Ha sido casi un año en el que la tensión electoral se vive en Bolivia. La decisión del Tribunal Constitucional de impedir a Evo Morales ser candidato presidencial para la primera vuelta de las elecciones que tuvo lugar el 17 de agosto, llevaron a sus seguidores a una serie de manifestaciones y bloqueos de carreteras, no siempre pacíficas.
El próximo 19 de octubre, la ciudadanía boliviana elegirá a su próximo presidente entre el senador Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiana, y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga, de Alianza Libre, acabando con los 20 años en el poder del partido Movimiento al Socialismo (MAS).
Como puede ser el caso durante elecciones, la prensa se convierte en objetivo de diferentes tipos de agresiones, haciendo la cobertura difícil. Bolivia no fue la excepción. La violencia llevó a los periodistas a tomar medidas como usar cascos y protección corporal en sus coberturas.
“Ha habido un incremento preocupante de las agresiones a periodistas en la cobertura de la conflictividad política asociada a demandas electorales”, dijo Zulema Alanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), a LatAm Journalism Review (LJR).
Antes de la segunda vuelta electoral, Alanes afirmó que la violencia no ha disminuido en intensidad, sino que se ha vuelto más verbal, con algunos candidatos desacreditando periodistas.
Aunque las manifestaciones han disminuido desde la primera vuelta de las elecciones, las organizaciones defensoras de la prensa siguen alerta.
Según la ANPB, otras de las vulneraciones a la libertad de prensa se viven en el mundo digital, especialmente cuando periodistas desmienten fake news.
“En el contexto electoral la mayor preocupación que se ha tenido es en el tema de la desinformación y la guerra sucia”, dijo Alanes. “En ese proceso, los ataques se han centrado contra periodistas”.
En uno de los casos más recientes, ataques en contra de Bolivia Verifica y Chequea Bolivia – los dos sitios de verificación de datos del país – por cuenta de un escándalo que involucra al candidato a la vicepresidencia por el partido Alianza Libre, Juan Pablo Velasco.
Luego de la transmisión de un creador de contenido argentino mostraba presuntos tuits racistas de Velasco escritos en 2015, las verificadoras empezaron a investigar la información. De acuerdo con sus chequeos, las publicaciones eran reales y sí pertenecían a la cuenta de X de Velasco.
El candidato negó que los mensajes fueran reales y afirmó que formaban parte de una “guerra sucia” de sus oponentes políticos.
Los periodistas detrás de las verificaciones fueron atacados, dijo Alanes.
“Hay una reacción animosa por echar por el suelo el trabajo que hemos hecho. Hay la necesidad de querer probar que nosotros nos hemos equivocado”, dijo Patricia Cusicanqui, editora en jefe de Bolivia Verifica, en entrevista con ADICH Radio.
Cusicanqui dijo entender el posible uso político de estas publicaciones, pero pidió confiar en el trabajo imparcial de la verificación y a la ciudadanía a calmar los ánimos.
“Hacer un llamado a la ciudadanía a bajar las armas. Creo que estamos muy, muy polarizados y Bolivia necesita en este momento, más que nada, es tender puentes de diálogo, llegar a consensos”, dijo. “Nuestro compromiso es seguir el trabajo para garantizar la democracia y los derechos humanos”.
En otro caso, justo después de la primera vuelta electoral, el candidato a la vicepresidenta por el Partido Demócrata Cristiano, Edman Lara, acusó a jefes de prensa y dueños de medios de manipular encuestas. En diferentes mensajes, Lara atacó de manera específica a los periodistas Carlos Valverde y Vania Borja. A Borja la vinculó con presuntos casos de corrupción mencionando a su esposo, que es policía.
Diferentes gremios periodísticos se manifestaron en contra de las expresiones de Lara por ser agraviantes, difamatorias y amenazantes especialmente en contra de Valverde y Borja. Agregaron que la exposición de familiares de periodistas constituye una forma de hostigamiento y amedrentamiento al ejercicio periodístico.
El 20 de agosto, Lara ofreció disculpas por estas expresiones al mismo tiempo que vinculó a los reporteros con “logias”. Las logias en Bolivia se refieren a poderes articulados, usualmente económicos, pero también articulados con sectores delictivos, como el narcotráfico, explicó Alanes.
