En mayo de este año, los medios de comunicación 100% Noticias y Despacho 505, que informan sobre Nicaragua desde el exilio, iniciaron una campaña en redes sociales para promover el uso de VPN (red virtual privada). A través de videos, los medios alertan sobre propuestas de ley que podrían poner en riesgo los derechos digitales, la privacidad en línea y la navegación segura en internet.
“Nosotros lanzamos una campaña para el uso del VPN, estamos educando a la gente para que haga un tipo de navegación segura”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Lucía Pineda, directora de 100% Noticias. “Hemos estado haciendo esa alfabetización digital, ese tipo de campaña específica, ahorita con el uso del VPN”.
Una de esas propuestas de ley a las que hace referencia la campaña es la propuesta de Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, enviada por el presidente Daniel Ortega a la Asamblea Nacional de Nicaragua el 5 de marzo, la cual reemplazaría la Ley General de Telecomunicaciones y Correos Postales, que está vigente en el país centroamericano desde 1995.
Según expertos, la propuesta de ley facilitaría el acceso de las autoridades a datos de navegación y personales de los usuarios de internet, además de que establece mecanismos para obligar a los operadores de telecomunicaciones –incluyendo medios de comunicación– a solicitar licencias y pagar un porcentaje de sus ingresos para poder operar en Nicaragua.
¡Tu privacidad en la navegación de internet importa! Con una VPN, oculta tus actividades en línea y evita ciberataques en Nicaragua. Mantente protegido con una conexión segura. pic.twitter.com/x7A7VzAEO5
— 100%NOTICIAS (@100noticiasni) May 14, 2024
Pero además, la aprobación de esa iniciativa también representaría nuevos obstáculos para el periodismo y la libertad de prensa en Nicaragua, según anticipan periodistas independientes de ese país. Entre esos temidos obstáculos están la regulación del contenido digital, el bloqueo de sitios web en territorio nicaragüense y el control de equipos de producción audiovisual.
Ante ello, otros medios independientes que operan desde fuera del país ya planean iniciar campañas similares a las de 100% Noticias y Despacho 505 para concientizar a sus lectores sobre el uso de VPNs y capacitarlos en formas de burlar los posibles bloqueos para seguir consumiendo información en caso de que la ley propuesta tenga efecto.
Una VPN permite crear una conexión privada entre el dispositivo del usuario e internet. Su principal función es proteger la privacidad en línea, ocultando la dirección IP del usuario, lo que permite navegar de forma anónima y segura, acceder a contenido bloqueado geográficamente y proteger la información en redes Wi-Fi públicas.
“Lo que estamos previendo es que si hay un una voluntad de bloquear medios de comunicación, podría ocurrir algo similar a la experiencia de Venezuela: el bloqueo particular a sitios web, a direcciones web”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Álvaro Navarro, director del medio digital Artículo 66. “Esta ley podría ser el inicio de eso. Nosotros hemos estado también en contacto con colegas venezolanos para saber cómo actuar en términos técnicos, incluso cómo vamos a hacer la campaña [del uso de VPN]. Tenemos que capacitarnos también, y creo que eso es el enorme desafío”.
Arlen Pérez es editora en La Prensa, el diario más antiguo de Nicaragua, con 98 años de existencia, y el cual actualmente opera desde el exilio y únicamente en línea. Ella también dijo que, de aprobarse la iniciativa de ley, será fundamental la capacitación tanto a los periodistas en temas de seguridad digital, como a los nicaragüenses sobre cómo consumir información ante posibles bloqueos.
Al menos 253 periodistas y trabajadores de medios de Nicaragua se han visto forzados a salir al exilio hasta abril de este año, mientras que al menos 56 medios de comunicación han sido cerrados o confiscados por el régimen de Ortega en los últimos seis años, de acuerdo con el Observatorio de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), del cual Pérez es coordinadora.
Lo anterior ha agudizado la situación de silencio informativo en Nicaragua, en el que toda narrativa diferente a la del gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, es blanco de represalias.
