En un entorno de crecientes restricciones al acceso a la información pública, constantes ataques por parte del presidente contra periodistas y un alto nivel de impunidad en los crímenes contra los profesionales de la prensa, los medios digitales en Guatemala se esfuerzan por hacer y mantener un periodismo de investigación y profundidad. Para ello, utilizan diferentes herramientas y métodos de trabajo: narrativas largas, datos, periodismo comunitario y colaboraciones con artistas.
Según Reporteros Sin Fronteras, Guatemala ocupa el puesto 116 en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2021. La ONG dice que la violencia endémica, el crimen organizado, la corrupción y la impunidad hacen “particularmente complicado” el trabajo para los periodistas y señala que “a menudo” se registran asesinatos de periodistas.
Organizaciones como Human Rights Watch y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) advirtieron en un comunicado a principios de este año que el presidente Alejandro Giammattei ha estado atacando a la prensa con “una retórica beligerante y acusaciones falsas” desde el inicio de su mandato en enero de 2020. Las organizaciones también destacaron que el gobierno ha restringido el acceso a la información pública, lo que se ha agravado en el contexto de la pandemia.
Más recientemente, en mayo, la entrada en vigor de la denominada ‘Ley de ONG’ en Guatemala fue condenada por varios organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El conjunto de medidas le da al gobierno un amplio control de estas organizaciones, incluidas las asociaciones de prensa y los medios de comunicación sin fines de lucro, dijo el CPJ. Además, la ley posibilita que el Estado, a través de una decisión unilateral, cierre una ONG por considerar que la organización “violó el orden público”.
En este contexto, LatAm Journalism Review (LJR) conversó con representantes de tres medios digitales en Guatemala, quienes hablaron sobre los principales desafíos para hacer periodismo de investigación en el país y también cómo están innovando e invirtiendo en nuevas estrategias narrativas y de negocio.
Agencia Ocote
Los tres cofundadores: Julio Serrano, Alejandra Gutiérrez Valdizán y Lucía Reinoso. (Foto: Cortesía)
Los socios fundadores de Agencia Ocote pasaron dos años planificando el nuevo medio digital, incluida la redacción del plan estratégico y de sostenibilidad, hasta su lanzamiento en 2019.
Según Alejandra Gutiérrez Valdizán; cofundadora, coordinadora general y directora editorial de Ocote; la motivación para crear el medio vino de identificar necesidades específicas del público y tener un espacio para explorar narrativas transmedia.
“Y un tema que nos rondó en todo momento era esa necesidad de que hayamos mujeres que fundamos los medios y los dirigimos en su mayoría, porque creemos que no es solo una cuestión de hacer un enfoque de género y temáticas enfocadas en las mujeres, sino también cambiar algunas dinámicas de las redacciones de los medios”, dijo Gutiérrez a LJR.
De los fundadores, quedan tres en Ocote: un hombre, Julio Serrano Echeverría, que es artista audiovisual y poeta, y dos mujeres, Lucía Reinoso Flores, especializada en producción audiovisual y comunicación digital, y Gutiérrez, que es periodista.
El medio, cuyo enfoque es el periodismo profundo, tiene unos temas prioritarios de cobertura, a los que denominan líneas programáticas. Uno es mujer y diversidad, y el otro se ocupa de los medios de comunicación, lo que incluye el seguimiento y la elaboración de perfiles de periodistas amenazados en el país. Esta línea programática también engloba el proyecto de verificación de datos de Ocote, denominado Fáctica, que participa en redes de verificación de datos como Latam Chequea.
Otro tema importante es la cultura, que la agencia entiende no solo como entretenimiento, sino como “una explicación social y acto político”. Finalmente, hay una línea programática sobre medio ambiente y otra sobre memoria histórica y justicia, porque, según Gutiérrez, el país vive en una “sociedad de posguerra”.
“Imagínate que en Guatemala hubo una guerra de 36 años en la que todavía siguen habiendo juicios transicionales, por ejemplo, y creemos que es importante esa cobertura aún, porque pareciera que ya el tema pasó y no”, explica.
Además, Gutiérrez destaca la participación de Ocote en Guatemala Leaks, una red de medios que hace “un periodismo investigativo más clásico de corrupción e impunidad”, así como proyectos de cobertura sobre COVID-19, como el programa Salud con Lupa, un medio de ciencia y salud.
El plan de Ocote es ampliar gradualmente las líneas programáticas. Estos temas fueron elegidos, dice Gutiérrez, no solamente porque son importantes y de su interés, sino también porque creen “que los medios tradicionales u otros medios no los están cubriendo con la profundidad o la periodicidad que se requiere”.
Consejo de redacción de Agencia Ocote. (Foto: Cortesía)
Uno de los diferenciales de Ocote, dice Gutiérrez, es un enfoque multidisciplinario, en el que experimentan con la colaboración entre el periodismo, las ciencias sociales y las artes. Según ella, los métodos clásicos del periodismo de investigación y de profundidad tienen un mayor peso en los trabajos, pero la agencia siempre busca presentar el contenido de una manera diferente.
