La temporada de elecciones en Brasil pusieron a prueba a Ctrl+X, una plataforma creada para monitorear las demandas que exigen se retire contenido de internet. Según esta plataforma los “procesos electorales”, uno de los procedimiento legales que monitorea el sitio, aumentó en un 33 por ciento en las recientes elecciones municipales comparada con las elecciones de 2012. En muchos casos, los políticos y sus partidos van a determinadas cortes electores a demandar a periodistas y así lograr que alguna información sea retirada de internet.
Hubo 559 acciones en los tribunales este años comparado con las 419 en 2012, de acuerdo con la plataforma Ctrl+X, creada por la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji por sus siglas en portugués).
El proyecto, que mapea procesos judiciales en contra de la divulgación de información en Brasil, también registró otro hecho alarmante: los pedidos de censura previa se dispararon en las últimas elecciones. Los procesos que incluyen este tipo de pedidos se cuadruplicaron en comparación con las elecciones de 2012 al pasar de 23 a 93 casos.
Entre 2002 y 2016, según una encuesta de Ctrl+X, alrededor del 10 por ciento de los procesos electorales incluían solicitudes de censura previa. Entre estos casos, casi el 20 por ciento fue concedido por el juez, es decir, el medio, la empresa o el periodista tuvo prohibido publicar en el futuro cualquier información sobre un determinado tema o una persona.
“Estos procesos que además de exigir se retire contenido que se encuentra al aire, piden que la compañía deje de publicar alguna información. Algo que, según ellos, puede dañar el honor y la dignidad de un candidato, por ejemplo. Entonces el periodista tiene para adivinar si el candidato se ofenderá o no. Es una especie de censura para evitar que una información, incluso antes de su publicación, llegue a ser conocida por la población”, dijo el periodista James Mali, coordinador de Ctrl+X, al Centro Knight.
Según Mali, la forma como funciona el sistema judicial puede proporcionar una comprensión de esta alta tasa de aprobación de las solicitudes de censura previa.
“En el período de elecciones, estos jueces, que en la mayoría de los casos no son jueces electorales, son reclutados por estos tribunales para ayudar a juzgar este tipo de casos. Por lo que a menudo no tienen experiencia en esta área”, dijo Mali.
Además, los jueces se ven presionados a decidir rápidamente para evitar que un candidato sea dañado durante la campaña y que esto interfiera con el resultado de la elección.
“Algunos jueces son muy sensibles al argumento de que si no retiramos la información del aire, es posible que el candidato pierda la elección. Así que el juez termina actuando como medida de precaución, pero puede, en algunos casos, pasar por encima del mérito de la noticia, sea legítima o no, sin pensar en cuestiones como las libertades de información y expresión”, dijo Mali.
De acuerdo con la encuesta del proyecto, más de 100 medios de comunicación fueron procesados solamente durante las elecciones de 2016. A Abraji le preocupan especialmente los casos de periódicos regionales, municipales o de distrito, y las pequeñas empresas de medios que no tienen una estructura para defenderse ante los tribunales.
Según Mali, las compañías de medios tradicionales son por lo general las que más son procesadas en términos de número de acciones, pero tienen departamentos legales que pueden proteger a los periodistas.
“Hay un gran número de medios pequeños que han sido objetivo de estos procesos. Cuando esto le sucede a iniciativas de periodismo independiente, de forma sistemática, no pueden darse el lujo o el tiempo para defenderse. Porque el periodista debe ir personalmente al tribunal. Y si uno está dirigiendo un proyecto de periodismo de manera particular, eso le va a impedir realizar otros reportajes”, dijo Mali.
Para él, estas acciones terminan intimidando a los periodistas, quienes evitan escribir o hablar sobre determinado tema político para no sufrir represalias.
Otro hallazgo del estudio es que los políticos están cada vez más preocupados por la influencia de las redes sociales en los votantes. De los 1.604 procesos electorales registrados por Ctrl+X desde el año 2002, 941 tienen como acusado a Facebook o Twitter, es decir, casi el 60% del total.
“Los partidos políticos se dieron cuenta de que el votante se informa mucho por las redes sociales, por lo que tratan por todos los medios de controlar estos mensajes. Temiendo que las críticas se vuelvan virales, ellos procesan a Facebook para retirar contenido del aire. Más del 50 por ciento de los casos incluyen a Facebook”, aseguró Mali.
Según el periodista, incluso si un candidato va a la corte en contra de una persona por algo publicado en una red social, Facebook o Twitter también entran como acusados. Por eso, aunque no son los productores de contenidos, son los blancos más frecuentes de las acciones judiciales como plataformas de publicación.
Además de Facebook y Twitter, Google y UOL también están en la parte superior de los mayores proceso electorales.
“Google es [demandando] micho por videos, para que retire contenido de YouTube. Y UOL lo es por ser proveedor de muchas páginas, por lo que terminan procesando al a empresa por esto”, afirmó el coordinador de Ctrl+X.
Antecedentes del proyecto
La plataforma Ctrl+X surgió durante las elecciones de 2014 como una forma de mapear los procedimientos legales como los pedidos de retirar contenido de internet. Hasta entonces, de acuerdo con Mali, no había un estudio disponible sobre el tema en el país.
