La periodista brasileña Elvira Lobato aún recuerda la sorpresa que le causó la repercusión de un reportaje publicado en Folha de S.Paulo en diciembre de 2007. Desde los años 90, Lobato cubre el sector de las telecomunicaciones. Esto la llevó a escribir sobre los negocios de la Iglesia Universal del Reino de Dios, una de las iglesias evangélicas más grandes de Brasil, que entonces poseía 23 canales de televisión, decenas de estaciones de radio y periódicos.
En el texto “Universal cumple 30 años con un imperio empresarial”, publicado por Folha el 15 de diciembre de 2007, Lobato informó que una de las empresas de la Iglesia estaba registrada en el paraíso fiscal de la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha.
“El vínculo aparece en los registros de la empresa en la Junta Comercial de São Paulo. Una hipótesis es que los diezmos de los fieles se depositan en paraísos fiscales”, escribió la periodista.
En enero llegó la respuesta de la iglesia. En 111 distritos repartidos por todo Brasil, desde el interior de Acre hasta Rio Grande do Sul, una profusión de demandas interpuestas por feligreses y pastores pusieron en la mira a la periodista.
“Las demandas se dividieron en grupos. Había cuatro o cinco modelos con textos absolutamente idénticos. Siempre había pedidos de indemnización y la gente decía que se sentían ofendidos en su fe. No cuestionaron ni una sola línea del texto, pero afirmaron haberse convertido en objeto de burla. Dijeron que eran acciones individuales, pero eso era imposible. Repitieron las mismas frases y eso demostró que estaban hechas en paquete y orquestadas”, le dijo recientemente Lobato a LatAm Journalism Review (LJR).
Desconocida hasta entonces, la táctica de uso colectivo y coordinado del sistema de justicia para perseguir a periodistas atormentó a Lobato durante los siguientes dos años.
“A veces necesitaba comparecer ante los tribunales de Amazonas, Goiás y Santa Catarina el mismo día”, recuerda.
Lobato salió victoriosa en todos los casos, obteniendo en ocasiones una compensación de quienes la demandaron.
Este tipo de proceder acaba de ser declarado como una forma de acoso judicial contra periodistas por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil. El 22 de mayo, el tribunal estableció una tesis válida para todos los tribunales brasileños de que “el acoso judicial ocurre cuando se inician varias acciones judiciales contra el mismo periodista o medio de comunicación, en diferentes ciudades y estados, basadas en el mismo hecho, con un objetivo silenciador o intimidante”.
Según el tribunal, estas situaciones, además de perjudicar la defensa de la persona, pueden provocar que ésta deje de publicar sobre temas controvertidos por temor a ser considerada responsable, es decir, fomenta la autocensura. Como se estableció en los debates del STF, en un caso como el de Lobato, de ahora en adelante, las acciones deben ser recogidas y juzgadas en el lugar donde vive el imputado o tiene su sede la empresa. El precedente tiene aplicación inmediata en todos los tribunales del país.
Además, el STF también reiteró una jurisprudencia que ya prevalece en el tribunal, que ahora también debe ser seguida por todos los tribunales de Brasil, de que “la responsabilidad civil de periodistas u organizaciones de prensa sólo se establecerá en un caso inequívoco de dolo o negligencia grave (negligencia profesional evidente en la investigación de los hechos)”.
Ambas decisiones sientan precedentes importantes para inhibir la persecución judicial en Brasil, según Letícia Kleim, coordinadora jurídica de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji), organización que propuso una de las dos acciones juzgadas conjuntamente por el STF – la otra provino del Asociación Brasileña de Prensa.
Aún así, no son suficientes para poner fin al abuso de los tribunales con el fin de inhibir a la prensa, añadió la asesora de Abraji.
“Consideramos que las decisiones son avances muy importantes, pero no inhibirán por completo el acoso judicial. Hay otras formas de atacar a los periodistas. Es un primer paso”, dijo Kleim a LJR.
Según un estudio del Monitor de Acoso Judicial contra Periodistas de Abraji, herramienta que recopila y analiza información sobre procesos judiciales abusivos contra el ejercicio del periodismo en Brasil, hubo 25 casos de litigios coordinados, cada uno de ellos con múltiples acciones, entre 2009 y marzo de 2024, en un universo de 654 casos de distintos tipos de acoso judicial.
Además del de Lobato, el caso más sonado de acoso judicial coordinado es el del escritor João Paulo Cuenca, que enfrentó 145 demandas en todo Brasil por parte de la Iglesia Universal debido a un texto de opinión publicado en 2020. Hasta marzo de 2023, el escritor ya había ganado 126 casos, correspondiente a todos los casos que ya habían sido juzgados. Según el despacho de abogados que lo representa, aún quedan casos por juzgar.
Entre otros casos de demandas coordinadas, según Abraji, están el del candidato a diputado federal Guilherme Oliveira contra periodistas independientes de la ciudad de Codó, en el estado de Maranhão (47 casos); la Asociación Nacional Movimento Pro Armas (17 casos); y miembros del Ministerio Público de Paraná contra profesionales del diario Gazeta do Povo que en 2016 publicaron reportajes sobre “súper salarios” de miembros de carrera.
