La Ley de Delitos Informáticos, también llamada ‘nueva ley Beingolea’, o ‘ley Frankestein anti Internet’ por algunos de sus opositores, fue aprobada casi por unanimidad en el congreso peruano el 12 de setiembre. De ser firmada por el presidente Ollanta Humala podría poner en serio riesgo el derecho a la libertad de expresión y el derecho constitucional al secreto de las telecomunicaciones de los peruanos, como explicó en su portal web la ONG de ese país, Hiperderecho.
El proyecto de ley aprobado sanciona los delitos de violación a la intimidad mediante la obtención de datos personales, al secreto de las comunicaciones, a la difusión indebida de datos o información de carácter personal al igual que la tenencia y tráfico de material de pornografía infantil. Estos delitos serían sancionados hasta con seis años de cárcel, publicó Infobae.
Para Miguel Morachimo, director de la ONG Hiperderecho, la ley presenta errores de fondo y forma, pues, su texto fue cambiado durante el receso de la sesión de votación en el congreso, sin que se pudiera advertir ni cuestionar los agregados como la penalización que supondrían opiniones discriminatorias en Internet. No ha habido una consulta ciudadana “ni un debate participativo ni informado” del nuevo contenido insertado en ley aprobada por los legisladores, por lo que Hiperderecho le solicita al presidente Ollanta Humala devolver el proyecto al parlamento para mayor análisis.
El autor del cuestionado proyecto de ley, Juan Carlos Eguren, descartó que esta vulnere los derechos de privacidad o que ponga en peligro la libertad de información en la red, acotando que “la norma combate los riesgos al que están expuestos los usuarios de la red”, según informaciones de Perú.com.
A su turno, el sitio web de la organización Access, que vela por la protección de los derechos humanos y civiles en Internet, publicó que la mencionada ley eliminaría el anonimato en línea, que obligaría a las empresas a cumplir con peticiones gubernamentales sobre los datos personales del usuario y amenazaría a los usuarios de Internet con pena de cárcel por sus actividades en línea.
Diversas organizaciones latinoamericanas también dirigieron una carta al Congreso peruano, pidiendo mayor atención y cuidado en la modificación del código penal respecto a la incorporación de la nueva clasificación de delito informático, ya que estas pueden terminar afectando los derechos al debido proceso, a la privacidad y a la libertad de expresión.
En la misiva hicieron mención de la ratificación de Perú de la resolución 20/8 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, respecto a la ‘Promoción, Protección y Disfrute de los Derechos Humanos en el Internet”, la cual enfatiza el derecho a la libertad de expresión y de opinión de toda persona “tanto en el mundo offline como en el online”.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
