libre no hay régimen democrático”, dijo.
Esa fue también la posición del jurista y político conservador (del partido União Brasil) Fernando Capez. “Usted está usando la narrativa de defender la democracia para atacarla. La libre expresión del pensamiento y la actividad intelectual de la comunicación no pueden ser limitadas por ningún tipo de interpretación”, afirmó en el debate.
En un comunicado, la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (Abert), que representa a dichas emisoras, dijo que considera “muy preocupante” la acción civil pública iniciada por el MPF. “La cancelación de una licencia de radiodifusión es una medida extrema y grave, sin precedentes en nuestro Estado Democrático de Derecho. La libertad de programación de los radiodifusores es fundamental para el libre ejercicio del periodismo y para la existencia del pluralismo de opinión, que debe preservarse siempre”, dijo.
A pesar de los ataques al proceso, tres especialistas independientes en libertad de expresión y censura consultados por la LJR afirmaron que la acción del MPF está bien fundada y que la ley brasileña prohíbe la difusión sistemática de contenidos como por los que Jovem Pan está siendo procesada.
El especialista en libertad de expresión en internet y profesor de Derecho Ivar Hartmann afirmó que “entre las respuestas que las instituciones brasileñas han dado a la difusión desenfrenada de desinformación en los últimos dos años, esta es una de las que está mejor respaldada por la legislación”.
Hartmann dice que ve problemas en otras acciones de la justicia brasileña para combatir la desinformación, citando como ejemplo cuestionable las decisiones del Tribunal Superior Electoral (TSE) que ordenaron que Jovem Pan necesitaba dar el derecho de réplica al entonces candidato Luiz Inácio Lula da Silva durante las elecciones del año pasado. Según el experto, los mismos problemas no son válidos en la situación actual.
“Esta acción contra Jovem Pan es una de las que mejor se enmarcan dentro de hipótesis que la legislación claramente ha previsto desde hace mucho tiempo. Si ha habido algún caso [legítimo] de revocación de una licencia de radio en los últimos años, claramente es este. Este es uno de los casos más fáciles de hacer. Así que creo que es bienvenido”.
Aunque el fundamento principal del proceso, el Código de Radiodifusión Brasileño – que entró en vigor dos años antes del establecimiento de la dictadura en Brasil en 1964 – está desactualizado y tiene artículos que incluso son inconstitucionales, algunas acusaciones contra Jovem Pan, como “inculcar rebelión o indisciplina en las Fuerzas Armadas” realmente son constitucionales “y están muy bien enmarcadas”, dijo Hartmann.
“Esta hipótesis no sólo es compatible con la Constitución, sino que encaja con lo que escuchamos en varios programas informativos de Jovem Pan”, aseguró.
La historiadora Beatriz Kushnir, especialista en la relación entre censura y libertad de prensa, afirmó que “el rigor de la ley es importante para que la gente entienda la responsabilidad que tiene al recibir una concesión pública”.
Kushnir dijo a LJR que Jovem Pan disfruta de “una concesión pública, que se puede dar y retirar. Y no es el propio gobierno, el Ejecutivo, el que está actuando. Quien interpone la acción es el sistema de Justicia, que es independiente, y está demostrando que Jovem Pan no está logrando cumplir la función pública de una radio”.
La investigadora elogia la forma en que se formuló la solicitud de sanción, incluyendo la disposición de que el contenido permanezca en internet para el acceso de académicos, y agrega que el proceso “no es censura, sino que es una forma legítima y reglamentaria del Estado en decir que hay límites sobre cómo se puede usar la libertad de expresión. No existe el derecho a distribuir sistemáticamente información falsa”.
Luãn Chagas, profesor de Comunicación Social de la Universidad Federal de Mato Grosso, estudia desde hace varios años la programación de Jovem Pan. El investigador afirma que la radio “viola totalmente el Código Brasileño de Radiodifusión cuando privilegia la desinformación a favor de una línea ideológica. Ella infringe toda legislación, infringe todas las normas de conducta o códigos deontológicos del ámbito en el que actúa”.
Chagas dice que las posiciones defendidas por Jovem Pan “no solo eran agresivas, sino que predicaban contra el sistema electoral brasileño sin pruebas y defendían abiertamente una intervención militar. Esto está más allá del alcance de lo que está dentro del proceso de libertad de expresión. En este caso, hay un delito contra el régimen democrático”.
Para el investigador, el caso es importante para incentivar una discusión sobre los marcos regulatorios de la comunicación en Brasil. Señala que no se sabe quién posee alrededor de 10.000 concesiones de radio en todo el país, y cita una encuesta de 2017 que encontró que más del 70% de las estaciones de radio brasileñas están en manos de grupos políticos. El investigador afirma que no solo es necesario actualizar el Código de Radiodifusión, sino que también es urgente el debate sobre la regulación de las plataformas digitales.
“Necesitamos tener una normativa que prevea algún tipo de sanción cuando se compruebe que hay agentes que difunden desinformación e información indiscutiblemente falsa. Puede parecer una cosa muy estatista, pero, en una sociedad, eso hay que regularlo”, dijo Chagas. “Es inaceptable en una democracia reciente como la nuestra que se produzcan sucesivos ataques a la propia democracia sin ningún tipo de regulación”.
(Foto del banner: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
