Una nueva página web lanzada por el gobierno federal brasileño con el objetivo oficial de combatir la desinformación mediante el uso de un lenguaje propio de las iniciativas de fact-checking ha suscitado las críticas de profesionales y agencias de verificación independientes, que ven una apropiación indebida de su formato -por principio, imparcial y apartidista.
Lanzado el 25 de marzo por la Secretaría de Comunicación (Secom) del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, el sitio Brasil Contra Fake tiene, como otras publicaciones gubernamentales, un sesgo evidente a favor de las autoridades y políticas en el poder. Sin embargo, según su comunicado de lanzamiento, su objetivo es hacer “posible comprobar si un contenido recibido es una noticia falsa”, un uso del vocabulario propio de los verificadores de información.
La mezcla entre fact-checking y propaganda, sumada al reenvío no autorizado de contenidos, la no identificación de algunas fuentes y la falta de criterios sobre qué publicar, indignó a periodistas que llevan mucho tiempo trabajando con fact-checking. Lanzaron comunicados contra la iniciativa y se manifestaron en las redes sociales. En respuesta, el gobierno ha hecho pequeños ajustes en el sitio, ha dicho que las críticas son bienvenidas y que no pretende ser una agencia de fact-checking.
La polémica permite reflexionar sobre las diferencias entre periodismo y propaganda, y expone los retos del gobierno brasileño para combatir la desinformación, tras sufrir un intento de golpe de Estado el 8 de enero orquestado por personas radicalizadas a partir de tergiversaciones y mentiras online.
La mayor parte del contenido de Brasil contra Fake, en su primera semana de vida, fue una granizada de desmentidos relacionados con el gobierno: “Es falso que el gobierno vaya a monitorear llamadas telefónicas, WhatsApp y redes sociales ‘a partir de mañana’”; “Es falso que el Ministerio de Hacienda haya anunciado una ‘beca travesti’ de R$ 1,8 mil [US$ 353]”; “Es falso el rumor de que un proyecto de ley prohíbe los servicios religiosos al aire libre”; “Es falso que las vacunas contra el COVID-19 causen enfermedades repentinas”; “El ministro de Justicia no se reunió con traficantes de drogas en el Complexo da Maré”, fueron algunas de las historias publicadas en el portal, refutando noticias falsas que circulaban en las redes sociales.
Según las historias, algunos de estos desmentidos fueron verificados por los propios funcionarios del gobierno, mientras que otros repetían, sin autorización previa, contenidos producidos por medios de noticias independientes de verificación de datos. Este fue el caso, por ejemplo, de una publicación que refutaba que la esposa de uno de los narcotraficantes brasileños más poderosos, Willians Camacho, alias Marcola, hubiera ocupado un cargo en el Ministerio de Seguridad Pública. Esta información fue publicada originalmente por la Agência Lupa, una de las pioneras del fact-checking brasileño.
Algunas publicaciones de Brasil Contra Fake (Foto: Brasil Contra Fake/Secom)
Además de estas publicaciones con refutaciones de falsedades, el sitio del gobierno también incluye informes sobre acciones oficiales, y textos que refutan opiniones - por naturaleza, subjetivas e imposibles de refutar.
Entre estas publicaciones que no encajan en la categoría “fact checking” están: un comunicado sobre la prórroga por parte del gobierno federal del plazo para el registro de armas de fuego; un artículo sobre cómo los cambios en la estructura de la Contraloría General de la Unión (CGU) interfieren en la lucha contra la corrupción; y una nota que defiende la participación de la primera dama en una emisora de TV pública. En este último caso, como en otras noticias, no hay ninguna fuente que respalde la publicación, lo que es contrario a otro principio básico del fact-checking.
Esta confusión entre relaciones públicas y verificación de la información, sumada a la apropiación de contenidos y a la falta de criterios sobre qué publicar, contradice las prácticas establecidas por los profesionales del fact-checking. Según ellos, la verificación debe ser siempre independiente y transparente sobre sus criterios. También es necesario explicitar qué fuentes respaldan su información. Al camuflar una iniciativa publicitaria con la apariencia de imparcialidad periodística, afirman los periodistas, el gobierno acaba desvirtuando quién es realmente neutral, y contribuye a la misma desinformación que dice pretender combatir.
