Por Mónica Almeida, editora regional del Diario El Universo en Ecuador
El martes 25 de octubre, un grupo de periodistas y organizaciones de defensa de los derechos humanos nos presentamos en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington DC, para exponer los problemas que están afectando a la libertad de expresión en Ecuador.
Nuestro primer round internacional para defender la libertad de expresión de los ecuatorianos frente al Estado de nuestro país. Quizás en la mejor cancha a disposición de los ciudadanos, la CIDH.
Lamentablemente, dos personas no pudieron acompañarnos. Ellos son Pepe Acacho, vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y directivo la radio Arutam de la comunidad Shuar (Amazonía), quien está acusado de terrorismo; mientras que Wilson Cabrera propietario de una radio amazónica a la que no se le renovó la frecuencia y se le confiscaron sus equipos, fue impedido el momento de pasar los controles migratorios en el aeropuerto, por una causa que aún se desconoce.
Hasta el último minuto nos preparamos para una exposición de 20 minutos, en la que queríamos sensibilizar a todos quienes nos pudieran escuchar sobre la situación de Ecuador. Nerviosos porque sabíamos que del otro lado íbamos a tener al procurador del Estado, pero al mismo tiempo llenos de valentía con ese convencimiento de que estamos defendiendo principios.
Afuera no faltaron una veintena de simpatizantes del gobierno con arengas a favor del presidente y del canciller Ricardo Patiño, y carteles contra los medios. Era lo que esperábamos.
Nuestra exposición arrancó con un vídeo en el que se muestra cómo en el Ecuador el poder Ejecutivo considera natural intervenir en los otros poderes del Estado, la sistemática campaña de estigmatización contra los periodistas y cuatro casos específicos de intentos de acallar a periodistas y medios a través de procesos administrativos y judiciales.
Además de las dos radios ya citadas, el uno es el juicio que sigue el presidente Rafael Correa, como ciudadano, contra los periodistas de investigación Juan Carlos Calderón y Christian Zurita por la publicación del libro El Gran Hermano, en el que revelan cómo Fabricio Correa, hermano del presidente, obtuvo contratos con el estado por unos 170 millones de dólares.
A ellos, que se han batido en el periodismo por más de 20 años y que lo único que tienen es una casa y un vehículo, se les pide una indemnización de 10 millones de dólares. Si los condenan, van a tener que trabajar 200 años para el ciudadano presidente.
Y el otro es la condena en segunda instancia en el juicio penal, que también sigue Rafael Correa como ciudadano, contra el periodista Emilio Palacio, los tres directivos de Diario El Universo, y la empresa CA El Universo, y que alcanza el pago de 40 millones de dólares y tres años de prisión para estas cuatro personas.
El video puede ser visto abajo.
El resto de la intervención fue para ahondar en la idea de que estos cuatro casos no son aislados, porque los ciudadanos comunes también han sido encarcelados por faltarle el respeto al presidente Correa.
Lo más grave aún es que a pesar de que hace más de un año el estado ecuatoriano se comprometió ante la CIDH a eliminar el delito de desacato, ahora, el gobierno, que cuenta con mayoría en la Asamblea, presentó un nuevo proyecto de ley en que igual se tipifica el delito de injuria a la autoridad, en momentos en que esta figura penal ya está desapareciendo de todo el continente por considerarla atentatoria contra la libertad de expresión.
Alertamos también de que el mayor peligro es que la designación y remoción de jueces en el Ecuador está en manos de solo tres personas afines al gobierno, integrantes del Consejo de la Judicatura de Transición. Si tenemos que enfrentar un juicio, como ya es el caso de los dos procesos arriba citados ¿qué garantías tenemos los ecuatorianos de que seremos juzgados por magistrados independientes?
Por ello pedimos que el gobierno ecuatoriano invite a una misión del a CIDH a visitar el país y, además, que el presidente y sus ministros retiren las querellas contra los periodistas y medios.
En la audiencia también estuvo el estado ecuatoriano. A Washington llegó una nutrida delegación en la que estuvieron representados todos los poderes del Estado. Incluso el presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, que hasta podría ser juez de última instancia en los casos del Gran Hermano y El Universo, si en algún momento se pide decide pedir un amparo de protección. A última hora, Pazmiño prefirió no asistir pero sí enviar un boletín de prensa diciendo que él estaba en Washington para cumplir actividades académicas.
Al inicio de la audiencia, la presidenta de la CIDH, Dinah Shelton, enumeró a todos los acreditados por el estado ecuatoriano. Es así que mencionó no solo a Pazmiño y su asesor, sino también a Tania Arias, integrante del Consejo de la Judicatura de Transición, y hasta al Defensor del Pueblo. Ninguno de los tres estuvo presente.
El video de la audiencia está abajo.
Dos funcionarios hablaron por el estado ecuatoriano. Diego García, procurador de la nación, quien consideró que los casos presentados son casos específicos y que de ninguna manera reflejan el estado de la libertad de expresión en Ecuador. No consideró adecuado que los demandantes expongamos los problemas de las supuestas criminalización de la protesta social y manipulación de la justicia, o el código penal. Es por ello, que García alertó a los comisionados de que nuestra intención era convertirlo en un proceso político contra el gobierno.
Luego le tocó el turno al ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, para quien nosotros representamos a los grupos de poder que fueron responsables del congelamiento bancario en el Ecuador en 1999 y la crisis financiera de esos años. Y más allá de asegurar que la censura viene de los dueños de los medios, enumeró todos los logros del gobierno del que forma parte.
Para los periodistas que hemos revelado casos emblemáticos sobre la crisis bancaria de esa época, como la mayoría de los ahí presentes, fue muy indignante que ahora se nos acuse de representar a sus responsables. Fue la constatación de que al final, el poder cuando está investido de demasiada soberbia, solo busca chivos expiatorios entre los mensajeros.
Las intervenciones del estado superaron el límite previsto, y por ello la presidenta nos concedió nuevamente cinco minutos, que los usamos para insistir en que no se habían respondido los planteamientos ahí expuestos.
Los minutos finales fueron para que los comisionados planteen algunas interrogantes, que se centraron en la autoregulación de los medios, la independencia de poderes en el Ecuador, el decreto de movilización del sistema judicial emitido por Correa, y la inquietud de que parecería que el delito de injuria se aplica en Ecuador solo para los periodistas y ciudadanos comunes, pero que desde el poder se insulta sistemáticamente. Y para que Shelton concluya diciendo que esperaba la invitación del gobierno para visitar el país.
Creemos que fue un round a nuestro favor, por puntos como dijo alguien. Pero solo es un round y en una buena cancha. Una cancha donde no nos pueden cortar la palabra con cadenas de propaganda del gobierno o desprestigio contra los periodistas, o nos pueden mandar adeptos a hacernos manifestaciones fuera de los medios, escoltados por la policía. Una cancha donde se nos escucha imparcialmente.
Acá, de regreso, nos esperan las mismas batallas y quizás peores porque las cartas ya están echadas. Pero seguiremos sacando la fuerza para enfrentarlas.
Mónica Almeida, basada en Quito, es la editora regional del Diario El Universo. Ella ganó una Beca Nieman en 2008-2009.
