La reciente decisión de la Procuraduría General de Colombia que sancionó a nueve militares por el perfilamiento y vigilancia de más de 130 personas, entre ellas al menos 30 periodistas, una vez más provocaron el miedo y el estrés en el periodista Óscar Parra.
El director del medio Rutas del Conflicto, que cubre temas del conflicto armado del país suramericano, volvió a 2020 cuando la revista Semana reveló el caso conocido como “Las carpetas secretas”.
Según la investigación de Semana, unidades de inteligencia del Ejército ejecutaron casos de espionaje de más de 130 personas a través de la recolección masiva e indiscriminada de información para elaborar informes de inteligencia militar a través del uso de herramientas de fuentes abiertas (OSINT). Los perfiles de estas personas contaban con teléfonos, direcciones de trabajo y residencia, correos electrónicos, información de hijos, familiares, colegas, lugares de votación e incluso infracciones de tránsito, reportó Semana.
Los objetivos de estos perfilamientos incluía a periodistas, varios de ellos estadounidenses, pero también líderes sociales, políticos, sindicalistas y oenegés, publicó en su momento Semana.
La información recolectada y las conexiones hechas por el Ejército vinculaban de manera injustificada a periodistas con grupos guerrilleros, según dan cuenta dos USB que son prueba dentro del proceso en la Procuraduría, informó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en un comunicado.
El equipo de Rutas del Conflicto encontró sus nombres y fotografías entre “las carpetas secretas”.
Cinco años después, en una decisión emitida el 2 de mayo y comunicada el 13 de mayo, la Procuraduría General de la Nación, que vigila a los servidores públicos del país, declaró que los nueve militares cometieron una “falta disciplinaria grave”. Esta consistió en ordenar, coordinar y ejecutar actividades de OSINT sin fundamento contra los periodistas, según el comunicado de la FLIP.
Los nueve militares, entre los que se encuentran un Brigadier General, fueron sancionados con la suspensión de sus cargos e inhabilidad para ejercer funciones públicas entre tres y seis meses.
Si bien la decisión “marca un precedente” y aclara que el equipo fue vinculado de manera injustificada con grupos armados. Parra dijo a LatAm Journalism Review (LJR) que ver artículos y documentos que insinuaban esto reabrió el trauma de cinco años atrás.
“Siento que esto es una cosa horrible porque nos pone en una situación en la que, aún cuando la Procuraduría señala que eso es injustificado, conociendo cómo es este país, ya uno sale en plan muy incómodo […] como defendiéndonos. Por eso, tenía mucho temor de que eso saliera. Pero ya hay que salir a enfrentar”, dijo Parra.
A pesar del progreso en el caso con esta decisión, defensores de prensa consideran que las sanciones son insuficientes y esperan que avance el proceso penal contra los responsables.
Jonathan Bock, director ejecutivo de la FLIP al momento de hablar con LJR, dijo que debido a que la Procuraduría no calificó la conducta como “gravísima” sino como “grave” las sanciones fueron menores de la esperadas, como podía ser la destitución permanente de las instituciones.
“Hay frustración de que no hubiera sanciones mayores por el efecto tan grande que tuvo”, dijo Bock.
Por ejemplo, Bock considera que no se contempló el caso de Rutas del Conflicto, vinculado a una universidad y, por lo tanto, compuesto por jóvenes periodistas menores de 30 años cuyas familias también se vieron gravemente afectadas. O el caso de Nick Casey, corresponsal estadounidense en Colombia de The New York Times, quien abandonó el país en 2019 tras ser acosado por legisladores que lo acusaban de estar involucrado con grupos guerrilleros. O el de Andrea Aldana, periodista independiente que cubre el conflicto armado y que se exilió en España en 2021.
“Lo otro que es importante no perder de vista es que esto es una retaliación también contra periodistas que estaban investigando asuntos que involucraban al Ejército y a la Policía, como podía ser como la historia de las ejecuciones extrajudiciales o malversación de fondos de recursos públicos”, dijo Bock.
Por esta razón la FLIP, que representa al equipo de Rutas del Conflicto y a Andrea Aldana, apeló la decisión de la Procuraduría. Asimismo, con base en esta reciente decisión, Bock considera que se puede intentar mover la investigación que también adelanta la Fiscalía General de la Nación pero que en cinco años no ha tenido avances.
A través de un funcionario de la oficina de prensa, el Ejército Nacional respondió a LJR que la institución es respetuosa de los procesos que adelantan en los entes de control y de justicia. Y que en caso de que se determinen responsabilidades individuales, “estas personas deberán responder ante las autoridades competentes”.
