La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó el martes 22 de julio su “profunda alarma” por lo que considera un resurgimiento de mecanismos de censura en varios estados mexicanos. La organización identificó un patrón alarmante de ataques a la libertad de expresión mediante sentencias judiciales, iniciativas legislativas y presiones administrativas contra medios de comunicación independientes.
Entre los casos más graves que la SIP ha destacado se encuentran: en Campeche, donde un tribunal impuso una orden judicial “sin precedentes” que prohíbe al periodista Jorge Luis González Valdez mencionar a la gobernadora Layda Sansores y exige al periódico Tribuna Campeche que someta todo su contenido a revisión previa por parte de un interventor judicial; en Puebla, donde una reforma al Código Penal amplió ambiguamente el delito de “ciberacoso”, permitiendo la persecución de periodistas que critican a funcionarios públicos; y en la Ciudad de México, donde el Instituto Nacional Electoral (INE) exigió al portal de noticias La Silla Rota la entrega de documentos y fuentes de una investigación periodística, bajo amenaza de una multa de hasta 11 millones de pesos.
“Estos casos no son hechos aislados, sino síntomas de un entorno institucional cada vez más hostil al periodismo”, dijo José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador. “Nos preocupa que en un país democrático con marcos constitucionales sólidos, se usen herramientas judiciales, legislativas o administrativas para inhibir la crítica y fiscalización del poder”.
