Dos leyes de reciente entrada en vigor y la suspensión del financiamiento de agencias de Estados Unidos podrían dar la estocada final al periodismo independiente de Venezuela. Las nuevas legislaciones son parte de un largo historial de medidas restrictivas y de criminalización impuestas por el régimen del presidente Nicolás Maduro para silenciar voces críticas, de acuerdo con periodistas y expertos de ese país.
Aunque estas leyes no van dirigidas específicamente a la prensa, su impacto colateral restringiría el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, de acuerdo con organizaciones defensoras de la libertad de prensa, las cuales han expresado su preocupación por la potencial violación de derechos fundamentales y la obstaculización del flujo de la información.
Lo anterior, sumado a la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump de suspender la ayuda financiera de Estados Unidos a organizaciones extranjeras, y a la narrativa de criminalización del gobierno de Maduro a los medios que recibían ese tipo de financiamiento, deja a la prensa independientes con muy pocas opciones para seguir ejerciendo su labor.
Dos leyes que afectarían el funcionamiento de los medios independientes en Venezuela entraron en vigor en los últimos meses de 2024. (Foto: Capturas de pantalla de la Gaceta Oficial de Venezuela)
Una de las nuevas legislaciones en cuestión es la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro. Conocida popularmente como Ley Anti ONG o Ley Antisociedad, fue aprobada el 15 de agosto de 2024 y puesta en vigor tres meses después.
Dicha normativa tiene por objetivo regular y supervisar las actividades de las ONG que operan en Venezuela. En ese país, gran parte de los medios independientes están constituidos como organizaciones sin fines de lucro, de acuerdo con el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS).
La ley exige que las ONG se registren ante las autoridades con estatutos alineados a las nuevas normativas. Como parte de este proceso, deben proporcionar información detallada sobre sus finanzas, incluyendo el origen nacional o extranjero de sus fuentes de financiamiento, el registro de donaciones recibidas e, incluso, la identidad de sus donantes.
La exigencia de que los medios entreguen su información financiera para cumplir con la nueva ley enciende las alarmas, dijo Saúl Blanco, oficial del programa de promoción, defensa y acción pública de la organización venezolana de defensa de la libertad de expresión Espacio Público. Además, dijo, la Ley Anti ONG fue aprobada en un contexto de acentuación de la persecución contra periodistas y defensores de derechos humanos tras la crisis postelectoral en Venezuela.
“Que el Estado tenga información sobre el financiamiento de las organizaciones puede significar una nueva ola de represión contra las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo tomando en cuenta que hay una criminalización del financiamiento externo por parte de los funcionarios del Estado”, dijo Blanco a LatAm Journalism Review (LJR).
El incumplimiento de las obligaciones previstas en la nueva ley será sancionado con penas que van desde multas hasta la anulación del registro de la organización. No obstante, la ley también establece que el inclumpimiento de las obligaciones podrían dar paso a sanciones civiles y penales establecidas en otras leyes.
Melanio Escobar, periodista y activista venezolano especialista en libertad de expresión y en derechos humanos, advirtió que la información financiera de las ONG podría ser utilizada como evidencia para crear casos bajo leyes con áreas grises de interpretación, como la ley contra el financiamiento al terrorismo o la ley contra el odio. Si bien la Ley Anti ONG no contempla sanciones de prisión, esas otras leyes sí.
“Sin tener ningún tipo de prueba en las manos, el régimen ya ha utilizado el financiamiento internacional para criminalizar, desacreditar y atacar a medios de comunicación, periodistas y organizaciones”, dijo Escobar a LJR. “Te podrás imaginar lo que puede pasar si voluntariamente la organización le entrega al Estado venezolano información y montos de cuáles son los proyectos, con cuáles intenciones, quién es el donante, en qué tiempo se debe ejecutar”.
Los expertos ponen en duda la necesidad real de la nueva ley, más allá de servir como un instrumento de control y represión. Muchos de los nuevos requerimientos no tienen sentido dentro del ordenamiento jurídico venezolano porque ya existían normativas que regulan a las ONG, dijo Blanco.
Además, gran parte de la información que las autoridades están solicitando a las organizaciones ya es pública y de fácil acceso, sobre todo de las que están registradas en el extranjero, agregó Escobar, cuya organización y medio informativo RedesAyuda opera desde Estados Unidos.
