“La FLIP celebra la decisión, de segunda instancia, del Tribunal Administrativo de Antioquia que declara la responsabilidad del Estado en el caso del homicidio del periodista Edison Molina. Esta decisión se tomó con base en la posición absolutamente pasiva que adoptó el Estado frente a la situación de peligro a la que se enfrentaba el comunicador; además, reconoce la relación del crimen con las denuncias periodísticas que hacía Molina. […]
Molina fue asesinado el 11 de septiembre del 2013 en Puerto Berrío, Antioquia. Meses antes del homicidio el periodista le había reportado a la Fiscalía las amenazas y agresiones de las que estaba siendo víctima. Sin embargo, esta entidad se limitó únicamente a ordenar que la Policía hiciera rondas de patrullaje. […] La Fiscalía tampoco realizó una investigación diligente para encontrar a los autores de las amenazas ni remitió el caso a la Unidad Nacional de Protección. Para el Tribunal, las medidas tomadas ‘evidentemente no se compadecían con la situación de seguridad’ del comunicador”.