“El fact-checking sólo existe si es transparente, independiente y no partidista. Es un tipo de herramienta periodística creada precisamente para contrarrestar lo que hace la web del gobierno, que es propaganda”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Cristina Tardáguila, directora de programas del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés) en Washington y fundadora de Agência Lupa. “Cuando el gobierno nombra a una página web de propaganda como una página web de comprobación de hechos, envuelve la propaganda con contornos de verdad, y anula a quienes realmente comprueban sus propagandas”.
Para Tai Nalon, director ejecutivo de Aos Fatos, otra agencia de comprobación pionera en Brasil, la iniciativa tiene buenas intenciones, pero estuvo mal planificada y puede generar más desinformación.
“El gran problema fue que el gobierno mezcló las historias aclaratorias, la información oficial y la comprobación de hechos”, dijo Nalon a LJR. “Es evidente que el gobierno debe rendir cuentas, pero es una parte interesada, y las partes interesadas son fuentes en el periodismo, no ejercen el periodismo propiamente dicho. El fact-checking es una técnica periodística con una metodología que garantiza cierto grado de imparcialidad y neutralidad. Sin embargo, cuando es utilizada por el gobierno para hacer propaganda, pierde su fiabilidad”.
Según Natália Leal, actual directora general de Lupa, el sitio encarna “una apropiación del discurso, que demuestra un desconocimiento de lo que es el fact-checking, por parte de la Secom y del Gabinete de Prensa del Gobierno. La verificación se basa en dos principios: transparencia y no partidismo. Si hay un bando, y cada gobierno tiene un bando, entonces no es fact-checking”.
En la prensa, el impacto de la iniciativa fue muy negativo. Lupa publicó un texto enumerando los problemas de la iniciativa, desde un punto de vista técnico. En las redes sociales, profesores de periodismo, como Pedro Burgos, dijeron que la iniciativa era “terrible”. Los tres mayores periódicos brasileños, Folha de São Paulo, O Globo y Estado de São Paulo publicaron noticias y artículos críticos con la iniciativa.
El gobierno reaccionó a las repercusiones y dejó de utilizar el vocabulario específico de los sitios de comprobación de hechos. Mientras que en su descripción de lanzamiento la página web afirmaba: “Estamos aquí para ayudarle a comprobar los hechos sobre el Gobierno Federal”, desde entonces ha sido actualizada. Ahora tiene una versión ligeramente más neutral: “Estamos aquí para ayudarle y aclarar las acciones del Gobierno Federal”.
El propio Presidente Lula tuiteó que se trataba de “una plataforma para verificar la información y combatir la desinformación”, pero ahora el sitio ya no afirma servir a este propósito.
En respuesta a las preguntas de LJR, la Secom afirmó que “el sitio Brasil Contra Fake no es una agencia de verificación de datos. Es un espacio de información y esclarecimiento de desinformaciones sobre acciones institucionales y políticas públicas del Gobierno Federal”.
El sitio web, agregó la Secom, busca refutar “noticias falsas o distorsionadas relacionadas con las políticas del Gobierno Federal y todos los temas relacionados”. El trabajo es realizado por sus propios empleados.
Además de los ajustes en el discurso oficial, el equipo responsable del sitio también organizó la semana pasada una reunión por videollamada con representantes de medios de verificación de datos.
Según dos personas presentes en la reunión, que declinaron ser identificadas, los representantes de la Secom se disculparon por haber vuelto a publicar información sin autorización previa, y dijeron que lo habían hecho porque pensaban que no habría problema. También prometieron ajustar el discurso empleado para evitar fricciones.
