El tráfico masivo de oro en Sudamérica está afectando ecosistemas y comunidades indígenas. Empresas fantasmas en Ecuador que exportan millones en oro, tráfico ilegal en tierras indígenas de la Amazonía brasileña, extracción sin regulación de autoridades en Venezuela y en Colombia son algunos de los mecanismos que alimentan una red transnacional de minería ilegal, marcada por la corrupción, la violencia y la destrucción ambiental.
Esto reveló Dorada Opacidad, una investigación transfronteriza liderada por el medio Convoca en Perú con la colaboración de periodistas y editores de Repórter de Brasil, Plan V de Ecuador; Consejo de Redacción y Rutas del Conflicto de Colombia; Armando.Info y la Alianza Rebelde Investiga (ARI), formada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, de Venezuela.
Durante 11 meses, cerca de 20 periodistas y editores latinoamericanos identificaron rutas de tráfico de oro, empresas involucradas y negligencia estatal mediante bases de datos, análisis de documentos y trabajo de campo en zonas amazónicas, andinas y costeras.
“Investigar a las redes ilegales y las malas prácticas del poder económico y político requiere de periodistas valientes, sólidos en su metodología, hábiles para aprender en forma rápida sobre un tema de interés público y humildes para colaborar entre sí en contextos difíciles y complejos”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Milagros Salazar, directora de Convoca y coordinadora de Dorada Opacidad.
“En tiempos desafiantes el periodismo colaborativo es un excelente camino de oportunidades”, agregó.
Esta apuesta de colaboración les valió el Premio Internacional Rey de España de Periodismo 2025 en la categoría de Periodismo Narrativo, superando a 112 postulaciones de toda la región. El jurado de los premios valoró la investigación como “un trabajo de excelencia fuera de lo común” y una “pieza que rompe moldes periodísticos”.
Uno de los mayores desafíos de esta investigación trasfonteriza fue la seguridad de los periodistas.
Por ejemplo, en Colombia, la investigación se centró en el departamento de Antioquia, zona de donde se extrae al menos un cuarto del oro que se exporta en ese país. El lugar se caracteriza por una alta conflictividad debido a la presencia de grupos paramilitares.
Dorada Opacidad es una investigación transfronteriza liderada por el medio de comunicación Convoca en Perú, en colaboración con periodistas y editores de Repórter Brasil, Plan V en Ecuador, Consejo de Redacción y Rutas del Conflicto en Colombia, y Armando.Info y la Alianza Rebelde Investiga (ARI) en Venezuela. (Foto: Cortesía)
“Sabemos que es una región peligrosa, pero entendíamos que con los debidos protocolos podíamos hacerlo bien”, dijo a LJR Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto.
Algunas de las medidas que tomaron fue visitar el lugar por periodos de tiempo cortos, contratar a un conocedor de la zona que pudiera guiar a los reporteros y coordinar entrevistas con anticipación, y contar con un padrino de viaje en Bogotá que monitoreara el recorrido del reportero y estuviese en constante coordinación con el equipo de Convoca.
En los demás países, Ecuador, Perú y Venezuela, también se siguió el mismo patrón. Trabajaron con protocolos de seguridad y un plan de viaje antes de entrar al territorio.
“En el caso de Perú, hicimos una planificación muy detallada de intervención en el terreno, nuestro objetivo era seguir a los cargamentos de oro que salían de zonas informales o ilegales y que entraban a plantas procesadoras de oro como Laytaruma”, dijo Salazar.
“Hicimos un seguimiento vía drones de los camiones mientras otro periodista en la oficina recibía la información de las placas para ir corroborando quiénes eran los dueños de los vehículos, si tenían permisos, antecedentes, etc.”, agregó.
Otras medidas que se tomaron es que algunos de los reportajes no fueron firmados por los reporteros encargados de la investigación, sino por los editores. Esto como una manera de proteger la identidad de los periodistas en el terreno y evitar posibles represalias.
“Otra medida que tomamos es que para las entrevistas posteriores a la publicación de la investigación, los voceros somos los editores y directores de los medios”, dijo a LJR Juan Carlos Calderón, editor jefe de Plan V. “El proceso de edición también fue clave para no dejar cabos sueltos ni cometer errores y evitar así que haya después un tema judicial”.
Según dijo Calderón, el proceso de edición tomó un aproximado de cuatro meses y conllevó una verificación de datos rigurosa. No solamente cada medio hacía su propia edición sino que había una edición externa por parte de Convoca, quienes lideraron el proyecto.
“En estos temas es muy importante que un ojo fuera del Ecuador nos esté viendo y haga las preguntas pertinentes”, dijo Calderón. “Hay cosas que parecen obvias desde adentro pero no lo son”.
El proyecto de Dorada Opacidad fue financiado por la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés).
Parte del equipo de Dorada Opacidad durante el IV Encuentro Latinoamericano de Periodismo de Investigación sobre Corrupción y Redes Criminales (ELPIC). (Foto: Cortesía)
Esta fundación estadounidense ha apoyado a varias iniciativas del periodismo independiente en América Latina. Sin embargo, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para congelar la ayuda al extranjero, la continuidad de esta y otras iniciativas periodísticas se vieron afectadas.
“La investigación Dorada Opacidad continuará porque es necesaria para los ciudadanos”, dijo Salazar. “Ya antes el periodismo ha logrado salir adelante en contextos de crisis. Cada vez que hay un desafío hay también una oportunidad”.
Por ejemplo, Plan V, con la colaboración de Convoca y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), ha continuado con las investigaciones de las exportaciones de oro en Ecuador.
El pasado 20 de enero, el equipo periodístico descubrió que este tipo de exportaciones no sólo las realizan empresas sino también personas.
“Seguimos ampliando el tema porque seguimos ampliando la base de datos sobre exportaciones de oro, empresas registradas, concesiones, permisos, ubicación de las minas, etc.”, dijo Calderón. “Al seguir ampliando y revisando la base nos dimos cuenta que lo que habíamos encontrado al principio era solo la punta del iceberg”.
