La primera vez que la Selección Argentina de futbol ganó una Copa del Mundo fue el 25 de junio de 1978, en el único Mundial que se ha celebrado en suelo argentino. La competencia se realizó durante la última dictadura militar en ese país, también conocida como Proceso de Reorganización Nacional, durante el cual Argentina estuvo gobernada por una Junta Militar.
Desde entonces entre los argentinos existió la opinión generalizada de que esa dictadura usó el Mundial de Argentina 78 para legitimarse en el poder y quedar bien ante el mundo, mientras tras bambalinas se ejercía un plan sistemático de terrorismo de Estado, que incluyó desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura. Algunos casos sucedieron a pocos metros del Estadio Monumental en el que la Selección albiceleste levantó la Copa ese año, en la entonces Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en ese momento.
Poco de eso se había podido comprobar de forma fáctica y documental. Sin embargo, a partir de que en 2019 Estados Unidos entregó a Argentina más de 40 mil documentos desclasificados de 16 agencias de inteligencia relacionados con el terrorismo de Estado en el país sudamericano, han salido a la luz documentos que prueban mucho de lo que se creía cierto.
Fue a partir de la última entrega de esos archivos que surgió el Proyecto Desclasificados en agosto de 2019, con el objetivo de traducir, vaciar, organizar y sistematizar 4 mil 903 de esos documentos y construir una base de datos que fuera de acceso público. Se trata de una iniciativa interdisciplinaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en alianza con los organismos de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo, Memoria Abierta, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la carrera de Traductorado en Inglés del Instituto de Educación Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández (IESLV).
Proyecto Desclasificados es una iniciativa interdisciplinaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en alianza con los organismos de derechos humanos. (Foto: Captura de pantalla de desclasificados.org.ar)
Una vez que los documentos desclasificados fueron cargados en páginas oficiales del Gobierno de Argentina, un equipo de voluntarios egresados de las carreras de Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social de la UBA y de la carrera de Traductorado del IESLV se dio a la tarea de crear la base de datos indexada que permite el acceso a los archivos de forma rápida y eficiente.
“La idea de Desclasificados es que, por un lado, [la base de datos] sea pública y accesible para todos sin ninguna barrera. Y por otro lado, que sea fácil de consultar y acceder al contenido. Que no sea un PDF ahí colgado o en una caja”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Naiara Mancini, una de las periodistas que participó en la creación de la base de datos y que dio forma a varios reportajes a partir de los documentos desclasificados. “Tenía que haber una manera de que quien quisiera consultarlos pueda consultarlos y que tengan accesibilidad y facilidad para llegar a ellos. Que no tenga que llenar un formulario antes de consultarlos”.
Los documentos fueron organizados en tres colecciones que se han ido publicando desde la creación del proyecto: una con archivos referentes a la Guerra de las Malvinas, otra sobre la Masacre de Trelew y una más sobre el Mundial de 1978. Esta última fue publicada en diciembre de 2022, justo previo al triunfo de la Selección Argentina en Catar 2022.
Las tres colecciones están disponibles para su consulta en el sitio de Proyecto Desclasificados. Los usuarios pueden hacer búsquedas fácilmente, filtrando los resultados por fechas, lugar, personajes, etcétera.
De dichas colecciones se han derivado artículos periodísticos sobre los hallazgos más relevantes, los cuales han sido publicados en la página web de Proyecto Desclasificados y en el sitio de la Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación (ANCCOM) de la UBA.
Para Mancini y otros cinco egresados de Ciencias de la Comunicación que participaron en la parte periodística del proyecto, el hacer periodismo a partir de documentos desclasificados representó un gran aprendizaje, pero al mismo tiempo enormes retos. Uno de ellos es el proceso de verificación que se tiene que llevar a cabo tras cada uno de los hallazgos.
El equipo se topó con que muchos de los archivos mencionan información que, tras hacer un contraste con otras fuentes, resultó ser falsa o con inconsistencias.