“Cuando tú tienes una organización registrada en los Estados Unidos, tú le dices al Estado [estadounidense] cuánto recibes, de quién recibes, cómo se gastó, etcétera. Y esas declaraciones de impuestos son públicas”, dijo Escobar. “Si el Estado venezolano quisiera saber quién financia, por cuánto financia o bajo qué proyecto financia a una organización, puede hacerlo con una búsqueda de Google”.
Otro aspecto de la Ley Anti ONG que preocupa a los expertos es la prohibición de registro, y por tanto el posible cierre de la organización, a las ONG que “promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio”, y las que realicen actividades “con fines políticos”, como establece la legislación. Eso representa un amplio riesgo porque deja abierta a la interpretación de las autoridades la definición de esos conceptos, dijo Blanco.
“El tema está en que ‘político’ es un término muy amplio. El hecho de trabajar en pro de los derechos humanos ya entra dentro de lo político”, dijo Blanco. “Si el Estado venezolano se entera que el medio de comunicación X estaba ‘incitando el odio’ contra un funcionario, la organización podría ser sometida a anulación y con esto, bueno, básicamente ya el medio de comunicación no podría existir”.
Otra ley que fue aprobada el año pasado, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, conocida comúnmente como Ley Simón Bolívar, también incluye normativas que podrían representar obstáculos legales para la prensa crítica.
El periodista y activista Melanio Escobar dijo que el régimen de Maduro busca hacer a un lado la contraloría social con la aprobación de leyes que criminalizan la labor periodística. (Foto: Captura de pantalla del canal de YouTube de Melanio Escobar)
Dicha ley fue anunciada como una medida para defender al país contra el bloqueo y las sanciones impuestas por países extranjeros al gobierno de Maduro. No obstante, IPYS considera que es en realidad parte de la estrategia del régimen para criminalizar la información y la opinión, y terminar de oficializar la censura sobre asuntos de interés público.
De acuerdo con dicha ley, medios, periodistas o cualquier persona que difunda contenidos que sean considerados promoción de las sanciones internacionales contra funcionarios o empresas estatales serán objeto de la revocación de sus concesiones y de multas de hasta 50 millones de bolívares [más de 776 mil dólares estadounidenses].
“Incluso, sin que medie un procedimiento previo y sobre la base de sospechas, la ley permite imponer medidas económicas restrictivas”, dijo IPYS en un análisis de la legislación.
Además, la Ley Simón Bolívar establece la creación de un registro nacional de personas sospechosas de estar involucradas en “acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado”, las cuales podrían ser sancionadas con medidas económicas restrictivas, incluido el congelamiento de activos y la prohibición de constituir sociedades mercantiles o civiles.
“Debido a la recurrencia de los discursos estigmatizantes contra la prensa independiente, los cuales suman 95 hechos en 2024 según los registros de IPYS Venezuela, cualquier medio de comunicación o periodista corre el riesgo de ser incorporado a dicho registro y quedar bajo amenaza latente”, dijo IPYS en su análisis.
Para Escobar, la intención del régimen de Maduro al poner contra las cuerdas a ONGs y medios de comunicación mediante legislaciones como estas es consolidar una hegemonía comunicacional que han intentado imponer desde hace varios años con el fin de controlar la narrativa sobre la realidad del país.
“A ellos no les importa lo que pasa en Venezuela, a ellos lo que les importa es cómo se cuenta lo que que sucede en Venezuela y ellos quieren dominar esa narrativa y la única manera de dominarla al 100 por ciento es acabar con todos los medios de comunicación y con las organizaciones de derechos humanos”, dijo Escobar. “Esto es una forma para ellos de quitarse la contraloría social de la espalda y poder continuar con su actuar dictatorial y criminal”.
De acuerdo con Escobar, desde que el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez retiró la concesión al canal de televisión Radio Caracas Televisión (RCTV), en 2007, por supuestas violaciones a las leyes de telecomunicaciones, el chavismo entendió que a través de la creación de leyes se podía criminalizar a los medios críticos del poder.
“De acuerdo con su narrativa, ellos no están metiendo preso a nadie por expresarse, sino que esa persona incumplió la ley contra el odio y ellos solo están imponiendo la ley”, dijo Escobar. “O ellos no van a cerrar una ONG a la que se le pidió que se fiscalizara, sino que, como no lo quiso hacer, entonces ya no puede operar”.
