Aunque México es conocido como uno de los países del mundo más letales para periodistas, las amenazas contra los profesionales de la prensa en el país no son solo físicas. En muchos casos, los enemigos de la libertad de expresión y de la prensa no recurren a las armas sino a los tribunales, en la tentativa de silenciar la cobertura periodística que va en contra de sus intereses.
El proyecto “Soy Periodista, No Criminal”, de la organización mexicana CIC Propuesta Cívica, busca dar visibilidad a la criminalización y al asedio judicial contra periodistas como una forma de agresión a la libertad de expresión en el país.
La organización ofrece representación legal a defensores de derechos humanos y a periodistas amenazados en México. Vanessa Carrillo, coordinadora de investigaciones de CIC Propuesta Cívica, dijo al Centro Knight que desde 2015, la organización viene observando un aumento de los casos en los que identifica “el uso indebido del derecho para agredir y obstaculizar el ejercicio periodístico, principalmente en contextos donde mujeres y hombres periodistas se encontraban cubriendo jornadas electorales, protestas sociales o investigando actos de corrupción”.
“A través de demandas por daño moral o acusaciones por delitos de compra de votos; privación ilegal de la libertad; motín; supuestos vínculos con el crimen organizado o ataques al orden o a la paz pública; mujeres y hombres periodistas fueron sometidos a largos y desgastantes procesos jurídicos cuyas sanciones van desde el pago de multas exorbitantes hasta la cárcel”, afirmó Carrillo.
En la página del proyecto, la organización publicó videos con historias de algunos periodistas a los que apoyó, los cuales fueron criminalizados o perseguidos judicialmente por hacer su trabajo. Roxana Romero García es una de las periodistas destacadas. Ella trabajaba como reportera en el diario Vanguardia, en Saltillo, estado de Coahuila, cuando en febrero de 2016 publicó una investigación sobre presuntas irregularidades en la aprobación de la pensión del exgobernador Humberto Moreira después de que él trabajara en el sector Educación del estado.
Segundo CIC Propuesta Cívica, Moreira no utilizó su derecho a réplica sino que denunció a Romero García y al diario pidiendo una indemnización por daños morales. En el video, la periodista dijo que sintió miedo y que llegó a pensar que, cuando acabara el proceso, ella dejaría de trabajar como reportera.
“Pero luego me puse a reflexionar y dije: ‘Sí me está demandando, es por algo, es porque hice bien mi trabajo, porque eso no le gustó’. A partir de ahí, cambié totalmente mi visión del periodismo, mis planes, los planes que yo tenía para mí. A partir de esa demanda me enamoré del periodismo y del periodismo de investigación”, contó.
Carrillo dijo que el caso sigue en los tribunales.
En otro caso, las periodistas Claudia García Fregoso y Teresa Cárdenas García fueron acusadas de comprar votos tras ser detenidas por policías municipales cuando cubrían una elección en Ixtapaluca, en el estado de México, en junio de 2015. Ellas dijeron que presenciaron agresiones de los oficiales contra un grupo de mujeres en plena calle, por lo que fueron golpeadas y detenidas cuando registraban lo sucedido. Luego de su liberación, se les informó que habían sido acusadas por el delito de compra de votos, el cual tiene una pena de hasta tres años en prisión. Según Carrillo, el juicio penal no procedió. Sin embargo, se sigue debatiendo quién tiene la jurisdicción para emitir las órdenes de detención.
Carrillo dijo que Propuesta Cívica reconoció “el alto costo económico, físico y emocional que implica atravesar por este tipo de procesos, situación que se complica frente a las condiciones laborales y salariales de los periodistas que no dan para contratar servicios profesionales”. “La defensa legal de las y los periodistas requiere de personas especializadas, ya que no se pueden llevar a cabo a través de lógicas simples de abogacía”, señaló.
La página del proyecto también resalta las campañas de difamación y estigmatización contra periodistas como amenazas a la libertad de expresión, por intentar impedir que los profesionales hagan su trabajo. Recientemente, las redes sociales se han vuelto un terreno propicio para la persecusión de periodistas, con la utilización de bots, trolls y memes para perjudicar la imagen pública de los profesionales.
Además de los videos y del sitio, CIC Propuesta Cívica publicó un libro digital con las historias de los periodistas, artículos sobre el problema y recomendaciones a las autoridades mexicanas con base en lo recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema.
Una de las principales reivindicaciones es la despenalización de delitos contra la honra, figura legal que comprende acusaciones por difamación, calumnia e injuria. De acuerdo con la organización, la penalización de delitos contra la honra sigue vigente en diez estados del país.
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