En 2019, Leandro Demori, entonces editor ejecutivo de The Intercept Brasil, descubrió que alguien había comprado un chip de teléfono móvil utilizando su número de identificación fiscal. En su momento no se le ocurrió, pero hoy hay fuertes indicios de que miembros de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) pudieron haber estado involucrados en el hecho.
El 17 de junio, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil desclasificó un informe de más de mil páginas de la Policía Federal (PF) sobre cómo la agencia de inteligencia del Estado fue supuestamente utilizada para difundir información falsa y vigilar ilegalmente a políticos, jueces, periodistas y ciudadanos comunes durante el gobierno de Jair Bolsonaro.
La investigación de la PF reveló la existencia de una estructura criminal dentro de la Abin, que actuaba en coordinación con aliados de Bolsonaro para perseguir a personas consideradas políticamente incómodas para el entonces presidente. De acuerdo con el informe, el esquema, que operaba como una organización paralela dentro de la agencia, utilizaba el sistema de espionaje israelí First Mile, adquirido por 5.7 millones de reales [cerca de un millón de dólares estadounidenses] en 2018, para realizar seguimientos ilegales.
De acuerdo con la PF, entre 2019 y 2021 se realizaron más de 60 mil consultas ilegales a través de First Mile, que permite rastrear la ubicación de dispositivos móviles en tiempo real, monitorear movimientos y analizar rutinas.
La investigación indica que al menos 12 periodistas fueron blanco de los ataques, desde algunos de los más reconocidos profesionales de la prensa en Brasil, como los columnistas Monica Bergamo y Reinaldo Azevedo, hasta otros con un perfil mucho más bajo, como analistas políticos de pequeños sitios web de izquierda.
El informe no detalla toda la información a la que la Abin tuvo acceso según la investigación, ni todo el alcance de las acciones que la agencia llevó a cabo, pero arroja luz sobre cómo, de acuerdo con la PF, la principal agencia de espionaje del Estado brasileño fue amañada para favorecer políticamente a Bolsonaro, y sobre los riesgos que corrían los periodistas en su gobierno.
Demori, quien se hizo conocido por su cobertura crítica del gobierno de Bolsonaro, dijo que se preocupó mucho al enterarse de que estaba siendo vigilado. Su familia estuvo acompañada por guardias de seguridad entre 2019 y 2022.
“Tuvimos noticias de un plan golpista, que preveía el asesinato de autoridades públicas”, dijo Demori a LatAm Journalism Review (LJR), en relación al llamado Plan Puñal Verde y Amarillo, por el que Bolsonaro fue señalado. “Si el golpe se hubiese concretado, hubiesen podido ir por aquellos a los que estaban vigilando”.
La Abin respondió por escrito a LJR que no haría comentarios sobre las acusaciones de la PF.
El 9 de junio de 2019, The Intercept Brasil comenzó a publicar reportajes sobre el caso “Vaza Jato” (filtraciones sobre la operación Lava Jato), probablemente la mayor revelación del periodismo brasileño en lo que va de siglo. Los reportajes expusieron presuntas prácticas ilícitas del ex juez y actual senador Sérgio Moro en la conducción de la investigación Lava Jato, incluyendo el intercambio de pruebas con la parte acusadora. El caso fue clave para la anulación de la condena y la rehabilitación política del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Menos de un mes después, el 6 de julio de 2019, Demori fue víctima de una serie de conversaciones manipuladas publicadas en Twitter bajo el título “Pavão Misterioso” (Pavorreal Misterioso), en las que se le acusaba a él y al entonces periodista de Intercept Glenn Greenwald, así como a los diputados David Miranda, Jean Wyllys y Marcelo Freixo, de urdir un complot para contratar a un hacker ruso para espiar los teléfonos móviles de funcionarios.
Hoy existen pruebas de que las conversaciones fueron falsificadas con la participación de profesionales de la Abin. La PF encontró una carpeta llamada “Pavão” en los ordenadores de la agencia, como informaron hace un año los periodistas Juliana Dal Piva e Igor Mello en el sitio web ICL Notícias.
La investigación de la PF muestra que agentes vinculados a lo que se conoció como el caso “Abin Paralela” realizaron búsquedas ilegales utilizando el software First Mile el 7 de junio de 2019, involucrando tres números de teléfono luego vinculados a las conversaciones falsas entre Demori y los ex legisladores Wyllys y Miranda.
