“Desde hace 6 meses la Unidad Nacional de Protección (UNP) niega el acceso a la información a la familia del periodista Rafael Moreno, asesinado en octubre del año pasado en Montelíbano, Córdoba. La familia busca acceder a los documentos del trámite de protección individual y la valoración de riesgo, así como la implementación del esquema que el periodista tenía al momento de ser asesinado. Este viernes, la Corte Constitucional estudiará si selecciona este caso para revisión, lo cual implica que se analice el caso y que sea este Tribunal quien tome una decisión de fondo.
Antes de su asesinato, Moreno había denunciado ante la Fiscalía General de la Nación y la UNP una serie de amenazas de muerte de las que había sido víctima desde 2019. Precisamente, por este motivo, la familia busca acceder a información clave para garantizar su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral de la familia. Esto ya que se han evidenciado fallas en el trámite de protección adelantado por la UNP”.