Si bien las nuevas leyes podrían afectar la operatividad de los medios independientes en Venezuela, lo que amenaza de forma más grave la supervivencia del periodismo en el país es la suspensión de la ayuda proveniente de entidades de Estados Unidos, consideran periodistas y expertos venezolanos.
“En la situación en Venezuela, las empresas o no quieren financiar el periodismo, o no tienen dinero. Y si lo tienen, están bajo amenazas del gobierno de hacerlo”, dijo a LJR un periodista venezolano que pidió el anonimato. “Entonces, ¿cómo podemos sostener el periodismo si no es con la ayuda internacional?”.
El periodista dijo que, pese a la persecución y el acoso judicial que ha venido sufriendo la prensa crítica en los últimos años, su medio ha podido sortear las amenazas tratando de medir la reacción del régimen tras la publicación de sus investigaciones y ajustando sus estrategias de publicación en consecuencia.
“Pese a la existencia de estas leyes tan draconianas y que nos colocan en una situación de vulnerabilidad legal [...], lo que realmente está logrando el cometido de asfixiar a la sociedad civil y a los medios de comunicación es lo que lamentablemente el gobierno de Donald Trump está haciendo a través de [la cancelación de los apoyos de] USAID y de otras organizaciones”, dijo el periodista.
En Venezuela, los medios y ONG afectadas por la suspensión de financiamiento de Estados Unidos se han mantenido en silencio en vista de la narrativa impulsada por el régimen, que sostiene que los recursos provenientes de agencias de Estados Unidos han sido utilizados para desestabilizar el país e intentar derrocar a Maduro.
Los medios de noticias que operan como ONG tienen pocas opciones para evitar afectaciones por la aplicación de las nuevas legislaciones.
La Ley Anti ONG tiene por objetivo regular las actividades de las organizaciones sin fines de lucro que operan en Venezuela, incluidos decenas de medios independientes constituidos bajo esa modalidad. (Foto: Captura de pantalla y Canva)
En el caso de la Ley Anti ONG, en materia legal, las organizaciones podrían presentar solicitudes de amparo, o incluso se podría solicitar la nulidad de la ley, dijo Blanco. No obstante, agregó, considerando la falta de independencia e imparcialidad del Poder Judicial de Venezuela, es poco probable que dichas medidas funcionen.
“Esta ley efectivamente afecta el derecho de asociación, el derecho a la privacidad y otros derechos más”, dijo Blanco. “Pero el tema está en que aun cuando uno puede argumentar esto, y aun cuando esto tiene sentido, muchas veces el Estado venezolano ha tomado decisiones contrarias a los derechos humanos para proteger ciertos intereses públicos”.
Escobar dijo que, ante la falta de protección legal, los medios que operan como ONG tienen dos opciones: enfrentar la fiscalización con esperanza de que la información entregada no sea usada en su contra, o simplemente incumplir con la ley.
“Creo que en todas las salas de redacción y en todas las organizaciones de derechos humanos estamos en la discusión de si vamos a entrar en ilegalidad o si vamos a cumplir con los requerimientos legales que está dando el régimen de Nicolás Maduro”, dijo Escobar. “Hasta ahora no he conocido la primera que haya decidido fiscalizarse, dentro del ecosistema donde yo trabajo. Entre las organizaciones con las que he conversado, el planteamiento todavía es que están decidiendo”.
El periodista que pidió el anonimato dijo que el registro afecta solo a los medios que funcionan como asociaciones civiles y no como compañías anónimas. Además, la ley tampoco puede sancionar a los medios que operan desde el exilio.
No obstante, cerrar la operatividad en el país para trasladarla a un país extranjero multiplica la dificultad de hacer periodismo sobre Venezuela, dijo Escobar. No solo es más caro contratar personal en otros países, sino que también se incrementan los riesgos al realizar coberturas dentro de Venezuela.
“Ya no puedo contratar a un periodista en Venezuela que me cubra la noticia o que me genere la nota si ya no estoy operando allá. Eso representa inclusive un riesgo para el periodista, trabajar para mí de forma ilegal”, dijo Escobar.
La Ley Anti ONG establece un plazo de 90 días tras su entrada en vigor para que las organizaciones presenten ante las autoridades sus estatutos ajustados a las nuevas normativas. Dicho plazo se cumplió el 13 de febrero. Las ONG cuyos estatutos no cumplan con lo establecido en la nueva ley tienen hasta el 14 de mayo para reformarlos conforme a la ley.