De acuerdo con la investigación policial, el material incautado incluye documentos internos de la Abin y archivos con las números monitoreados, almacenados bajo la responsabilidad de la división de inteligencia de la agencia, entonces dirigida por Fabrício Cardoso de Paiva, quien posteriormente fue nombrado titular del Ministerio de Infraestructura durante el gobierno de Bolsonaro. Paiva fue reemplazado por Luiz Gustavo Mota, uno de los responsables de la operación.
De acuerdo con la PF, no fue la única vez que Demori fue blanco de los involucrados en la trama “Abin Paralela”. En junio de 2024, el periodista volvió a ser víctima de desinformación organizada por personas vinculadas a la “Abin Paralela”, indicó la PF.
La investigación de la PF mostró que los empresarios Richards Pozzer y Daniel Ribeiro Lemos, responsables de la difusión de informaciones falsas en grupos de derecha, discutieron la elaboración de un nuevo dossier sobre Demori, quien en la época estaba vinculado a la Empresa Brasil de Comunicação (EBC) y era socio del Instituto Conhecimento Liberta (ICL).
“Me quedé muy sorprendido e indignado, porque pensé que la estructura había sido desmantelada”, dijo. “Estaban haciendo otro dossier con una historia absolutamente falsa, como si hubiera blanqueo de dinero en las empresas donde trabajo”.
Otros periodistas espiados no saben por qué lo fueron. Alice Maciel, reportera de Agência Pública en Brasilia, cubría habitualmente temas vinculados al gobierno de Bolsonaro con una mirada crítica.
Se enteró del espionaje hasta que el informe de la PF fue divulgado en junio, y un colega le envió una foto con su nombre.
"Dije: ‘¿Tiene que ser una broma, ¿no?’ Nunca imaginé que podría estar siendo monitoreada", dijo Maciel a LJR.
El informe de la PF contiene solo una página sobre Maciel, la cual incluye una conversación entre dos presuntos agentes de la Abin en mayo de 2022. Uno le pide al otro que la investigue: “Averigua de qué lado está la periodista. Su afinidad política”, dijo el agente. El supuesto propósito era descubrir si tenía “alguna conexión con políticos, que puedan comprar historias”.
Como en los otros casos, la PF no detalla a qué información sobre Maciel tuvieron acceso los espías. Esta es una de las principales demandas de las víctimas de monitoreo ilegal en la actualidad: saber qué se recopiló sobre ellos y cómo. Maciel no sabe si fue objetivo de First Mile, o si su información se obtuvo de datos públicos.
"Me gustaría saber si esa conversación continúa, si hay más, antes o después, porque la PF solo reveló una parte", dijo.
La falta de información impide que los periodistas siquiera sepan si han sido vigilados por sus actividades profesionales o de otro tipo.
Pedro César Batista es presentador de un programa sobre libros en la TV Comunitária de Brasilia. Sabía desde marzo de 2024 que lo espiaban, cuando un periodista del sitio de noticias Metrópoles se puso en contacto con él para entrevistarlo. Se enteró del informe de la PF durante su entrevista con LJR.
Batista es también escritor de libros sobre política y activista propalestino. De acuerdo con el informe de la PF, hubo 43 búsquedas de su nombre en First Mile entre el 21 y el 27 de abril de 2020. El informe no detalla a qué obedecieron esas consultas.
“Creo que fue por mis libros, mis artículos y mi trabajo de organización”, dijo.
Más tarde, el 3 de junio de ese año, volvió a ser vigilado por organizar una manifestación contra Bolsonaro, de acuerdo con el informe. "Pedro tiene mucho material. Esto se va a poner bueno", dijo supuestamente un agente, de acuerdo con la PF.
El año pasado, Batista, acompañado de un abogado, formalizó una solicitud de información sobre él a la Contraloría General de la Unión (CGU), que respondió diciendo que los datos eran responsabilidad de la Presidencia de la República. Se presentó una nueva solicitud a la Presidencia, pero no hubo respuesta. Batista recurrió a la justicia federal, donde el caso sigue pendiente, dijo.
Entre los casos más impactantes de la “Abin Paralela” descritos por la PF está el de Luiza Alves Bandeira, ex reportera de Folha de S.Paulo y ahora consultora sobre desinformación.
