Una investigación de la revista colombiana Semana en la que afirma que más de dos docenas de periodistas nacionales e internacionales fueron espiados por funcionarios de inteligencia del Ejército ha provocado escándalo y llamados a abrir nuevas investigaciones.
“Entre febrero y los primeros días de diciembre [de 2019], las actividades de más de 130 ciudadanos fueron blanco de lo que los militares llamaron ‘perfilaciones’ y ‘trabajos especiales’”, escribió Semana en la investigación especial “Las carpetas secretas” publicada el 1 de mayo.
Una investigación especial de la revista Semana detalla un presunto espionaje contra periodistas por parte del Ejército colombiano. (Captural de pantalla).
“En esas misiones, por medio de herramientas informáticas y de software, realizaron búsquedas y recolectaron masiva e indiscriminadamente toda la información posible de sus objetivos para elaborar informes de inteligencia militar”, escribió Semana.
Se crearon perfiles de los periodistas que incluían información personal sobre familiares, amigos, fuentes, tendencias políticas deducidas, lugares visitados, entre otros temas, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Entre los presuntos afectados están los periodistas estadounidenses Nick Casey (The New York Times), Juan Forero (The Wall Street Journal) y John Otis (NPR). En Colombia, los objetivos presuntamente incluían a María Alejandra Villamizar (Noticias Caracol) y periodistas de los sitios Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio.
Estas recientes acusaciones se producen después de un reportaje en enero de 2020 en el que Semana señalaba que el antes Comandante del Ejército Nicacio Martínez se había retirado el diciembre anterior anterior debido a denuncias de espionaje ilegal a periodistas y otras figuras públicas. Tras ese reportaje, la delegada de la Fiscalía General ante la Corte Suprema de Justicia “abrió una indagación por los delitos de violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, entre otros delitos”, informó El Tiempo.
El fiscal general Francisco Barbosa dijo que las nuevas acusaciones reveladas por Semana se agregarán a las investigaciones, añadió el diario.
Barbosa también dijo que Martínez sería citado a interrogatorio sobre el presunto espionaje, informó DW.
A través de su abogado, Martínez negó haber dado órdenes de operaciones de inteligencia contra periodistas. La declaración decía: “Desconozco si los hechos narrados por la Revista Semana en varias de sus publicaciones hayan sucedido a otro nivel de manera oculta. Si lo hubiera conocido, habría sido el primero en denunciar. De lo único que estoy seguro es que si se cometió algún acto en ese sentido, no fue llevado a cabo por el Ejército como institución ni mucho menos avalado por su comandante”.
“Mientras fui Comandante del Ejército Nacional, jamás percibí ni traté a los medios de comunicación como enemigos del Estado o de la Fuerza Pública”, agregó la declaración.
La FLIP alegó que aunque el Ministro de Defensa, la Fiscalía General y la actual cúpula militar conocían las denuncias de perfilamiento y monitoreo desde al menos enero de 2020, el Ministerio de Defensa sólo anunció las medidas que se habían tomado horas antes de la publicación de la investigación de Semana del 1 de mayo. Una de esas medidas fue el despido de 11 funcionarios. La organización también dijo que la Corte Suprema tenía evidencia del monitoreo desde diciembre de 2019, pero no hubo avances en la investigación.
“Rechazamos enfáticamente que en Colombia permanezcan y se agudicen las prácticas de perfilamiento y vigilancia a periodistas por parte de organismos de inteligencia estatal”, escribió la FLIP. “Estas acciones infringen las obligaciones del Estado colombiano en materia de libertad de prensa, son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país”.
Después de la publicación del reportaje más reciente de Semana, organizaciones internacionales y regionales de libertad de prensa también condenaron los hechos y exigieron investigaciones.
“La nueva investigación sobre esta operación aporta detalles profundamente alarmantes sobre cómo el esquema del Ejército colombiano puso en riesgo tanto a los periodistas nacionales y extranjeros como a sus fuentes”, dijo Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). “El Gobierno del presidente Iván Duque debe actuar con celeridad para identificar a los responsables y asegurar que enfrenten las consecuencias correspondientes”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó cualquier espionaje contra periodistas.
Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, señaló que “las interceptaciones ilegales y el espionaje no son prácticas nuevas en la región, ya lo habíamos visto en muchos países, entre ellos en Argentina, Ecuador, México, Perú y Venezuela”.
El presidente de la SIP, Christopher Barnes, dijo que los actos de perfilamiento “corroen la confianza necesaria entre las fuentes y los periodistas”.
Los periodistas que fueron las presuntas víctimas de los perfilamientos del Ejército escribieron una carta exigiendo respuestas del gobierno, según informó El Espectador. Preguntaron quién dio la orden para el presunto perfilamiento y monitoreo, si los periodistas eran una amenaza para la seguridad nacional, quién tenía acceso a las supuesta carpetas y si el Presidente, el Ministerio de Defensa o las altas autoridades conocían los hechos denunciados. También pidieron garantías para continuar su trabajo sin ser perfilados, espiados o estigmatizados.
Este artículo fue escrito originalmente en inglés y fue traducido por Silvia Higuera.
