Las preocupantes cifras de violencia contra la prensa en México – señalado por diversas organizaciones como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo – se vuelven aún más dramáticas cuando se hace un paralelo con las de impunidad. Según la organización Artículo 19 México, la impunidad en los crímenes contra periodistas en el país se mantiene en 99,13 por ciento, es decir, una impunidad “casi absoluta”.
“En un contexto de incontenible violencia contra la prensa, el éxito de la política de prevención radica en el hecho de mandar un mensaje contundente a cualesquiera victimarios de las y los periodistas: ‘no se tolerará la impunidad’”, señala el informe Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas de Artículo 19 publicado el pasado mes de febrero.
Portada informe sobre impunidad en crímenes contra periodistas de la organización Artículo 19 México.
A través de seis casos representativos de violencia contra periodistas en el país, la organización analiza los diferentes problemas, obstáculos y deficiencias en la investigación de estos crímenes que terminan creando un “patrón de impunidad”.
Una situación de gravedad si se tienen en cuenta que en México han sido asesinados 123 periodistas desde el año 2000 hasta febrero de 2019 y otros 24 comunicadores se encuentran desaparecidos desde 2003. A estos números se le suman los casos de agresiones físicas, detenciones arbitrarias, hostigamientos, amenazas, procesos judiciales que son algunos de los crímenes – además del homicidio y desaparición forzada – más comunes contra periodistas, según Artículo 19.
“En el contexto actual de violencia generalizada contra las y los periodistas en México, cuya expresión más grave se materializa en la comisión de diversos delitos contra su vida, libertad personal e integridad personal, la impunidad prevaleciente en el Estado mexicano lo convierte en responsable de violaciones a derechos humanos debido a la ausencia de un recurso judicial efectivo que garantice la determinación de la verdad, el acceso a la justicia y la reparación integral y efectiva del daño”, establece el informe.
Aunque la organización reconoce como importante la construcción de un Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión hechos por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) y de la Procuraduría General de la República (PGR), considera que aún falta mucho más por hacer.
De hecho, según cifras de Artículo 19, la Feadle ha iniciado 1.140 investigaciones desde 2010 hasta el 2018, por diferente delitos como homicidios, amenazas, abuso de autoridad y robo, entre algunos. De estas, solo 186 han llegado a jueces penales, lo que representa el 16,3 por ciento. Sin embargo, de estos casos, solo se han logrado 10 sentencias condenatorias que representa el 0.87 por ciento.
Para los homicidios, la Feadle registró 89 casos de periodistas, aunque para esta fiscalía son 45 los casos que están vinculados con el trabajo periodístico. Sin embargo, solo abrió 29 investigaciones, y solo se ha logrado una sentencia condenatoria, agregó Artículo 19.
“La efectividad en el castigo respecto a este delito es de 2.2% respecto al universo histórico de casos que la FEADLE considera relacionados con el ejercicio informativo de la víctima; y de 1.12% respecto del total de homicidios contra periodistas”, informó Artículo 19.
Precisamente dentro de los casos analizados para este informe se encuentran dos asesinatos: el de Moisés Sánchez Cerezo y el de Rubén Espinosa, ambos provenientes del estado más peligroso para el periodismo en el país: Veracruz.
El cuerpo de Sánchez Cerezo fue encontrado el 25 de enero de 2015 tras permanecer varios días desaparecido luego de que hombres armados lo sacaron de su casa el 2 de enero. Aunque en la actualidad uno de los señalados como autor material se encuentra en prisión y de que dos personas están reconocidas como responsables de no evitar lo que sucedió con el periodista, falta mucho por hacer, según Artículo 19.
Así por ejemplo, no se han identificado ni a todos los autores materiales ni intelectuales, a pesar de que, según la organización, hay denuncias sobre la presunta implicación del entonces alcalde de Medellín de Bravo, donde Sánchez dirigía un periódico. La organización también señaló varias falencias en el trabajo de la Feadle que desde un principio se negó a atraer este asesinato. Aunque ahora lo tiene, no ha hecho “diligencias eficaces” para corroborar lo dicho por el único testigo de este crimen, según Artículo 19.