“Habría que analizar empezar a capacitar a la gente a usar VPN, de manera que si, como dice esta ley, va a haber un control de los IP, encontrar la manera que usando un VPN puedas saltarte este control”, dijo Pérez a LJR. “Esto incluso tiene que pasar por una campaña de concientización en la que la audiencia sepa que el silencio contra nosotros es en realidad la sordera contra ellos. Les están imponiendo también a ellos una restricción, entonces van a tener que participar un poco”.
La Ley General de Telecomunicaciones Convergentes incorpora el contenido audiovisual dentro de los Servicios de Telecomunicaciones que serían regulados. La iniciativa de ley, a la cual LJR tuvo acceso, define como contenido audiovisual a “la Televisión Abierta, la Televisión por Suscripción o de paga, la Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada (AM) 0 en Frecuencia Modulada (FM), así como cualquier otro servicio de difusión de contenido audiovisual utilizando cualquier tecnología o medio de transmisión, incluyendo el internet”.
Para Pérez, esta iniciativa ley permitiría al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), el ente regulador de las telecomunicaciones y servicio postal en Nicaragua, extender sobre el internet el control que ya tiene sobre la radio, la televisión y las telecomunicaciones.
El periodista Álvaro Navarro dijo que al régimen de Ortega no le conviene meterse con los gigantes tecnológicos. (Foto: Twitter de Álvaro Navarro)
“Así con este tipo de leyes y a través de TELCOR fue que empezaron a extinguirse los canales de televisión”, dijo Pérez. “Con esta nueva ley, extienden el tema al contenido audiovisual y lo extienden también al internet. Entonces, ¿cuál es el problema con nosotros los periodistas? Que lo único que nos queda es el internet”.
La periodista dijo que aún faltaría analizar las normativas que establezca TELCOR para ajustarse a la legislación propuesta, si ésta es aprobada. Sin embargo, existe la preocupación entre los periodistas de que la ambigüedad con la que está escrita la iniciativa se preste a interpretaciones arbitrarias por parte del régimen de Ortega, como ha sucedido con otras leyes vigentes.
Tal es el caso de la Ley de Ciberdelitos, aprobada en 2020, que sanciona los delitos cometidos “por medio de tecnologías de información y comunicación en perjuicio de personas naturales o jurídicas”. Sin embargo, esa ley ha sido usada para acusar a periodistas y activistas de difundir noticias falsas.
“La Ley de Ciberdelitos habla de información a través de medios, de telecomunicaciones, pero no te dicen en ningún momento nada sobre noticias falsas. Ellos están aplicando la Ley de Ciberdelitos a su gusto y antojo para poder meter presa a la gente durante más de 13 años”, dijo Pérez. “El gobierno desde hace mucho tiempo viene haciendo leyes muy ambiguas. [...] Generalmente los dos delitos que utilizan son ‘traición a la patria’, que ¿quién define la traición a la patria? O ‘menoscabo a la integridad nacional’, ¿quién define la integridad nacional?”.
Medios de noticias nicaragüenses que están establecidos legalmente en otros países confían en que algunas de las medidas y restricciones de la ley propuesta, como el cobro de tarifas o la necesidad de solicitar licencia para operar, no los afectarían directamente.
No es el caso del consumo de sus contenidos dentro de Nicaragua, que sí podría verse restringido mediante el posible bloqueo de sus sitios web. Por eso la pregunta para los periodistas que operan desde el exilio es cómo esta propuesta de ley limitaría el ingreso de sus contenidos en Nicaragua y qué otras alternativas existen en caso de que sus sitios web sean bloqueados.
La respuesta para varios de ellos son las redes sociales.
“Nosotros generamos nuestro contenido desde afuera y la gente lo ve y tiene acceso a través de las redes sociales”, dijo Pineda. “Si llega a existir ese bloqueo de sitios web en específico, la opción que podemos tener y que hemos tenido es distribuir todo el contenido a través de las redes sociales”.