En términos de número de acciones, la mayoría de estos casos ocurren en los Juzgados Civiles Especiales (JEC), órganos del Tribunal Federal que juzgan casos más simples conocidos como reclamos menores. Creados para facilitar el acceso a la Justicia y llevarla a zonas remotas, los tribunales juzgan acciones que no pueden unificarse y requieren la presencia del imputado.
“Fui a zonas alejadas de los grandes centros y los fieles y pastores no tenían conocimiento del asunto. A veces llegaba a la audiencia y el juez simplemente declaraba abierto el caso, pero no pasaba nada más”, recuerda Lobato.
Según el comunicado del STF, “si se caracteriza acoso judicial, el imputado podrá solicitar la realización de todas las acciones en el tribunal de su domicilio”. Sin embargo, se desconocen los detalles de cómo debería suceder esto, porque dependerá de la publicación del fallo, lo que podría demorar varios meses o incluso años.
Según el abogado André Matheus, especialista en libertad de expresión que, a través del centro jurídico Clínica UERJ Direito, actuó como amigus curiae (amigo del tribunal) en el proceso del STF, la decisión mejora significativamente las condiciones de la defensa.
“El periodista o comunicador ya no necesitará desplazarse a un distrito para una audiencia de conciliación, incurriendo en un gran gasto económico y físico”, afirmó Matheus.
Guilherme Barbosa, representante de Repoerteros Sin Fronteras en Brasil, coincide.
“La decisión introduce procedimientos y mecanismos para que los periodistas, ante el acoso judicial, tengan al menos la posibilidad de defensas que no sean tan onerosas y comprometan significativamente su actividad laboral”, dijo Barbosa a LJR.
Aunque las voces expertas en libertad de prensa contactadas coinciden en que la decisión sobre los procesos coordinados es importante, añaden que es insuficiente para extinguir el uso abusivo de los tribunales en contra de periodistas.
Abraji considera que existen cuatro situaciones de acoso judicial contra periodistas.
Además del uso de varias demandas de diferentes autores contra el mismo objetivo, también hay demandas de un autor contra varios objetivos, hipótesis que Abraji califica de “litigante contumaz”.
En un tercer caso, hay procesos que exigen indemnizaciones excesivas, como, según Letícia Kleim, el caso del periodista Rubens Valente, demandado por el magistrado del STF, Gilmar Mendes.
Finalmente, está el caso de utilizar acciones penales en lugar de civiles, como en el caso de la periodista Schirlei Alves.
“En todos los casos, es necesario movilizar las disparidades y tener un efecto intimidatorio. Es necesario utilizar desigualdades que impidan una defensa en igualdad de condiciones”, afirmó Kleim.
La decisión del STF cubre la primera de las cuatro situaciones consideradas por Abraji, pero no afecta a las otras tres.
Como lo ha cubierto LJR durante años, los casos de acoso judicial contra la prensa se han intensificado en Brasil.
El STF tomó otra decisión en el juicio para combatir la práctica. Según ella, en el caso de publicar noticias que involucran a figuras públicas o asuntos de interés social, la responsabilidad civil del periodista depende de si el profesional ha actuado intencionalmente y de mala fe – la llamada “tesis de la malicia real”.
El tribunal ya había tenido este entendimiento en otras sentencias, y ahora lo ha establecido como un precedente vinculante, aplicable en todos los tribunales del país.
“Llevamos tiempo luchando por esto. Significa que un simple error no puede considerarse ilegal. Esto es parte de la vida de la sociedad y parte del trabajo periodístico. Es necesario establecer la intención de querer revelar información falsa o la culpa grave del periodista. Esto es muy importante porque puede ayudarnos a cerrar muchos casos antes de que lleguen a ser analizados [por un tribunal]”, afirmó André Matheus.
Guilherme Barbosa, de RSF, entiende que la decisión se produce en un contexto de creciente difusión de información falsa, que requiere parámetros más claros sobre lo que es o no desinformación.
“En los últimos años, el escenario nacional y global exige discusiones más profundas sobre la integridad de la información; sobre cómo lograr que la información publicada y difundida no sólo por la prensa, sino también en las redes sociales y en el entorno informativo en su conjunto, sea confiable, veraz y completa”, afirmó.
Aun así, señala, existen límites de interpretación en esta decisión. Los tribunales de todo Brasil pueden diferir de la comprensión del STF sobre lo que constituye malicia, dijo Barbosa.
“Puede haber interpretaciones divergentes en los tribunales, especialmente en los tribunales de primera y segunda instancia, lo que puede dar lugar a violaciones a la libertad de prensa”, afirmó.
Según Letícia Kleim, las decisiones también podrían tener efectos beneficiosos en otros países de la región.
“Brasil siempre ha sido un ejemplo extremo y muy preocupante en materia de acoso judicial. Se espera que estas decisiones contribuyan a un impacto regional positivo”.