De acuerdo con la investigación de la PF, Bandeira fue objeto de espionaje ilegal tras desenmascarar una red de desinformación en Facebook, que vinculaba perfiles falsos a asesores dentro del gobierno de Bolsonaro.
La orden de espiarla, de acuerdo con la investigación de la PF, provino del entonces subdirector de la Abin, Frank Márcio de Oliveira, quien activó el Departamento de Operaciones de Inteligencia (DOINT) de la institución para “sacar los trapos sucios” de la periodista con el fin de descalificar su trabajo.
“Tenemos que escarbar sobre ese nombre hasta donde se pueda”, dijo Marcelo Araújo Bormevet, un policía federal asignado a la Abin que desempeñó un papel importante en la producción y difusión de desinformación, de acuerdo con el informe de la PF. “Esta mujer está denunciando perfiles de derecha”.
La investigación de la PF informó que la acción comenzó el 9 de julio de 2020, en vísperas de las elecciones municipales, y utilizó el sistema de espionaje First Mile para rastrear los datos de Bandeira –y también los de su madre, profesora de historia, quien, de acuerdo con la PF, fue objeto de tres búsquedas en First Mile entre el 9 de julio y el 20 de agosto de 2020. La información recopilada no se ha hecho pública.
Las solicitudes de “sacar los trapos sucios” están entre las órdenes más comunes reveladas en el informe de la PF. Los pedidos involucran no sólo a periodistas, sino también a camioneros en huelga, arzobispos, juristas internacionales, jueces del Supremo Tribunal y candidatos a presidentes de equipos de futbol.
De acuerdo con la PF, la orden de la Abin relacionada con el columnista Reinaldo Azevedo –quien durante décadas ha sido identificado como conservador, pero que se pasó al centro democrático a medida que la extrema derecha crecía en Brasil– incluía instrucciones de “escarbar, explotar, enfocarse o golpear con todo”.
Azevedo tomó con ironía el caso.
"Me alegro de que no me hayan hecho explotar ni me hayan golpeado con todo. En cuanto a ‘escarbar’, no sé, parece que tiene algo de erótico (jajaja)”, dijo por escrito a LJR. “¡Dios me libre! Son unos tarados ideológicos".
El columnista plantea la cuestión de cuál era la finalidad de First Mile en el espionaje masivo. En una investigación de campo, como cuando se rastrea a enemigos, su aplicación es obvia, dijo. Sin embargo, es bastante incierto para qué se utilizaba la aplicación en relación con personas cuyo único pecado fue criticar al gobierno.
"¿Para qué saber dónde estaban los opositores e incluso los aliados políticos? ¿Qué sentido tiene? Eso es propio de fascistas incompetentes", dijo Azevedo. "Por lo que a mí respecta, seguro murieron de aburrimiento. Mi estudio y mi oficina están en casa. Apenas salgo".
El misterio continuará mientras los archivos recopilados por Abin sigan siendo privados –y teniendo en cuenta que contienen información personal sobre personas inocentes, no es deseable que se hagan públicos–. De acuerdo con la coordinadora jurídica de Abraji, Letícia Kleim, la organización quiere más transparencia y que las víctimas tengan acceso a la información que se tomó sobre ellos.
“El informe no ofrece todas las respuestas sobre el alcance de la vigilancia y el espionaje, qué datos se recogieron, todas las personas que fueron objeto de ellos”, dijo Kleim a LJR.
El caso está ante el Supremo Tribunal, y Kleim mencionó que Abraji está aconsejando a los periodistas que presenten sus quejas ante el Observatorio de Monitoreo de Violencia contra Periodistas del Ministerio de Justicia.
Mientras surge más información, el caso de “Abin Paralela” se percibe como un emblema de la falta de respeto del gobierno de Bolsonaro por las instituciones y los derechos democráticos.
Reinaldo Azevedo señaló que el peligro persiste. En un mitin el 29 de junio contra el Supremo Tribunal, Bolsonaro manifestó su intención de construir un gobierno paralelo a partir de 2027, con el control de todas las instituciones del Estado.
“Seamos realistas, de todos los absurdos, el caso ‘Abin Paralela’ ni siquiera fue el más relevante”, dijo Azevedo. “Esta es la forma en que Jair Bolsonaro entiende el poder”.