Artículo 19 también criticó lo que llamó el “tribunal mediático” de la Procuraduría cuando se encontró el cuerpo de Sánchez. Aunque la organización considera que es vital para la opinión pública conocer lo que sucede en casos relevantes, aseguró que estas declaraciones pueden tener un trasfondo diferente al de ofrecer información.
“En México, los señalamientos públicos se han convertido en una de las formas más efectivas de reducir el impacto político que genera el asesinato de un periodista, más cuando dichos actos pueden tener como autores o partícipes a agentes estatales”, señaló Artículo 19.
El segundo asesinado destacado, el del reportero gráfico Rubén Espinosa marcó al país. Espinosa había llegado a Ciudad de México desde Veracruz porque temía por su vida. Sin embargo, la violencia llegó hasta allí el 31 de julio de 2015 luego que al menos cinco personas entraran a un apartamento donde estaba él junto a cuatro mujeres. Todos fueron torturados y luego recibieron un disparo en la cabeza, según Artículo 19.
En su caso, como en el de Sánchez y el de otros periodistas, las víctimas caen en la estigmatización y criminalización, o en la deslegitimación del trabajo periodístico como móvil de los crímenes, de acuerdo con el informe.
Para este múltiple crimen, los funcionarios comenzaron a popularizar una teoría que se ha mantenido hasta hoy y que ha “garantizado la impunidad”, según Artículo 19. Esta hipótesis involucra robo, prostitución y narcomenudeo.
Hasta el momento hay tres personas acusadas del crimen, pero una sola sentencia. Artículo 19 recomendó que para acabar con la impunidad en este caso es necesario, entre otros pasos, cambiar todo el equipo que lleva la investigación e involucrar a “personas en verdad capacitadas en violencia de género y violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, tanto en el ámbito ministerial, como pericial y policial”.
En el informe también se incluyó el caso de Pedro Canché, periodista que estuvo “encarcelado arbitrariamente” por nueve meses en el estado Quintana Roo en 2014 acusado de sabotaje, “sólo por cubrir una protesta social”, señaló Artículo 19.
Los otros casos con los de Alejandra Rodríguez, víctima de agresiones físicas y sexuales y detenida arbitrariamente en Ciudad de México en 2013; Aldo Sotelo, víctima de agresiones físicas por policías de la capital en 2013 de quienes había documentado “sus actos arbitrario e ilegales”; y el del portal Sinembargo.mx que fue atacado y sacado de línea en 2014 y cuyos colaboradores han sido víctimas de amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio.
El informe culmina con una serie de recomendaciones para la Feadle, fiscalías locales, comisiones de derechos humanos, poderes ejecutivos locales y el federal, poderes judiciales locales y federales, secretarías de seguridad local y comisión nacional de seguridad, y finalmente al os medios de comunicación y periodistas.
La impunidad en México ha sido un problema ya señalado por algunas organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). El CPJ realiza cada año el Índice Global de Impunidad en el que analiza y clasifica a los países en donde los asesinos de periodistas quedan en libertad. México ha estado 11 años en ese índice y en el más reciente (2018) ocupó el séptimo lugar, entre 14 países. Fue el peor posicionado del continente americano, seguido por Colombia y Brasil.
La protección de los periodistas en México también ha sido tema de preocupación para algunas organizaciones. El pasado 4 de marzo, diputados y miembros de organizaciones civiles anunciaron el reinicio de mesas de trabajo en las que se discutan mecanismos de protección para estos profesionales que sean incluidos en una propuesta de ley, informó El Diario. Las mesas tienen lugar algunos días de marzo y abril, agregó el sitio.
El Centro Knight intentó ponerse en contacto con representantes de la PGR y de la Feadle, pero no obtuvo respuesta antes del cierre de esta nota.
Vea aquí el informe completo de Artículo 19.
