Reportajes retirados del aire, revistas arrancadas de los quioscos, documentales prohibidos: en los últimos meses, la propia prensa ha sido objeto de noticia en Brasil en varias ocasiones, después de que los tribunales de ese país ordenaran la censura inmediata de piezas periodísticas en respuesta a demandas de partes que se sentían difamadas.
La tendencia a amordazar a la prensa a través de los tribunales lleva años aconteciendo en Brasil y se está intensificando, en una señal de alarma para los defensores de la libertad de expresión. La táctica, clasificada como “acoso judicial”, es, en palabras de la presidenta de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji), Katia Brembatti, “la nueva frontera” de la intimidación a los periodistas brasileños.
“Todo ciudadano tiene derecho a acceder a la justicia para apelar cuando se siente perjudicado, pero algo diferente de eso es el llamado litigio de mala fe, el uso del poder judicial como instrumento de intimidación, para impedir que alguien revele hechos inconvenientes”, dijo Brembatti a LatAm Journalism Review (LJR). “En los últimos años hemos tenido una escalada de ataques a la prensa, como la violencia digital en las redes sociales, o la violencia física en las calles, y los asesinatos de Dom Philips y Givanildo [Oliveira] en 2022. Y ahora el acoso judicial es cada vez más intenso”.
Entre los casos de censura más recientes figuran varias demandas que involucran al actual presidente de la Cámara de Diputados en Brasilia, Arthur Lira (del Partido Progresista). A mediados de julio, el diputado conservador demandó a los sitios web Agência Pública y Congresso em Foco, así como al canal de YouTube ICL Notícias después de que estos publicaran reportajes en los que aparecía su exmujer, Julyenne Lins Rocha, acusándolo de violencia doméstica y sexual.
En la demanda, Lira alega que las acusaciones fueron consideradas falsas y difamatorias por el Supremo Tribunal Federal (STF), y pide, además de la censura, una indemnización por daños y perjuicios de hasta 300 mil reales (cerca de US $63.000). Además de estas demandas, Lira también demandó a ICL Notícias por publicar vídeos con denuncias de corrupción.
Las peticiones de retirar inmediatamente el contenido de Agência Pública e ICL Notícias fueron denegadas, pero un tribunal de Brasilia ordenó el retiro de la entrevista con Congresso em Foco. Todos los casos siguen pendientes en los tribunales, sin que se haya dictado sentencia.
A la agencia de verificación de hechos Aos Fatos, que ya fue había sido censurada en 2021 a petición de la revista de extrema derecha Oeste, también se le prohibió difundir información debido a una reciente decisión judicial. En junio, el Tribunal de Justicia del estado Rio Grande do Sul ratificó la censura de un reportaje publicado en abril de 2020 que denunciaba una red coordinada de desinformación integrada por el sitio web Jornal da Cidade Online.
Otro caso de censura se produjo contra la revista piauí. En su edición de junio, el medio publicó un reportaje sobre cómo el gobierno de Jair Bolsonaro debilitó el programa Mais Médicos y lo sustituyó por un organismo considerado lleno de irregularidades. El reportaje citaba los nombres de una pareja, L.W. y D.O.M., que formaban parte del organismo denunciado.
La portada de la revista Piauí 201, junio de 2023, que fue retirada de los quioscos.
Alegando que el artículo relata un “hecho falso”, la pareja recurrió a los tribunales y pidió la eliminación del artículo del sitio web de piauí y el retiro de circulación de la edición impresa de la revista. El juez Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, del Distrito Federal, ordenó a la publicación retirar los nombres mencionados. En la práctica, esto supuso la salida de Piauí de los quioscos.
Otro caso reciente fue el de una serie de reportajes y un documental de The Intercept Brasil sobre la llamada Ley de Alienación Parental. La publicación revelaba los nombres de jueces, magistrados, fiscales, psicólogos y asistentes sociales que, aplicando la ley, liberaban a veces a acusados de violación o violencia doméstica, a menudo quitándoles los hijos a las mujeres y entregándoselos a quienes habían denunciado.
La decisión judicial pretendía supuestamente proteger la intimidad de los niños, que sin embargo no fueron identificados. Después de que el sitio web apeló, un tribunal dictaminó a mediados de julio que los reportajes podían volver a emitirse, pero el documental sigue censurado.
Según Silvio Henrique Barbosa, profesor de comunicación social en la Universidad Federal de Piauí y coautor del libro “Imprensa e Censura” (Prensa y Censura), los recientes episodios constituyen casos de censura judicial y censura previa, en los que las informaciones y denuncias son censuradas inmediatamente, antes de ser consideradas difamatorias por los tribunales.
“El juez que toma una decisión así, que dice 'recoge esto, esta información no puede difundirse', sigue inspirándose en la censura previa. No quiere que la información llegue a nadie, así que ordena que se suprima el contenido”, declaró Barbosa a LJR.
Según Barbosa, los casos entran en conflicto con la Constitución Federal de Brasil y con las decisiones del Supremo Tribunal Federal. Los fundamentos jurídicos de los casos son los llamados derechos de la personalidad, que incluyen la protección de la intimidad, la vida privada, el honor y la imagen, y están previstos en la Constitución.
El mismo documento, sin embargo, también prevé el derecho al libre acceso a la información. Cuando ambos principios entran en conflicto, debe prevalecer el derecho a la información, y así lo ha entendido el más alto tribunal brasileño, dijo el investigador.