“El Ejército ha dispuesto todo el apoyo y la información disponible para que las autoridades adelanten las investigaciones bajo el principio de la colaboración armónica entre las instituciones”, agregó la institución en su respuesta oficial.
Fundado hace 11 años, Rutas del Conflicto se ha dedicado a cubrir la “reconstrucción de las memorias de la guerra y la resiliencia de centenares de comunidades de todo el país”. Parra, quien también es profesor de la Universidad del Rosario de Bogotá, ha liderado este proyecto. Aunque Rutas del Conflicto no es de la universidad, por tener su sede allí está constituido principalmente por estudiantes y profesionales jóvenes de dicha institución.
Parra está convencido de que el equipo de Rutas se convirtió en objetivo del Ejército por una serie de investigaciones que empezaron a realizar en 2019. En febrero de ese año, Rutas solicitó al Ejército información sobre convenios firmados con empresas minero energéticas, en lo que el medio analizaba como un conflicto de interés.
A partir de allí vienen una serie de derechos de petición, solicitudes de información e incluso acciones de tutela, ante la negativa del Ejército para entregar la información. El caso llegó a involucrar al entonces comandante del Ejército quien entabló una acción de tutela en contra de Parra.
Parra dijo que la actitud del Ejército con las solicitudes de información fue “desproporcionada”, especialmente porque gran parte de los contratos fueron encontrados por periodistas del medio a través de la plataforma del Estado que contiene los contratos públicos.
En julio de 2019, Rutas del Conflicto publicó su investigación sobre las empresas petroleras y mineras junto a La Liga Contra el Silencio.
Para enero de 2020, Parra y Bock (en la FLIP) se enteraron de lo que estaba pasando en el Ejército y del seguimiento del que eran objetivos periodistas y otras personas. Según Bock el caso de Rutas era particular toda vez que se trataba del único medio que tenía su propia carpeta.
La investigación del espionaje del Ejército solo fue reportada públicamente por Semana en mayo de 2020.
Parra, quien hasta hace cuatro semanas y en el marco del proceso ante la Procuraduría pudo tener acceso a dicha carpeta encontró varias cosas “turbias”. Una de las que más le afectó, dijo, fue una fotografía del equipo de Rutas que se había reunido para una cena de Navidad. Cada miembro del equipo tenía un número encima de sus cabezas.
“Entré en pánico”, recuerda Parra quien por ser no sólo el director sino el más adulto, sintió una responsabilidad por la seguridad de sus jóvenes reporteros. Para el momento, al menos una de las personas del equipo que fue objetivo de este perfilamiento, todavía era estudiante.
“Había gente que me decía que yo sería responsable si les pasaba algo a los chicos”, dijo.
El entorno familiar de Parra y de los periodistas también se vio afectado. Las familias empezaron a presionar por saber qué estaba pasando en el trabajo. Algunos de los periodistas se fueron al exilio, otros desarrollaron síndromes de persecución o burnout.
Las fuentes del medio dejaron de responderles y otras exigían encontrarse en persona (en medio de la pandemia). Parra dejó de cubrir temas del Ejército por casi un año y por salud mental aceptó una beca de Reporteros Sin Fronteras que lo llevó a Madrid, España, por tres meses.
Pero los efectos continúan. El equipo de Rutas, que estuvo conformado por 25 personas en 2020, ahora consta de cinco.
“Creo que es inevitable no relacionarla con la crisis de los medios, pero eso influyó, definitivamente influyó”, dijo Parra. “En términos de estudiantes que se acercaban al proyecto, de manos que se sintieron amenazadas y se fueron. Yo sí creo que esto marcó un antes y un después del medio de comunicación”.
Pero especialmente para Parra, y también para Bock desde la FLIP, después de cinco años quedan dudas y preguntas sin respuestas: como quién ordenó hacer este seguimiento, cuál era el propósito y qué se iba a hacer con esa información, por mencionar algunas.
“Es claro que las cosas estuvieron muy enfocadas en esa vía de incriminar. Quisiéramos saber para qué. Quisiéramos saber para qué hacían eso”, dijo Parra para quien estos cinco años han sido dolorosos y los procesos judiciales revictimizantes.
“A mí me duele un montón volver un poco a esta situación, que se haga pública el hecho de que tengan unos documentos donde nos ‘vinculan’ (a grupos ilegales)” agregó el periodista. “Pero cuando sale esto a la luz pública, ya toca salir a contar qué pasó, y creemos también que el hecho de se haga visible puede ayudar a protegernos [...] sí es importante para nosotros que se sepa y que se sepa de una manera digna”.
