Por Ingrid Bachmann
Tras 17 meses en discusión, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó una normativa que obliga a instituciones del Estado a poner a disposición del público la información que manejan, reportó El Faro. La norma debe ser aprobada ahora por el presidente Mauricio Funes.
Pese a que se había acordado un consenso meses atrás, sólo dos de cinco fracciones políticas representadas en el parlamento votaron a favor de la ley, explicó Diario CoLatino. Sin embargo, los 55 votos del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) fueron suficientes para aprobar la nueva norma luego de intensos debates y de presiones de diferentes sectores, añadió la agencia Associated Press.
Según la agencia ANSA, la nueva ley tiene 111 artículos y define tres categorías de información: pública, a la que podrán tener acceso todas las personas; confidencial, referida a la intimidad de las personas; y reservada, como secretos militares y datos que puedan comprometer la seguridad e intereses de la nación. Las solicitudes de información deben tener respuesta en diez días y se sancionará a los funcionarios que se nieguen a entregar datos públicos, informó ElSalvador.com.
Aunque la normativa ha sido celebrada por la Iglesia y organizaciones civiles, el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) pidió al presidente Funes que vete la nueva ley, por considerarla “defectuosa, no igualitaria y no consensuada”, reportó La Página.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
