“El pasado 12 de mayo, PROJUC [Proyecto Justicia Común] y ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica promovimos una demanda de amparo indirecto contra diversas disposiciones de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada tras su aprobación por el Congreso el 20 de marzo de 2025. El 15 de mayo, un Juzgado de Distrito en la Ciudad de México admitió a trámite dicha demanda […].
La demanda de amparo combate disposiciones que, en conjunto, regresan el estándar de protección del derecho de acceso a la información a niveles previos a la reforma constitucional de 2014, debilitando principios como la máxima publicidad, la transparencia activa, la rendición de cuentas y el acceso efectivo a la justicia.
[…]
Estas disposiciones no solo vulneran la Constitución, sino también los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano, particularmente aquellos que garantizan el derecho a la información, la libertad de expresión, la participación ciudadana y la protección judicial efectiva”.