“Lanzamos un especial regional el año pasado que coordinó Ocote, que hicimos con El Faro y con ContraCorriente, entonces el grueso era periodismo de datos y reportajes puros y duros, sobre violencias contra las mujeres, pero luego había otra parte en la que también artistas hacían como una reinterpretación del trabajo periodístico, se hacía un trabajo visual sobre eso”, dijo.
Para Gutiérrez, los peores ataques contra la redacción se produjeron en represalia por investigaciones sobre temas relacionados con la mujer y el acoso. Hubo amenazas, intimidación e intentos de desacreditar a periodistas y medios de comunicación, a menudo provenientes de cuentas anónimas. “Hay grupos desinformadores, grupos muy conservadores en Guatemala [...] pues también nos ponen el ojo”.
Al mismo tiempo, señala que son los periodistas comunitarios, que trabajan fuera de la capital, quienes corren mayor riesgo en el país. “Yo no me atrevería a comparar lo nuestro”.
Tras cumplir dos años de funcionamiento, Ocote cuenta actualmente con una redacción de 12 personas. El medio se financia principalmente con fondos donados por organizaciones y fundaciones nacionales e internacionales. Además, están invirtiendo en proyectos editoriales y en hacer posible el aporte económico de los lectores y, desde 2018, mantienen una agencia que vende servicios de comunicación y producción.
Agencia Prensa Comunitaria Kilómetro 169
La agencia Prensa Comunitaria Kilómetro 169 fue creada en 2012 y lleva el nombre de una masacre de indígenas por parte de las fuerzas de seguridad que tuvo lugar el mismo año, en el departamento de Totonicapán, dice el sociólogo Francisco Simón Francisco, investigador y periodista del medio. “Prensa Comunitaria le da ese otro nombre, KM 169, en honor a la masacre que ocurrió en el km 169”, explicó en entrevista con LJR.
El medio, con un enfoque comunitario y multidisciplinario, está conformado por un equipo de indígenas y mestizos– 15 son el equipo central, pero hay un total de 45 corresponsales departamentales, entre periodistas, académicos y científicos sociales. Para financiarse, realizan servicios de consultoría, comercializan servicios de comunicación y participan en avisos públicos de fondos de filantropía y grants.
La sede se encuentra en la capital, y los corresponsales se encuentran repartidos por varios departamentos del país, principalmente en áreas rurales y territorios indígenas.
Francisco Simón de Prensa Comunitaria. (Foto: Cortesía)
“Vivimos en las comunidades, somos parte de los hechos, somos sujetos de los hechos [que informamos]”, dijo Simón.
Según él, el medio decidió cubrir la crisis humanitaria derivada de la “imposición del modelo extractivo” en el país y, junto con ello, temas relacionados con el feminismo, los pueblos indígenas y la migración.
“Nuestro interés es mostrar los esfuerzos que realizan y las situaciones de amenazas por las que pasan esos pueblos en sus territorios, como las dinámicas de despojo por hidroeléctricas, mineras y monocultivos”, dijo Simón quien comenzó a trabajar en Prensa Comunitaria en 2014.
Además, informan sobre la crisis humanitaria provocada por los huracanes Eta y Lota, que azotaron al país el año pasado, y temas relacionados con libertad de prensa y expresión. Responsable del Programa de Autocuidado y Protección de Periodistas Comunitarios de Prensa Comunitaria, Simón dice que su objetivo es “dignificar esa labor comunitario, con reconocimiento social y legal”. Esto se debe a que, según él, no existe un marco legal que regule la profesión de los periodistas comunitarios, quienes sufren racismo y discriminación, incluida la persecución judicial y la criminalización.
“En Guatemala, si bien es cierto que hay leyes que garantizan y abogan la libertad de prensa y expresión, no hay una ley que reconozca la labor que realizan los periodistas o comunicadores desde las provincias. Muchas veces la misma sociedad no lo reconocen”, aseguró.
Equipo de Prensa Comunitaria. (Foto: Cortesía)
Por lo tanto, también afirma que los periodistas comunitarios están más expuestos a riesgos. Simón dice que los periodistas de Prensa Comunitaria ya han sido víctimas de agresiones físicas, censura y amenazas.
“El riesgo, al menos para quienes ejercemos el periodismo con métodos de las ciencias sociales, es alto, porque nuestras investigaciones son de larga duración y trabajo de campo. Visitamos [las comunidades] y nos encontramos con el crimen organizado, el narcotráfico y el coyotaje”, dijo.
Simón dice que los ataques a periodistas a menudo los llevan a cabo autoridades y funcionarios públicos.
“A una periodista […] un fiscal del Ministerio Público le obligó que borrara unas fotos que ella cubrió de una situación de asesinato en la comunidad. Es decir, la restricción al ejercicio del periodismo no solo se da por autoridades locales, por el gobierno, sino que también se da por el mismo juez, por el mismo fiscal”, aseguró.