Pineda no cree que la ley propuesta restringiría el acceso a las principales redes sociales en Nicaragua, como Facebook, X, YouTube o TikTok, ya que el mismo régimen utiliza algunas de esas plataformas para difundir sus mensajes.
Navarro coincidió y dijo que al régimen de Ortega no le conviene meterse con los gigantes tecnológicos.
“La familia de la dictadura de Nicaragua también tiene medios de comunicación, sus mensajes también los difunden por redes sociales. Ellos están metidos en el negocio, en términos muy elementales. Por eso digo, tratar de bloquear las redes sociales sería pegarse ráfagas en los pies”, dijo Navarro. “Tampoco van a poder bloquearme el canal de YouTube porque eso implicaría bloquear todo YouTube en el país”.
Medios como Artículo 66 tienen ya consolidada gran parte de su audiencia en redes sociales. De acuerdo con Navarro, un 40 por ciento del tráfico que llega al sitio web del medio que dirige proviene de plataformas como Facebook, X e Instagram.
En el caso de 100% Noticias, desde que el régimen de Ortega confiscó sus equipos e instalaciones y sacó su señal del aire, ha recurrido a Facebook, X e Instagram para distribuir gran parte de su contenido. Además, el medio transmite actualmente sus noticiarios y programas de entrevistas a través de YouTube, y cuenta con un canal de Telegram.
100% Noticias transmite sus noticiarios y programas de entrevistas en YouTube desde que su señal fue sacada de aire en Nicaragua. (Foto: Captura de pantalla de 100% Noticias en YouTube)
“Ahorita lo que están haciendo los medios de comunicación es no poner todos los huevos en la misma canasta”, dijo Pérez. “Vos podés tener un sitio de internet, o sea, tu página web oficial, pero también tienes tus redes sociales, tus canales de WhatsApp, tus canales en Telegram, entonces de alguna manera es como ‘si me cerrás una puerta, acá tengo unas tres ventanas más’”.
En términos financieros, los periodistas creen que el posible bloqueo de sus sitios web tampoco tendría gran impacto en los ingresos de sus medios, ya que desde que operan desde el exilio prácticamente todos sus anunciantes nicaragüenses han retirado su publicidad por miedo a represalias del gobierno.
Actualmente tanto Artículo 66 como 100% Noticias y la mayoría de los medios digitales de Nicaragua en el exilio tienen en subvenciones y fondos de organizaciones internacionales su principal fuente de ingresos, con un porcentaje menor proveniente de publicidad de Google Ads en su sitio web y monetización de contenido en sus redes sociales, según contaron Pineda y Navarro.
“Tenemos el sistema de monetización de YouTube porque te paga un poquito mejor en comparación al sistema monetización de las páginas web”, dijo Pineda. “Sí es por afectarnos algún tipo de monetización, yo creo que va a ser mínima porque dentro de Nicaragua es mínima la monetización”.
En el caso de La Prensa, su modelo de negocio está basado en un programa de membresías y publicidad digital, y ha comenzado a implementar los primeros pasos hacia un modelo de negocio más diversificado, que incluye la venta de productos editoriales.
“Si vos te anuncias en un medio de comunicación independiente, también sos traidor a la patria”, dijo Pérez. “Más del 90 por ciento de los anunciantes los perdimos justamente por eso, porque no solo fue criminalizar el ejercicio del periodismo, fue criminalizar el periodismo como plataforma de publicidad”.
No obstante, Navarro considera que, además de que monetizar contenido noticioso en redes sociales todavía no es muy rentable, el tener un sitio web aporta cierto grado extra de credibilidad ante la audiencia comparado con los medios que viven únicamente en redes sociales.
“Los sitios web dan un nivel de confianza mayor en la audiencia”, dijo Navarro. “[En caso de bloqueo del sitio web] vamos a tener que ir viendo en el camino qué mecanismo podríamos usar para tener el mismo nivel de credibilidad, de confianza en la gente sin dejar de informar. Vamos a tener que tratar de ser mucho más creativos, de presentar información gráfica”.
