El Congreso de Tabasco, un estado al sureste de México, aprobó una ley para castigar con hasta seis años de prisión a quienes difundan alarmas falsas que provoquen pánico y caos social a través de llamadas telefónicas o redes sociales.
El actual senador y ex presidente brasileño Fernando Collor de Melo defendió el que se mantengan en reserva eterna los documentos considerados “ultrasecretos” en un reporte que plantea enmiendas al proyecto de ley de acceso a informaciones públicas, informó el diario Folha de S. Paulo.
El ministro de Comunicaciones de Brasil, Paulo Bernardo, afirmó que el texto con el marco civil para internet está listo y será enviado en breve al Congreso, informó el diario Folha de S. Paulo.
Activistas y líderes de organizaciones de periodistas propusieron a los diputados del Estado de México, al centro de este país, crear una ley que proteja a los periodistas, reportó el diario El Universal.
El Foro de Derecho de Acceso a las Informaciones Públicas envió una carta a la presidenta Dilma Rousseff en la que pide que el proceso de votación del proyecto de ley sobre la materia en trámite en el Senado.
El Presidente Evo Morales promulgó la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación.
El proyecto de ley 84/99, que tramita el congreso brasileño con carácter de urgencia, limitará significativamente la libertad de los usuarios de internet, además de amenazar su privacidad, advirtió el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor.
El Senado de Bolivia aprobó la noche del jueves 28 de julio el controvertido proyecto de la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, la cual otorga al estado mayor control de los medios electrónicos, informó la prensa local.
El presidente del Senado en Brasil, José Sarney, ordenó archivar la solicitud de advertencia y censura contra el senador Roberto Requião, quien arrebató una grabadora de las manos de un reportero, luego confiscó la cinta y amenazó con golpear al profesional durante una entrevista en abril pasado, reportó G1.
Una propuesta en trámite en la Cámara de Diputados de Brasil pretende obligar a las empresas periodísticas a contratar un seguro de vida para periodistas transferidos a áreas en conflicto, con pólizas relativas a riesgos de muerte e invalidez, informó la Agência Câmara.