Una versión de este artículo fue publicada originalmente el 7 de agosto por Agencia Ocote y se ha republicado aquí con autorización.
Abraham Abrego no hubiera imaginado que tendría que cerrar las oficinas de Cristosal en El Salvador y trasladar sus operaciones, precisamente, a Guatemala. El país vecino del norte donde aún hoy la Fiscalía criminaliza y persigue a quienes luchan contra la corrupción, defensores sociales, periodistas y políticos.
Abrego, como director de litigio estratégico de Cristosal, ha documentado más de 3,700 denuncias de violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción impuesto por Nayib Bukele desde marzo de 2022.
Pero cuando en mayo pasado el Gobierno detuvo a su compañera Ruth López (jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal), y la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, Abrego y sus compañeros comprendieron que la temida criminalización que habían predicho empezaba a cumplirse.
Cristosal nació hace 25 años por la defensa de los derechos humanos tras el conflicto armado en El Salvador. En junio tuvo que cerrar operaciones en ese país y asentarse en Guatemala.
La decisión de este equipo de profesionales se repite entre decenas de defensores sociales y periodistas que han tenido que abandonar su país en los últimos meses.
Sergio Arauz, subjefe de redacción de El Faro y actual presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), forma parte de esta nueva diáspora forzada.
Asentado también en Guatemala, Arauz coordina esfuerzos para documentar y apoyar a colegas que, como él, tuvieron que huir tras la «escalada de mayo», cuando el régimen de Bukele intensificó la persecución contra voces críticas.
Los registros oficiales del exilio los tienen las organizaciones que aglutinan a las víctimas del éxodo. Según datos de la APES y de la RCP, al menos 47 periodistas salieron de El Salvador entre mayo y julio de 2025.
De estos, 37 huyeron del régimen vía Guatemala. La mitad aún están en el país y para los demás su destino final ha sido México, Europa y en menor cantidad Estados Unidos.
“Yo decidí que ante la represión era mejor salir de El Salvador y seguir trabajando desde fuera y no estar encerrada en las cuatro paredes de una prisión”, afirma Angélica Cárcamo, expresidenta de la APES y actual directora ejecutiva de la Red Centroamericana de Periodistas (RCP).
“Muchos de nosotros, que nuestro trabajo ha sido crítico, tuvimos vigilancia policial. Yo tengo fotografías. Ya en 2024 también había presencia de militares en las afueras de mi casa”, relata.
Junto a ellos, al menos 33 personas defensoras de derechos humanos, activistas y abogados salieron del país. La mayoría, de Cristosal.
Diversas organizaciones nacionales (de El Salvador) e internacionales denunciaron el 23 de julio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que entre 2021 y 2025 suman 130 voces disidentes que han debido exiliarse.
Sin embargo, las organizaciones afirman que estas cifras tienen un subregistro, ya que muchas personas no reportan su salida por razones de seguridad.
Para la guatemalteca Marielos Monzón, presidenta de la RCP, El Salvador replica el patrón autoritario consolidado en Nicaragua, que tiene ya más de 200 periodistas en el exilio.
“El modelo que está implementando (Bukele) es de corte autoritario, y sabemos cómo termina porque así empezó (Ortega en) Nicaragua”, advierte Monzón desde Guatemala, que ahora recibe a la mayoría de quienes huyen de su vecino de al lado.
El “deterioro del espacio cívico” en El Salvador no ocurrió de la noche a la mañana, según todas las fuentes consultadas por Agencia Ocote.
Abraham Abrego explica que Bukele desarrolló una estrategia para perseguir a sus opositores, que comenzó con los partidos políticos de oposición.
Para lograrlo, en mayo de 2021, el primer decreto de una Asamblea Legislativa afín a él fue sustituir a los cinco magistrados de lo Constitucional y al fiscal general. Con ellos, Bukele se aseguró el control de los tres poderes del Estado y el ente rector de la persecución penal. Además, la Sala de lo Constitucional le respaldó en su carrera a la reelección, a pesar de que la ley lo prohibía.
A la persecución de sus opositores, le siguió su “guerra contra las pandillas” que inició con un régimen de excepción desde marzo de 2022 que más de tres años después sigue vigente.
Aunque la violencia se redujo, el régimen prohíbe a toda la población derechos fundamentales como el de organización, protesta o defensa penal. Organizaciones internacionales han denunciado detenciones arbitrarias fundamentadas en esta medida.
Luego, diversos sectores sociales, medios de comunicación y periodistas empezaron a ser acosados y criminalizados en redes sociales. Esto se expandió gradualmente.
“Él fue muy astuto en la forma de persecución, de tal manera que la gente que no estaba afectada no dijo nada”, relata Abrego.
Los mecanismos de persecución han sido variados “pero sofisticados y coordinados”, según Sergio Arauz.
Además de la estigmatización pública, “el patrón es: visitas de policías, interrogatorios en las casas, avisos de fuentes del Gobierno o de la fiscalía de que se advierte un riesgo”.