“Cuando hay una confrontación entre estos dos derechos constitucionales, el Supremo Tribunal Federal entiende que el derecho mayor es el derecho de la sociedad a ser informada, que tiene un peso mayor y siempre será garantizado en relación con los derechos de la personalidad”, dijo Barbosa. “En todas sus decisiones, el STF ordena la anulación de las medidas cautelares de los jueces, dice que no puede haber censura previa, que la corrección, cuando sea necesaria, debe ser posterior [al juicio]”.
El STF tarda años en pronunciarse sobre las demandas. En 2019, el tribunal desestimó una solicitud de censura previa del periódico Estado de São Paulo que involucraba a Fernando Sarney, hijo del expresidente José Sarney, después de 3.327 días, es decir, ocho años. Para los medios más pequeños, que no disponen de recursos para recurrir a instancias superiores, los procesos pueden suponer elevados costos judiciales y que las denuncias no surtan efecto.
“Estos procesos suponen un costo legal muy grande, y también un gran estrés mental para los reporteros, que se quedan culpándose o preguntándose si podrían haber hecho algo de otra manera”, dijo Brembatti, de Abraji.
El empobrecimiento de la esfera pública afecta incluso a las manifestaciones del público, según Fernando Oliveira Paulino, profesor de la Universidad de Brasilia y presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC).
“El aumento de las demandas y de las sentencias judiciales puede influir en una mayor cautela sobre lo que se difunde, y también puede significar restricciones sobre lo que se publica, incluyendo el material periodístico y los comentarios que envía el público”, dijo Oliveira Paulino a LJR.
Aunque generalmente falla a favor de la libertad de información, el propio STF ha tomado decisiones a favor de la censura para protegerse de las denuncias. En 2019, el tribunal ordenó el retiro de reportajes que denunciaban a su entonces presidente, Dias Toffoli, publicados por la revista Crusoé y el sitio web Antagonista. El año pasado, Rubens Valente, uno de los periodistas más premiados de Brasil, fue condenado a pagar 310 mil reales (cerca de US $60.000) por denuncias que involucraban al ministro Gilmar Mendes.
No existe un seguimiento sistemático de los casos de censura judicial en Brasil, por lo que no es posible saber en qué medida aumentan, si es que aumentan, o si sólo son más visibles ahora. Según Brembatti, Abraji, en colaboración con Taís Gasparian, del Instituto Tornavoz, ha empezado a intentar mapear el número de casos, y también hay una iniciativa del Ministerio Público Federal de Río de Janeiro en este sentido.
Otra iniciativa que Abraji viene desarrollando, esta vez en asociación con un profesor de la Universidad de São Paulo (USP), es la realización de reuniones de trabajo en busca de una definición del concepto de “acoso judicial”, hoy inexistente en la doctrina jurídica brasileña.
Según Brembatti, una de las razones de tantas demandas es la facilidad, incluso en términos de costos, con la que se puede recurrir a los tribunales para demandar a periodistas en Brasil. “Acceder a la justicia en Estados Unidos es muy caro, y esa es una de las razones por las que demandar a un periodista en Estados Unidos no es una práctica recurrente. En Brasil, por ejemplo, tenemos tribunales especiales que se utilizan para esto de forma equivocada”, dijo.
Otra razón, según Oliveira Paulino, es la creciente presencia del Poder Judicial en la política y en la vida cotidiana de Brasil. “En los últimos años, se ha producido un aumento de la estructura, las atribuciones y la actuación del Poder Judicial y, en consecuencia, la judicialización de las situaciones cotidianas. Por un lado, el acceso a la justicia ha crecido y ha contribuido a una mayor reivindicación de derechos. Por otro lado, el Poder Judicial ha ocupado un lugar central en los procesos políticos, convirtiéndose en un instrumento importante en la lucha por el poder, con un uso estratégico en la búsqueda de la hegemonía”, dijo Oliveira Paulino.
El escritor João Paulo Cuenca, demandado 144 veces por pastores de la Iglesia Universal del Reino de Dios. (Foto: Rafael Andrade)
Además, el profesor señala que internet permite estrategias organizativas para utilizar el poder judicial como herramienta contra los comunicadores, “dificultando su defensa y también limitando el trabajo de los profesionales”. Fue el caso, por ejemplo, del escritor João Paulo Cuenca, quien sufrió 144 demandas diferentes en varias regiones de Brasil promovidas por pastores de la Iglesia Universal del Reino de Dios.
La protección de los periodistas, según los expertos consultados, requiere cambios en la legislación. Brembatti cita como ejemplo a seguir la llamada Ley Anti-SLAPP de la Unión Europea (UE), una iniciativa para proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos en el bloque europeo.
La última Ley de Prensa de Brasil, redactada en 1967 durante la dictadura militar, preveía la censura previa, y fue derogada en 2009. El profesor Barbosa, de la UFPI, cree que un nuevo marco jurídico podría ofrecer protección a los comunicadores.
“La regulación de la prensa sería buena para limitar la capacidad de los tribunales de dictar castigos y definirlo claramente. Sería posible, por ejemplo, estipular cómo debe corregirse una información errónea, con derecho a réplica e indemnización”, dijo.
Para complicar aún más las cosas, existe también el problema de las llamadas fake news (noticias falsas), que incluyen muchas situaciones en las que la desinformación es deliberada. En estos casos, Barbosa cree que los tribunales pueden actuar; pero son excepciones.
“Hay que sopesar cada situación. Creo que la Corte Electoral puede, sí, ordenar la retirada de informaciones falsas, pero en estos casos es necesario para la preservación de la democracia. En otras situaciones, como estas recientes, la democracia no está amenazada”.
Banner y foto de portada son de Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.