“El diálogo con las plataformas y con las entidades que debaten el problema de la desinformación será constante y ampliado, especialmente por la gravedad del tema”, dijo la Secom a LJR. “Siempre escucharemos y procesaremos todas las críticas constructivas sobre este tema o cualquier otro que involucre a la Secom”.
El sitio web Brasil Contra Fake forma parte de una campaña más amplia, que también incluye la difusión de anuncios sobre desinformación en canales de televisión abiertos y cerrados, en emisoras de radio del interior del país, en películas, portales y sitios web, y en las redes sociales. Esta es la primera fase de la campaña, que inicialmente tenía previsto durar tres meses.
El gobierno no respondió a las preguntas de LJR sobre el costo de la iniciativa, pero dijo a Lupa que “la campaña tuvo una inversión en medios de 20 millones de reales [cerca de US $4 millones]”.
Además de los errores que ya ha admitido, el sitio web suscitó un debate sobre hasta qué punto es perjudicial la confusión entre periodismo y propaganda, y sobre quién tiene derecho a utilizar cada lenguaje.
Para Taís Seibt, profesora de periodismo en Unisinos, en Rio Grande do Sul, que hizo su tesis doctoral sobre el fact-checking, un fact-checking gubernamental podría ser bienvenido, siempre que se base en hechos y deje claras sus fuentes.
“El problema no es la iniciativa en sí, sino cómo se lleva a cabo. Pero podría ser una buena iniciativa si presenta métodos más claros basados en hechos y datos”, dijo Seibt a LJR. “Necesitamos más actores que produzcan información de calidad basada en hechos, y es posible utilizar este formato de comprobación de hechos. Pero lo básico es mostrar las fuentes y respaldar las afirmaciones con pruebas. Si esto no se hace, se convierte en otro problema a combatir”.
Seibt señaló que ya ha habido otras iniciativas oficiales que reclaman para sí el término fact-checking. En 2018, durante el mandato presidencial de Michel Temer (Movimiento Democrático Brasileño o MDB), el Ministerio de Salud lanzó un sitio web utilizando el lenguaje. En plena pandemia de coronavirus, algunos gobiernos estatales del Partido de los Trabajadores (PT) también emplearon esta estrategia. En las elecciones del año pasado, varios candidatos tenían sitios web de este tipo, incluido el propio Lula. En este caso, la página de verificación del actual presidente fue retirada del aire por el Departamento de Justicia, por considerarla propaganda velada.
Para Tardáguila, del ICJF, esa práctica siempre fue incorrecta, y “adquiere una nueva escala” cuando pasa a ser practicada directamente por la Presidencia de la República. También afirmó que este esfuerzo es probablemente inútil.
“Como reportera, y lo he sido toda mi vida, siempre que recibía una declaración oficial, tenía la certeza de que la declaración era mentira. La sociedad tiene la misma postura ante los desmentidos del gobierno”, dijo. “Es mucho dinero y mucho esfuerzo concentrados en una acción cuyo retorno será sin duda muy bajo. La persona que cree en absurdos no dejará de creer porque el Gobierno los haya desmentido”.
Además de la polémica sobre las diferencias entre periodismo y propaganda, el caso también revela la dificultad del gobierno brasileño, que asumió el poder en enero, para combatir la desinformación. Miembros de la Secom denuncian que hay una búsqueda urgente de medidas que dejen claro que el gobierno quiere combatir las llamadas fake news y la desinformación. Esta premura se enfrenta a un problema complejo, para el que existen pocos precedentes.
“Si supiéramos cómo luchar contra la desinformación de forma eficaz, no nos enfrentaríamos a todos los problemas que tenemos actualmente”, afirma Tai Nalon, de Aos Fatos. “Comprendo que haya prisa por combatir la desinformación, sobre todo la que viene de la mano del extremismo y la paranoia. Pero sin duda el gobierno tiene estrategias mucho más eficaces para hacerlo, precisamente porque dispone de datos, dinero e influencia. Es capaz de llevar a cabo campañas más estructuradas y planificadas. Me parece complicado utilizar un disfraz periodístico para las aclaraciones oficiales”.