No-Ficción
El medio digital No-Ficción comenzó a planificarse en 2017 y fue lanzado al año siguiente por cinco periodistas, que habían trabajado en Plaza Pública y se encontraban trabajando como freelancers. La idea, según Oswaldo J. Hernández, periodista y cofundador de No-Ficción, era tener un enfoque colectivo, que evitara las trampas del ego periodístico.
“Muchos de los medios son unipersonales, es decir, solo es el director o la directora el que se destaca, el nombre de él es que figura, y cuando le pasa algo al director todo el proyecto se cae”, dijo Hernández a LJR.
La propuesta del colectivo era llenar un vacío informativo. Hernández dice que en Guatemala, los medios tradicionales cubren la agenda diaria, y los medios digitales alternativos luchan por hacer esa misma cobertura, pero con menos personal. El colectivo creía, entonces, que faltaba un análisis estructural y, por tanto, era necesario “contar bien el país”.
“Lo que nos propusimos fue partir de la idea: ‘no te vamos a contar qué está pasando, sino por qué está pasando, porque llegamos a esta crisis coyuntural’. Vemos que Guatemala pasa de crisis en crisis, de escándalo en escándalo, pero nadie le podía dar forma, porque cuando tú te enfrentas a eso, tienes información dispersa en medios de comunicación tradicionales y no le das un sentido lógico”, dijo.
Equipo de No-Ficción. (Foto: Cortesía)
Y, para contar bien al país, No-Ficción apuesta por tres vertientes: narrativa, investigación y datos, que es la consigna del colectivo. Hoy el medio cuenta con diez profesionales y se mantiene a través de fondos nacionales e internacionales.
No-Ficción enfoca su cobertura en temas como transparencia y corrupción, crimen organizado y justicia, medio ambiente, interculturalidad (la diversidad de culturas en Centroamérica) y servicios públicos – que incluyen derechos humanos, salud, educación, entre otros.
Según Hernández, uno de los momentos más tensos, en cuanto a agresiones, fue cuando fueron intimidados por funcionarios deportivos, cuando estaban investigando corrupción en el sector. Sin embargo, dice que no le gusta que los periodistas “se victimizan” y asegura que, en su redacción, toman ciertas precauciones, como mejorar la seguridad digital e invertir en alianzas con organizaciones que apoyan a los defensores de derechos humanos.
Las alianzas, según él, sirven para incrementar la influencia e incidencia del medio entre otros países de la región, porque, a medida que se conocen mejor, se sienten más protegidos. Al mismo tiempo, la red regional de medios puede ayudar a encontrar refugio en otro país si un periodista necesita salir de Guatemala en una emergencia.
Hernández dice que le preocupan los grupos llamados por la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala de Naciones Unidas (CICIG) como “redes político-económicas ilícitas”.
“Un fenómeno de Guatemala es que los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que trabajaban desde la inteligencia del Estado en los años 80 todavía persisten en la actualidad. Hemos tenido una intimidación de parte de esos grupos... Son un cuerpo paralelo clandestino [...], son funcionarios del Estado, pero al mismo tiempo tienen sus fraternidades afuera del Estado con abogados, empresarios y con todo el andamiaje, incluso el narcotráfico”, asegura.
Hernández afirma que estos grupos tienen la costumbre de hacer registros de periodistas y que los nombres de los profesionales de la No-Ficción suelen aparecer en esas listas.
Además de la seguridad, Hernández cita la falta de transparencia por parte de autoridades y funcionarios públicos como una de las dificultades para realizar periodismo de investigación en Guatemala. Según él, recientemente, las solicitudes de información realizadas de conformidad con la ley de acceso ya no se están cumpliendo. A veces los datos se envían, pero se demoran mucho tiempo.
“Sí, lo entregan, pero te cansan, te agotan. Hasta tienes que plantear recursos legales para ver si te entregan”, dijo.
Para él, hubo un deterioro de la transparencia con la llegada de Giammattei como presidente. “Hay más reticencia de los funcionarios a entregar información”.
Hernández también menciona la ley de ONG como una amenaza y dice que el país está experimentando un retroceso, luego de años de avances con la CICIG. Según él, este periodo de lucha contra la corrupción fue “una primavera”, en la que “hasta el Presidente tuvo que renunciar” y “se logró tocar el poder tradicional”.
Sin embargo, afirma que estos sectores han articulado un contraataque.
“En ese momento tienen cooptado la Corte de Constitucionalidad, [...] la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelación, el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, la Presidencia. La dificultades que tenemos como periodistas es enfrentarse a ese monstruo que se está creando que está luchando por la impunidad y por el retroceso de toda la credibilidad democrática, y nos niegan documentos y nos niegan fuentes”, dijo.
Hernández dice que “cuando un Estado se vuelve autoritario”, hay “un terreno fértil para la investigación”, pero que también preocupa por la seguridad de los periodistas.
“Estamos viendo un sistema autoritario que está haciéndose paulatinamente, no como en El Salvador que es de una vez ya evidente, pero en Guatemala está sucediendo de forma paulatina. Sí, vemos que el Estado se está articulando de una manera preocupante”.
*Este artículo fue escrito originalmente en portugués y fue traducido por Silvia Higuera.
