En ese sentido, enfatizó Hidalgo, esta investigación trasnacional “revela las cifras y casos más graves del tráfico del patrimonio cultural de América Latina que conecta desde anticuarios y políticos en Buenos Aires hasta narcotraficantes en Guatemala, y desde coleccionistas bajo sospecha en México hasta diplomáticos en Costa Rica y Perú”.
Además, la base de datos de este especial periodístico, que es de libre acceso, también constituye el primer censo de bienes de patrimonio cultural robados, subastados y repatriados de Perú, Guatemala y Costa Rica. Es un buscador de datos y documentos de libre uso que facilita el cruce de información para identificar piezas robadas, subastadas y recuperadas en la región
La idea es que esta base se enriquezca de manera progresiva con el aporte de nuevos medios de otros países que se interesen en el tema para completar el panorama en el continente y en el mundo.
Para desarrollar esta herramienta periodística se construyó una base de datos que organiza más de dos millones de datos en cuatro categorías: robos, subastas, registro y repatriaciones.
Fabiola Torres, editora de análisis de datos de Ojo Público, aseguró al Centro Knight que no existe una base de datos global accesible y actualizada sobre el patrimonio cultural robado, de los agentes involucrados ni sobre los bienes recuperados. “A diferencia de servicios de bases de datos de arte privadas con fines comerciales, Memoria Robada es de libre acceso e intenta rastrear los esquemas trasnacionales del tráfico ilícito de bienes culturales de América Latina hacia Estados Unidos y Europa”, explicó Torres.
Por ejemplo, en su segunda entrega – que incluye información verificada por Ojo Público y sus colaboradores con las diferentes instituciones y entidades oficiales y privadas de la región – descubren a un anticuario uruguayo que comercializaba obras robadas desde sus negocios en Argentina y que sigue impunemente en libertad. También revelan la conexión de tres diplomáticos involucrados con el robo de piezas de patrimonio cultural y a una familia de falsos importadores de artesanías atrapados en Estados Unidos.
Además, la investigación incluye dos cortos documentales de algunos casos emblemáticos. Uno de ellos, por ejemplo, revela la ruta del tráfico de un raro manuscrito religioso en quechua del siglo XVIII robado de la Biblioteca Nacional de Perú. Gracias a una investigadora, el manuscrito fue hallado de forma fortuita en la biblioteca Dunbarton Oaks, un centro de investigación de Washington, D.C., que pertenece a la Universidad de Harvard.
El caso que suscitó dicho documental involucra a bibliotecarios cómplices en Perú, pone de nuevo bajo sospecha al mercado anticuario en Argentina y revela la admisión poco rigurosa de valiosas piezas del patrimonio cultural latinoamericano por parte de grandes centros culturales de Estados Unidos.
La plataforma de este especial periodístico, desarrollada por el equipo de programación de Ojo Público, reúne información cruzada de distintas fuentes, incluyendo las 39 mil obras de arte robadas de 132 países y reportadas a Interpol, así como informes de los Ministerios de Cultura y fiscalías de Perú, Guatemala, Costa Rica, México y Argentina.
El análisis de esa información permitió, por ejemplo, identificar casas de subastas de 14 países que vendieron piezas salidas ilícitamente de Latinoamérica. “El volumen de piezas latinoamericanas vendidas a coleccionistas de las principales capitales del mundo es incluso mayor que los 4 mil 907 objetos culturales que la Interpol busca ahora como robados en todo América del Sur, Centroamérica y México”, revela uno de los informes que forman parte de la serie Memoria Robada.
Como producto de esta investigación también se incorporó a la plataforma el registro oficial de 268 mil bienes de patrimonio cultural de Perú. Asimismo, se logró identificar que entre 2008 y 2016, fueron robados 7 mil bienes culturales tan solo del Perú, y que apenas una parte fue devuelta por autoridades de 22 países a Perú. También hubo devoluciones para Guatemala y Costa Rica.
Para lograr todo esto, los equipos periodísticos de los cinco medios, bajo la dirección y coordinación de Hidalgo y Torres, solicitaron la liberación de miles de documentos a través de pedidos de acceso a la información pública en Perú, Guatemala, Costa Rica, Argentina y México. Solo en Lima, se hicieron 112 pedidos de acceso a información a los Ministerios de Cultura y de Relaciones Exteriores, a las Fuerzas Armadas y la Policía, entre otras instituciones públicas.
“Esta es una muestra parcial de la verdadera dimensión del problema, pero es un aporte importante, pues en muchos de nuestros países esa información no está organizada ni es accesible”, señaló Hidalgo.
Como adelanto de lo que viene, Torres dijo que en las próximas entregas se hará un análisis profundo sobre las raíces del problema.
El proyecto de Ojo Público contó con la colaboración financiera de las organizaciones International Women’s Media Foundation (IWMF) y Fund for Investigative Journalism.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