“Fue una buena oportunidad de mostrar [...] la manera transversal con la que tienen que leerse estos documentos, en su contexto de producción, y que quizás no deben tomarse en la literalidad completa, sino que deben cruzarse con otras fuentes”, dijo Mancini. “Con el fact-checking que se requiere, obviamente con entrevistas y con investigación, muchas veces pueden evidenciarse estas inconsistencias”.
El equipo aprendió a tener siempre en cuenta que estaban trabajando con archivos que muestran una perspectiva subjetiva, la de las agencias de inteligencia estadounidenses. Y también que, con el paso del tiempo, en muchas ocasiones no se puede dar con la verdad absoluta sobre algunos hechos. Pero si bien las inconsistencias no eliminan la validez de los documentos, los periodistas que trabajan con este tipo de archivos deben ser transparentes y hacer ver las inconsistencias en contraste con fuentes humanas o documentales, dijo Mancini.
Para la periodista, el reto mayor fue el tratamiento que se le tuvo que dar a algunos términos militares mencionados en los documentos desde la perspectiva estadounidense de los hechos. Por ejemplo, en algunos documentos se usan términos como “guerrilleros” o “guerra sucia”, cuando para los argentinos el conflicto nunca fue una guerra o guerrilla, sino terrorismo de Estado. El equipo se vio en la disyuntiva de no reproducir los términos inexactos tanto en sus bases de datos como en los artículos, sin necesariamente evitarlos.
Otro ejemplo de eso está en la colección de la Guerra de las Malvinas. Los documentos desclasificados se refieren a las islas como “Falkland”, el nombre en inglés de este archipiélago en disputa histórica entre Argentina y el Reino Unido. Para los argentinos es incorrecto traducir “Falkland” como “Malvinas”, sin embargo el equipo de Desclasificados optó por incluir ambos términos, con “Malvinas” entre corchetes.
Una de las colecciones de Proyecto Desclasificados está dedicada a documentos que hablan de las acciones de la dictadura militara en el marco del Mundial de Argentina 1978. (Foto: Agencia desclasificadora, Terrorist Action-Argentine Army Operations. [Colección Mundial de Futbol 1978])
“No se debe decir cosas que los documentos no están diciendo, pero sí discutir desde una posición subjetiva, porque los documentos traen consigo una posición subjetiva”, dijo Mancini. “Tiene que ver con una intervención en el texto desde el relevamiento y es el trabajo con los archivos, criticándolos y dialogando con ese lenguaje. [...] Fueron producidos en un contexto que hay que recuperar y hay que traer al presente con la labor periodística. Yo creo que este es el reto mayor que tenemos a la hora de trabajar con los documentos”.
A casi cuatro años de su surgimiento, el Proyecto Desclasificados ha visto un impacto en el periodismo en Argentina. Las colecciones han sido retomadas por varios medios, los cuales han hecho otros hallazgos y le han dado nuevas interpretaciones a los documentos.
Pero para Mancini, el mayor aporte del proyecto ha sido en los procesos de justicia para víctimas de la dictadura militar. Proyecto Desclasificados ha aportado pruebas documentales en al menos dos juicios en curso sobre crímenes de lesa humanidad.
“Eso es sumamente enriquecedor, porque más allá de las cuestiones periodísticas, esto tiene que ver con el juicio efectivo a los dictadores de ese momento, a los represores de ese momento, y con aportar realmente a la justicia”, dijo la periodista.
Proyecto Desclasificados es un ejemplo del aporte que una alianza entre periodistas y organizaciones de defensa de los derechos humanos pueden hacer a la justicia y a la memoria histórica. La desclasificación de documentos en Argentina es en gran parte el resultado del esfuerzo de años de organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, Memoria Abierta y el CELS, que han trabajado por años para conocer la verdad sobre las víctimas de la dictadura militar.