Los efectos que, de ser aprobada, podría tener la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes impactarían no solo a los periodistas, sino también a creadores de contenido e incluso a los ciudadanos.
El proyecto de ley incluye un apartado dedicado a los equipos de telecomunicaciones en el que se establece que la fabricación, importación y comercialización de estos equipos deberán pasar por un proceso de homologación ante TELCOR. El artículo 66 del documento indica que corresponderá al ente regulador el “establecer medidas de restricción y prohibiciones a la internación de equipos de telecomunicaciones que pongan en riesgo la seguridad nacional y/o los intereses de la república de Nicaragua”.
De acuerdo con Pérez, estos equipos podrían incluir equipos de producción multimedia, de edición e incluso cámaras y teléfonos celulares. Por eso, la periodista teme que con esta ley, el gobierno de Nicaragua busque tener más control sobre qué tipo de celulares y cámaras circulan por el país.
“No me extraña que en esta ley esté el tema de los equipos, porque el periodista que está detenido, Victor Ticay, está detenido por hacer una grabación con su celular y publicarlo en Facebook. Y no te estoy hablando de [que grabó] una protesta, te estoy hablando de una procesión de Semana Santa”, dijo Pérez. “Al final, en Nicaragua ya nadie puede tener una cámara porque es una amenaza”.
Según Arlen Pérez, toda persona que documente con una cámara o teléfono lo que sucede en Nicaragua podría ser sujeto de represalias. (Foto: Captura de pantalla de Confidencial en YouTube, bajo CC BY 2.0)
Pérez dijo que estas restricciones afectarían directamente a creadores de contenido y a ciudadanos que intenten documentar lo que sucede en el país. La periodista dijo que, al ya no existir escuelas de periodismo fuera del control del régimen, quienes a mediano plazo podrían ejercer la tarea de informar son justamente los creadores de contenido sin preparación universitaria, pero con habilidades de comunicación y producción multimedia.
Sin embargo, las medidas de esta iniciativa de ley también podrían poner en riesgo esa actividad.
“Ya nadie va a querer tocar una cámara, ya nadie va a querer tocar una un programa de edición, ya nadie va a querer manejar contenido en línea”, dijo Pérez. “Estas leyes lo que buscan es hacer un silencio de manera que el único discurso que se va a escuchar sea el gubernamental, el de Daniel Ortega y el de Rosario Murillo”.
Los periodistas consultados coinciden en que existe incertidumbre sobre lo que podría suceder con la iniciativa de ley, ya que han pasado casi tres meses desde que esta fue enviada a la Asamblea Nacional, cuando anteriormente, otras propuestas de ley impulsadas por Ortega han sido aprobadas de manera exprés.
No obstante, Navarro considera que el régimen se está dando tiempo para analizar qué tan conveniente políticamente sería la aprobación.
“Creo que el hecho de que todavía no la hayan aprobado no depende en realidad de un proceso institucional razonable”, dijo el periodista. “Ellos ya tienen una decisión política y lo que estarán viendo es nada más es si vale la pena”.
Navarro dijo que incluso si no se aprueba, muchas de las medidas restrictivas que se indican en la iniciativa ya suceden en la realidad. Por eso no descarta que la propuesta sea parte de las estrategias del régimen para distraer a los periodistas de sus labores informativas.
“Mientras yo estoy tratando de encontrar mecanismos para esquivar la censura, entonces dejo de hacer noticias y ellos lo saben”, dijo. “Lo que yo sí creo que seguramente van a ejecutar es lo del control de los sitios web [...]. En el corto plazo, el mayor impacto estaría en eso, porque nos implica tener que dedicar esfuerzo, tiempo y recursos a esquivar esa parte”.
LJR buscó entablar comunicación con TELCOR y con la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social de la Asamblea Nacional de Nicaragua, pero hasta la publicación de este artículo, no había habido respuesta a solicitudes de entrevista.