Luego vienen los procesos judiciales arbitrarios. “Primero detener y después investigar”, describe Arauz.
La persecución ha tenido un orden lógico que inició con políticos y criminales –que la mayoría de la población rechaza–, luego las voces críticas, según los exiliados entrevistados:
El punto de inflexión contra toda disidencia llegó hace tres meses, acción que los entrevistados denominan “la escalada de mayo”.
Se habría iniciado cuando El Faro publicó, a inicios de ese mes, videos con entrevistas a líderes pandilleros que revelaban vínculos con el Gobierno.
Días después, el medio advirtió que tuvo acceso a información de que la fiscalía general emitiría órdenes de captura contra periodistas.
En las semanas siguientes hubo detenciones con diferentes argumentos. Incluyó a empresarios de transporte, activistas comunitarios, la defensora Ruth López y el abogado constitucionalista Enrique Anaya.
Al detener a López y a Anaya, dos destacados abogados, se buscaba crear el mismo temor social que en Guatemala cuando detuvieron a Jose Rubén Zamora, según Marielos Monzón.
“Es un caso ejemplificante porque son personas súper conocidas. Si esto lo hicieron con una persona de alto perfil, lo pueden hacer con cualquiera. Ese es el mensaje”, afirma Monzón.
Dos acciones más consolidan el régimen dictatorial de Nayib Bukele en las últimas semanas. Las dos son obra de una Asamblea Legislativa controlada por el partido oficialista, Nuevas Ideas.
La primera fue la aprobación, el mismo mes de mayo, de la Ley de Agentes Extranjeros. Esta norma, que entrará en vigencia en septiembre, impone un 30% de impuesto a las organizaciones que reciben fondos del extranjero.
También permite al Gobierno criminalizar y prohibir las operaciones de organizaciones sociales de forma discrecional.
La segunda ha sido la aprobación de la reelección indefinida para presidente. Ahora, Bukele podrá permanecer en el poder como solo pueden hacerlo en América los regímenes de Nicaragua y Venezuela.
Organizaciones guatemaltecas han respondido a los exiliados con diversas estrategias de acompañamiento. La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) ha sido una de ellas.
Brenda Guillén, coordinadora general, comenta que desde hace años trabajan con organizaciones de El Salvador para darles apoyo.
Lo suyo ha sido más con temas de territorio y ambiente, principalmente luego de que en 2024 ese país creara una ley que permite la explotación minera, que estaba prohibida.
Sin embargo, afirma que en los últimos meses han visto el crecimiento de criminalizaciones a otros sectores.
“Por las personas que ya están en el país podemos identificar cuatro sectores que son criminalizados: periodistas, abogados, personal de organizaciones más ligado a la academia y defensores del territorio”.
Por ello, la Udefegua ha reforzado sus programas de autogestión de seguridad, análisis de riesgo y planes de protección. Adaptaron su “experiencia en protección de defensores guatemaltecos para apoyar a los recién llegados de El Salvador”.
“Tratamos de acompañar en todo el tema de reforzar conocimientos para la estancia de las personas en el país. También en el caso de quienes solo están en tránsito”, afirma Guillén.
La RCP, por su parte, ha implementado un programa integral que incluye fondos de emergencia para movilidad y coordinación con organizaciones internacionales para reubicación.
Además, se cuenta con acompañamiento de Media Defence, una organización de apoyo legal con sede en Reino Unido, asegura Marielos Monzón.
“Un primer apoyo fue el de movilidad, con fondos de emergencia, para proteger la integridad de las personas y permitirles reubicarse”, explica Monzón.
También hicieron un intercambio entre periodistas guatemaltecos y salvadoreños. No solo para mostrar solidaridad, según la periodista, sino también “para crear redes de apoyo entre colegas y planificar estrategias de continuidad del trabajo periodístico desde el exilio”.
Estas organizaciones se han sumado a crear trabajo de incidencia ante organismos internacionales. El objetivo es demostrar que la criminalización, que no se detiene en Guatemala, ahora aumenta también en el país vecino.
Las perspectivas de un cambio en El Salvador que permitan el retorno de los exiliados son sombrías. Arauz es categórico: “No hay signos que digan que el presidente va a amanecer más democrático de un día para otro”.
Abrego cree que la represión se expandirá. “El siguiente nivel va a ser con la base”, advierte. Cuando las organizaciones son eliminadas, asegura, el Gobierno puede dirigir su represión contra “la población que proteste por servicios como agua, pensiones o vivienda”.
Monzón ve una réplica acelerada del modelo nicaragüense, donde a muchas personas de a pie que se atrevieron a protestar les fueron quitados sus bienes y hasta su nacionalidad.
“Antes de mejorar, esto va a empeorar. No hemos conocido ningún régimen autoritario que mejore las condiciones de derechos humanos y libertades”, sentencia.
La consolidación del modelo autoritario en El Salvador, según las personas entrevistadas, forma parte de una tendencia regional que amenaza a toda Centroamérica.
Edición: Carmen Quintela