“No es trabajo de un periodista aislado, sino que es una cuestión más orgánica de toda una red de organismos de derechos humanos que por suerte está muy fuerte acá en Argentina y es muy importante para la democracia actual”, dijo Mancini.
Una carrera de paciencia y resistencia es la que han tenido que vivir Laura Sánchez Ley y Dardo Neubauer al enfrentarse a negligencia de autoridades y trabas burocráticas en su esfuerzo por develar expedientes de sucesos relevantes en la historia reciente de México.
Sánchez Ley y Neubauer, periodistas de México y Argentina, respectivamente, son los fundadores de Archivero, un proyecto de periodismo basado en la apertura de archivos y expedientes clasificados o considerados “de seguridad nacional” en México.
La iniciativa surgió luego que Sánchez Ley se dio cuenta que, ante hechos clave en la historia política mexicana de las últimas décadas, las autoridades suelen ofrecer verdades históricas, las cuales el Estado busca establecer como absolutas y oficiales, pero que no necesariamente son del todo creíbles para la sociedad.
Aunque la labor de acceder a archivos sobre casos polémicos es compleja, Archivero trata de presentar la información en formas digeribles y atractivas, como hilos de Twitter, historias de Instagram y TikToks. (Foto: Captura de pantalla de @archiveroexp en TikTok)
Cuando la periodista investigó casos como los asesinatos del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y del diputado José Francisco Ruiz Massieu, ambos en 1994, se topó con que en las leyes de acceso a la información pública hay cláusulas que clasifican información como “secreto de Estado” o “de seguridad nacional”, y que las autoridades con frecuencia alegaban que no se podía acceder a dichos archivos por tratarse de casos judiciales “en curso”.
Tras haber aprendido a brincar algunas de las trabas que ponen las autoridades y lograr acceso a los primeros expedientes, el siguiente paso era analizar la información, compilarla en un solo lugar y entregársela a la gente de forma más digerible.
“Vivimos en un país, de verdades oficiales, de verdades históricas. Cada que se remueve un poquito uno de estos casos, nos damos cuenta de la cantidad de irregularidades que se cometían y la información que nos omitieron. Están acostumbrados a darnos resúmenes oficiales de esas historias sin permitirnos el acceso a los archivos”, dijo Sánchez Ley a LJR.
En febrero de 2022, Sánchez Ley y Neubauer lanzaron una encuesta en redes sociales preguntando a la gente sobre qué casos les gustaría conocer información. La respuesta fue mejor de la esperada y en la semana del lanzamiento de Archivero, el proyecto ganó cerca de 10 mil seguidores en Twitter.
En un año, Archivero ha logrado desclasificar 12 casos de relevancia nacional y publicado al menos 10 artículos con los principales hallazgos de esos casos.
Sin embargo, los fundadores se han dado cuenta en el camino de que para este trabajo es necesario un enorme presupuesto y, sobre todo, muchísimo tiempo y paciencia.
“A veces puedes perder un año en abrir un archivo o en tener acceso a él. Entonces vienen los costos: la ley mexicana establece que cada una de esas hojas que nosotros queremos reproducir, que aparte queremos regalar a la gente para que sepa lo que pasó, tienen costos de entre uno y cinco pesos [entre 0.05 y 0.25 dólares]. Te imaginarás que son expedientes que llegan a tener hasta 10 mil hojas”, dijo Sánchez Ley.
Hasta el momento, el proyecto no cuenta con una fuente fija de financiamiento, por lo que los fundadores han tenido que absorber esos gastos. Solo en un par de ocasiones han contado con el apoyo de los lectores vía crowdfunding para cubrir los costos de reproducción de dos expedientes en particular.
Sin embargo, los obstáculos económicos no han sido los más difíciles de sortear. Archivero sigue trabajando en acceder a los expedientes de una serie de casos de importante relevancia política en México. Y es en estos casos en los que las autoridades, sobre todo las dependencias de impartición de justicia, han puesto más trabas, algunas de las cuales rayan en lo absurdo.