Ante estas declaraciones, en una carta pública el Consejo Nacional de Ética Periodística de Bolivia (CNEP) exigió a Lara que aclare y respalde con pruebas las acusaciones contra periodistas.
Para el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz (CMP) las tensiones electorales que se empezaban a ver desde el inicio de 2025, hicieron recordar las elecciones de 20219. Entonces, el caos político (que incluyó la suspensión del conteo de votos y la salida de Bolivia de Evo Morales) llevó a que se registraran el número más alto de agresiones contra periodistas hasta ese momento. Durante todo el año, la ANP registró 162 ataques generales a la libertad de expresión.
Cuando el CMP monitoreó los ataques este año, encontró 45 violaciones generales del trabajo periodístico hasta junio. De estos, 12 fueron en contra de mujeres periodistas, 31 a hombres y dos fueron catalogados como amenazas a la prensa en general.
Alanes, de la ANPB, dijo que 2019 fue un año con una “conflictividad extrema” debido a la crisis política y esto se reflejó en el gran número de ataques a medios y periodistas. Si bien en 2025, no llega a esos números, se mantiene la violencia.
“En el actual contexto electoral las agresiones han disminuido en número, pero se han repetido los niveles de violencia extrema, física y verbal, incluidas amenazas de muerte”, dijo Alanes.
El CMP está particularmente preocupado por la cantidad y el tipo de ataques contra mujeres periodistas. Su monitoreo de este año confirmó datos históricos de la ANPB que indican que tres de cada diez ataques contra periodistas son cometidos contra mujeres.
“Esas agresiones tienen esa connotación sexista, descalificadora, denigradora de la integridad personal y profesional de las periodistas”, dijo Alanes.
Durante este periodo electoral en particular, las mujeres periodistas sufrieron agresiones físicas, amenazadas, hostigadas y censuradas, algo que para el CMP “vulnera no solo su bienestar personal, sino también la libertad de prensa y el derecho ciudadano a recibir información veraz y oportuna”.
“Hemos visto que, en momentos de conflictividad social, la agresividad y la misoginia no solo se expresa a través de servidores públicos, como en este caso la policía, sino también de los denominados movimientos sociales. O sea, grupos de la sociedad civil organizados en manifestaciones y que también agreden a los periodistas y a las periodistas en particular”, dijo Patricia Flores, presidente del CMP, a LJR.
Flores y Alanes coinciden además en que cuando se ejerce violencia contra las mujeres periodistas esta suele tener una connotación sexual que incluye tocamientos y amenazas de violación.
El 3 de mayo, por ejemplo, mientras la periodista Ángela Ninoska Mamani y su hijo, el camarógrafo Dahan Joaquín Vedia, cubrían una manifestación relacionada con la operación de camiones de basura cerca de Cochabamba. Cuando la protesta se tornó violenta, Mamani fue golpeada y robada, y las cámaras de Vedia fueron robadas. Manani denunció haber sido presionada por la policía para conciliar con su agresor quien también la amenazó con violencia sexual.
También en Cochabamba, el 6 de mayo, Paola Cadima, periodista de la red Unitel, fue agredida sexualmente por hombres en aparente estado de ebriedad, quienes la rodearon e hicieron tocamientos mientras cubría la protesta de los camiones de basura. Cadima se desmayó por el impacto. El camarógrafo que la acompañaba, Juan Rojo Adrián, fue agredido físicamente por los mismos hombres.
Estos son solamente dos casos de los registrados en el monitoreo, y aunque no se trataban de coberturas de un evento electoral, tienen que ver con el contexto de manifestaciones y violencia que se tomó el país durante ese periodo.
Uno de los temas que más preocupan a Alanes y Flores tiene que ver con la respuesta de la justicia a los ataques contra mujeres periodistas. En el caso de violencia sexual en muchos casos ni siquiera quieren recibir la denuncia, dijo Alanes.
Por esta razón, el CMP recomienda a las autoridades crear un mecanismo de protección con enfoque de género y la capacitación de operadores de justicia y otros funcionarios en temas de género. Asimismo, recomienda garantizar mecanismos de denuncia seguros, y realizar informes sobre violencia de género contra periodistas que permitan diseñar políticas públicas para enfrentar el problema.
