La periodista mexicana Miroslava Breach fue asesinada a causa de sus investigaciones periodísticas, según lo dictaminó el juez federal Nelson Pedraza que emitió el 21 de agosto una sentencia de 50 años de prisión para uno de los coautores materiales del asesinato, Juan Carlos Moreno Ochoa.
Miroslava Breach. (Foto: Facebook)
Este fallo judicial es emblemático, señaló la organización internacional Reporteros Sin Fronteras y la organización mexicana Propuesta Cívica, que lleva la defensa legal de la familia de Breach, por ser el primer juicio del homicidio de una periodista mujer litigado en instancias federales que obtuvo una sentencia en México.
“La sentencia contra Juan Carlos Moreno Ochoa, conocido como ‘El Larry’, y que es conocido en la región como el jefe de sicarios del grupo de los Salazar, representó un paso firme en este país en donde hay una impunidad de 99.97% en homicidios contra periodistas”, dijo la periodista mexicana, amiga y colega de Breach, Patricia Mayorga a LatAm Journalism Review. “Pero estamos hablando de solo una persona en la estructura delictiva que evidentemente estuvo detrás del homicidio de Miroslava, y que la estructura sigue intacta, y falta bastante camino por recorrer”, agregó.
Tras casi tres años de haberse iniciado el juicio por el asesinato de Breach, Moreno Ochoa fue declarado culpable el 18 de marzo y sentenciado en agosto de 2020. Existe otra orden de aprehensión en este proceso judicial, contra Jaciel Vega Villa, señalado como otro de los autores materiales y que está prófugo de la justicia.
Breach fue asesinada en su ciudad natal, Chihuahua, luego de recibir 8 impactos de bala mortales en la mañana del 23 de marzo de 2017. Ella esperaba dentro de su camioneta a su hijo menor para llevarlo a la escuela.
Ante el desamparo de las autoridades y la falta de la consciencia colectiva de la sociedad mexicana sobre la importancia del periodismo de investigación en el país, señaló Mayorga, el apoyo y solidaridad del gremio de periodistas mexicanos y de las organizaciones internacionales han sido muy importantes en los primeros avances y resoluciones del juicio por el asesinato de Breach.
“Creo que este acompañamiento externo nos ayuda a detenernos un poco para tener estrategia y para avanzar con más claridad… Esto es ya no sentirse solo en el reportear, en tu trabajo acá desde tu rincón de provincia, que es lo que vivimos pues no solo Miroslava o yo, sino miles de periodistas en el país, y eso te da mucha fortaleza”, dijo Mayorga.
Proyecto Miroslava y el Colectivo 23 de Marzo
A partir del asesinato de Breach, y de las irregularidades y retrasos en la investigación judicial de su muerte, surgió el Proyecto Miroslava, una iniciativa mexicana de periodistas investigativos anónimos que formaron el Colectivo 23 de Marzo, y que cuenta con el apoyo de organizaciones internacionales como Forbidden Stories, Bellingcat y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLiP).
Colectivo 23 de Marzo de México. (Captura de pantalla)
“Las pistas del asesinato de Miroslava Breach que no fueron investigadas”, “Cinco muertes sospechosas vinculadas con el asesinato de Miroslava Breach”, “La periodista que no quiso ser cómplice del silencio” son los tres reportajes de investigación publicados hasta la fecha por el Proyecto Miroslava, sobre los cabos sueltos y deficiencias de la investigación del caso por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y de la Fiscalía General de la República.
Estos reportajes, que fueron publicados simultáneamente el 4 de septiembre de 2019 por más de 20 medios de comunicación en México, pusieron una gran presión en las autoridades, dijo a LJR la periodista colombiana María Teresa Ronderos, cofundadora y directora del CLIP. “Además, le sirvió a los organismos internacionales que fueron en misión de libertad de expresión, semanas después de nuestra publicación, como insumo para reclamar al gobierno mexicano mayores resultados en la investigación de crímenes contra periodistas”, dijo Ronderos.
Originalmente la Fiscalía señaló como autor intelectual a Moreno Ochoa, pero, comentó Ronderos, la investigación colectiva ha demostrado que esa tesis tenía muchos cabos sueltos. “En el juicio, la Fiscalía ya lo catalogó como coautor material. Y el juicio ratificó lo que había dicho la investigación [del Proyecto Miroslava], que había políticos implicados”, señaló.
La periodista mexicana Marcela Turati, colega de Breach y también nacida en Chihuahua, dijo a LJR que hasta que no vean enjuiciados y sentenciados en la cárcel, a quienes tuvieron participación y planearon la muerte de Breach, los periodistas mexicanos no se sentirán tranquilos ni orgullosos de esta sentencia.