Archivero logró acceder al expediente del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, quien murió en 1993 supuestamente en un fuego cruzado en un intento de asesinar al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. El expediente consiste de cerca de 500 mil páginas, y la Procuraduría sólo permite el acceso al archivo una hora al día.
Sánchez Ley contó que en otros casos ha tenido que esperar a que los funcionarios a cargo peguen decenas de tiras de papel sobre supuestos datos personales que se mencionan en los expedientes, lo cual resta el tiempo de consulta de dichos documentos.
“Es una cerrazón de ponerte todos los obstáculos posibles, sobre todo, yo me imagino, para que no se revelen muchas de las cosas que se cometieron y que se hicieron mal en su momento”, dijo la periodista. “Pero realmente es una estrategia para desanimarte porque evidentemente saben que haciendo eso, te vas a cansar”.
En su intento por sortear los obstáculos legales que imponen las autoridades, el equipo de Archivero ha tenido que aprender sobre terminología y procedimientos legales, así como rodearse de abogados expertos en las leyes de acceso a la información pública, lo cual consideran fundamental para el trabajo de desclasificar archivos.
“Ellos [las autoridades] siempre van a buscar una palabra que esté mal en tu solicitud de información para negártela. Ellos tienen 40 días para responderte, si encuentran algo, se te cae todo el trabajo que hiciste en un mes”, contó Sánchez Ley. “Hemos tratado de absorber todo lo que podemos de los abogados para no equivocarnos”.
Una vez habiendo vencido los obstáculos y obtenido los expedientes, viene la labor a nivel periodístico de analizar el contenido, determinar qué le interesa a la gente y presentárselo de una forma digerible y atractiva, de modo que la información no se quede únicamente en el llamado “círculo rojo” de periodistas, historiadores y académicos.
“Ahora con la inmediatez que hay en la información, la gente quiere ver hilos de Twitter, quiere ver historias de Instagram, quiere ver publicaciones mucho más cortas y hemos aprendido que esa es la manera de transmitir lo que nosotros estamos desclasificando y abriendo”, explicó Sánchez Ley.
El plan a largo plazo de Archivero es digitalizar todos los expedientes que han obtenido y crear un archivo de asuntos relevantes que sea público y de fácil acceso para cualquier usuario, similar al de Proyecto Desclasificados. Sin embargo, saben que para ello necesitan encontrar formas sostenibles de financiamiento.
En un año, Archivero ha logrado desclasificar 12 casos de relevancia nacional y publicado al menos 10 artículos con los principales hallazgos de esos casos. (Foto: Captura de pantalla de archiveroexpedientes.com)
Por lo pronto, además de los recursos propios, el equipo se financia a través de la venta de servicios de investigación, así como a través de talleres y capacitaciones sobre lo que han aprendido sobre las leyes de acceso a la información pública tanto de México (LGTAIP) como de Estados Unidos (FOIA). Además, Archivero ha encontrado en las series documentales de plataformas de streaming una potencial fuente de ingresos.
“Nos dimos cuenta que [las producciones de series] necesitan investigación de archivo y de campo. Hemos empezado a trabajar en tres documentales, por ejemplo, desde que se creó Archivero, en los que estamos trabajando en investigación de archivo. Ha sido una manera en que podemos seguir sosteniendo este proyecto”, dijo Sánchez Ley.
A un año de la fundación de Archivero, sus creadores consideran que su proyecto es una forma de fortalecer lo que Sánchez Ley llama “un periodismo de memoria” en México y de recuperar historias que fueron noticia en su momento y que siguen siendo relevantes para muchas personas.
“[Archivero] Es un ejercicio sobre todo de recuperación y de memoria histórica”, dijo Sánchez Ley. “Yo no te puedo decir que un archivo desclasificado es una verdad absoluta, pero va a complementar los huecos de esas historias que nos contaron las autoridades y que los medios difundieron ampliamente en su momento”.