Cuando entró en operación, Ctrl+X comenzó a monitorear estas acciones, y a realizar una búsqueda retroactiva hasta el año 2002 para crear una base de datos más completa.
“Estábamos preocupados por el uso de este tipo de instrumento legal como un medio de censura e intimidación contra periodistas. Pero era necesario cuantificar, porque nadie sabía qué tan grande era este problema, y solo después podíamos analizar la información”, dijo.
El objetivo del proyecto era también, de alguna manera, exponer a los actores que más procesan a los productores de contenido y, por lo tanto, tratar de contener el uso de esta acción legal.
Además de los periodistas, el proyecto registra y acompaña a todos los procesos en contra de productores de contenido en general, desde radios, canales de televisión, periódicos, blogs, hasta los mensajes de ciudadanos en redes sociales. Sin embargo, Ctrl+X se centra en las acciones que incluyen solicitudes de retirar contenido de internet. Los procesos que exigen exclusivamente derecho de respuesta, daños morales, indemnizaciones y multas, por ejemplo, no son tenidos en cuenta.
En un primer momento, Ctrl+X monitoreaba sólo los políticos y los partidos. En 2015, sin embargo, se extendieron su alcance a las demandas presentadas por las empresas y los individuos que no están conectados a la política.
En septiembre, Ctrl+X inició una asociación con una startup de tecnología de Estados Unidos, Parsehub. Con la ayuda de la empresa, Abraji estableció robots que recopilan datos de manera automática en las bases de datos de los tribunales electorales.
Antes el proyecto dependía de los sectores legales de las empresas de comunicación, que enviaban los casos a Ctrl+X. Los robots son capaces de revisar más de 20.000 demandas por semana y separarlos en una hoja de cálculo – de acuerdo con las palabras clave seleccionadas por el equipo de proyecto – se seleccionan los procesos que se consideran relevantes.
La hoja es revisada por el personal Ctrl+X, y si el caso se relaciona con peticiones de retiro de información de internet, son catalogadas y registradas en la plataforma. El cambio en el sistema es considerado por Malí como “un gran salto para el proyecto”.
“Al principio, tuvimos que sensibilizar a los medios de comunicación, blogueros y periodistas para que nos reenviaran todos los casos en contra de ellos. Pero eso es menos eficiente, porque a menudo el departamento legal tiene otras cosas que hacer y no puede enviar el material. Pero con los robots tenemos un alcance mucho mayor, logramos analizar los casos en contra de los medios pequeños en las ciudades de interior”, dijo.
El servicio de Parsehub generalmente es pago, pero Abraji consiguió la tecnología de forma gratuita para el proyecto. Actualmente, los robots se utilizan para buscar solamente en los tribunales electorales, pero la expectativa es que también sean utilizados para buscar acciones judiciales en general.
“Los sitios de los tribunales electorales comparten una estructura de navegación similar. Los Tribunales Regionales Electorales están todos conectados y se alojan en el Tribunal Superior Electoral, por lo que hace más fácil aplicar le mismo formato a todas las unidades de la federación. Pero nos queremos ampliar a todos los tribunales de justicia”, dijo.
Caso emblemático
Para Mali, un caso emblemático de restricción de la libertad de información por medio de procesos judiciales es el de Jonas Hames. El periodista trabaja en Rádio Super 99 FM en la ciudad de São Batista en el estado de Santa Catarina.
Él cubría política cuando un candidato al Ayuntamiento de la ciudad, Laudir Krammer, renunció horas antes de la elección en favor de su vicecandidato, Daniel Cándido.
La población no sabía del intercambio de los candidatos, y Cándido fue elegido. “Es un caso rocambolesco. Cándido asumió y fue impugnado ante la justicia, pero se tardó tanto que gobernó durante todo su mandato”, explicó Mali.
En agosto de 2016, el Tribunal Superior Electoral (TSE) desestimó el caso y revocó el mandato del alcalde. Según el TSE, Krammer ni siquiera podría haber sido candidato porque ya había sido condenado de un crimen electoral.
“Pero en ese momento, Cándido ya era un candidato a la reelección y terminó ganando. Por supuesto, esto ya ha sido cuestionado de nuevo en la corte, pero, a pesar de estar afuera del ayuntamiento, volverá al principio del próximo año para el segundo mandato”, dijo Mali.
Cuando el TSE revocó el mandato de Cándido, Jonas Hames hizo un artículo sobre la decisión. De acuerdo con Mali, el alcalde demandó al periodista y un juez determinó que el artículo fuera retirado del aire.
“Es una ciudad muy pequeña, sólo hay dos medios de comunicación; el de Hames y otro más que es propiedad del coordinador de campaña. Así que mucha gente de la ciudad no sabe de la decisión del TSE”, explicó Mali. Según él, el caso muestra cómo el retirar información que estaba al aire, puede causar un gran daño a los ciudadanos.
“Usted no los sabe, pero tal vez si la gente hubiera sabido de la condenado en contra de Cándido, tal vez no hubiera sido reelegido”, aseguró Mali.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