Turati, fundadora de la red Periodistas de Pie y del portal investigativo y de capacitación periodística Quinto Elemento Lab, señaló que en el caso de Miroslava, son muy potentes las señales que ella dejó en sus columnas y lo que dijo a sus colegas, amigos y familiares, sobre las amenazas que recibía.
“Hay bastantes pruebas de que lo que molestó fueron sus investigaciones sobre la narcopolítica en la sierra Tarahumara que es un lugar en donde desde hace ya varios años gobierna el crimen organizado. Ella lo avisó al Mecanismo [de Protección], a funcionarios, se lo dijo a sus familiares, ella dejó bastante dicho que la estaban amenazando”, sostuvo.
De acuerdo con Ronderos, lo que aún falta en el juicio en curso son las condenas contra los autores intelectuales. También falta esclarecer, señaló, las movidas sospechosas de posibles encubrimientos y obstrucciones a la investigación judicial que encontraron las investigaciones del Proyecto Miroslava.
“El Proyecto Miroslava sigue atando cabos de revelaciones del juicio y sus propios hallazgos. La alianza transnacional de periodistas mexicanos y extranjeros también sigue”, enfatizó Ronderos.
El último reporteo en la Sierra Tarahumara, en el norte de México
Mayorga, corresponsal de la Revista Proceso, trabajó muy de cerca con Breach en los reportajes sobre política y narcotráfico en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Ella dijo que, en un principio, ambas no advirtieron las señales y advertencias sutiles que les fueron llegando en su momento, de personas de la región sobre el peligro que corrían al investigar esos temas. Ella tuvo que dejar Chihuahua luego del asesinato de Breach y publicar sus reportajes en el anonimato.
“Las primeras amenazas se detonaron después del reportaje de candidatos o precandidatos narcos del PRI. Las amenazas eran de intimidación a la familia de Miros, en Chínipas, y a la vez había todo un ambiente de voceros, de políticos, de empresarios [que decían] ya dejen de investigar eso, se ponen en riesgo. Todo eso ya a la distancia lo vas viendo como un sistema que te intimida o pues, te advierte, porque son los que tienen el poder, son los del sistema que tiene tan fregado a México”, expresó Mayorga.
Mayorga considera que el sistema de corrupción política y sus vinculaciones con el crimen organizado en la región sigue vigente, no ha sido desarticulado por ningún tipo de justicia. “Yo no me siento con la confianza o seguridad de hacer el mismo periodismo que antes, y he estado sacando unas notas más sociales, de tala, etc., pero ya no tan investigadas profundamente”, lamentó.
El sabor amargo de la justicia a medias y Javier Valdez
Hacer periodismo en México tiene un riesgo implícito, dijo el periodista mexicano Alejandro Sicairos a LJR, sin embargo, sería alentador poder hacer periodismo de investigación si los ataques a la libertad de expresión fueran esclarecidos debidamente por el gobierno.
Sicairos, cofundador del semanario de periodismo investigativo Ríodoce y amigo cercano de Javier Valdez, el reconocido periodista que fue asesinado por el crimen organizado dos meses después que Breach, dijo que en el caso de Miroslava, siente que la justicia sigue siendo impartida de manera incompleta.
Javier Valdez. (Foto: Facebook)
“Y en ese desespero o en esa actitud por darle carpetazos a este tipo de asuntos, lo que pasa es que detienen a uno de los implicados o a uno de los sospechosos, y sobre él cargan todo el peso de la culpa y no van sobre los personajes que tuvieron que ver más a fondo con este tipo de homicidios. Queda ese amargo sabor de boca de instituciones que no le echan todas las ganas a delitos que tienen que ver contra la libertad de expresión en México”, señaló.
En el juicio del asesinato de Valdez, quien murió en manos del crimen organizado el 15 de mayo de 2017, en Culiacán, Sinaloa, existe una sentencia dictada por un juez federal a fines de febrero de 2020 contra uno de los autores materiales del homicidio. No obstante, el otro inculpado durante el proceso sigue sin sentencia debido a postergaciones del proceso, según publicó el diario Noroeste.
Sicairos no ve ninguna voluntad política del actual gobierno, ni de las autoridades federales y estatales de acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas y contra la libertad de expresión.
Según el Índice Global de la Impunidad de 2019 del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), México ocupó el séptimo lugar dentro de la clasificación de los 13 países con mayor impunidad en los crímenes contra periodistas en el mundo. Desde el año 2000 hasta mayo de 2020, 159 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH).
“En México, no hay quien detenga el gatillo, quien detenga la mano de los delincuentes de todo tipo. Existe esa sensación [de sabor amargo]”, dijo Sicairos. “Y el caso de Javier Valdez es una muestra particularmente aquí en Sinaloa de que no tenemos las garantías constitucionales necesarias para ejercer el periodismo. No todavía”, concluyó.
