Las estaciones de radio comunitarias pueden servir a poblaciones históricamente desatendidas, como pueblos indígenas, comunidades rurales y grupos de justicia social. Pero en el norte de Centroamérica estos medios se enfrentan a graves problemas, como criminalización por parte del gobierno, persecución por parte de grupos criminales e inestabilidad por falta de regulación y financiación.
Es por eso que 15 organizaciones independientes de Guatemala, El Salvador y Honduras – con el apoyo de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe (AMARC ALC) – están solicitando una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para discutir el estado del periodismo comunitario en esos tres países.
“La razón de la solicitud proviene de la necesidad de que periodistas comunitarios e independientes, y personas expertas en la temática puedan externar a los magistrados de la CIDH la situación de violencia y discriminación que viven los medios comunitarios en estos tres países, así como las deudas pendientes de los Estados conforme a estándares internacionales de derechos humanos y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”, dice un comunicado de AMARC difundido en agosto.
La petición tiene precedentes: la CIDH ha celebrado anteriormente sesiones en las que ha abordado los medios de comunicación comunitarios en América Latina. El pasado noviembre, el tribunal celebró una audiencia sobre la comunicación de los pueblos indígenas.
La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, en un documento de 2020, definió las radios comunitarias como aquellas que sirven a los intereses de grupos específicos, como los jóvenes, las mujeres y los campesinos.
Un mapeo realizado el año pasado por la Red Centroamericana de Radios Comunitarias Indígenas contabilizó 38 radios comunitarias en funcionamiento en Guatemala. Según Anselmo Xunic, coordinador voluntario de Radio Ixchel y de la asociación Supervivencia Cultural, la cifra supera las 60.
Las radios comunitarias guatemaltecas quieren tener acceso a las frecuencias de radio. Los pueblos indígenas no pueden competir económicamente con las grandes empresas de medios de comunicación en las subastas públicas de frecuencias.
La última subasta tuvo lugar en 2013 y, según Xunic, las ofertas alcanzaron cantidades exorbitantes y prohibitivas para las radios comunitarias. El portal de noticias en línea Plaza Pública informó que un estudio de 2009 encontró que casi la mitad del espectro de radio FM de Guatemala estaba en manos de cinco grandes grupos de medios de comunicación.
Las radios comunitarias han intentado sin éxito presionar a los legisladores para que aprueben una ley que las reconozca oficialmente, lo que les abriría la puerta para solicitar frecuencias, pero se enfrentan a la oposición de los grandes monopolios mediáticos, dijo Xunic.
“La lucha es, sobre todo, por una frecuencia, una licencia de radio”, dijo Xunic a LatAm Journalism Review (LJR). “Luchamos con grandes poderes, con los monopolios de los medios de comunicación, y eso es lo que a nosotros nos debilita”.
En diciembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de emisoras de cuatro pueblos indígenas: Maya Kaqchikel, de Sumpango; Achí, de San Miguel Chicaj; Mam, de Cajolá; y Mam, de Todos Santos Cuchumatán. Sus radios comunitarias fueron allanadas, confiscadas y cerradas en el periodo comprendido entre 2006 y 2009.
En cumplimiento de la sentencia, el gobierno indemnizó a tres de las cuatro radios. La cuarta aún no ha recibido indemnización. Y la sentencia fue publicada y traducida a las lenguas indígenas en el diario oficial del gobierno.
Pero la parte más importante de la orden judicial no se ha cumplido: el reconocimiento legal de las radios y la desestimación de los cargos contra ellas.
“La sentencia de la Corte Interamericana exige fundamentalmente que el Estado reconozca a los medios comunitarios en su legislación, les asigne frecuencias dentro del espectro radioeléctrico y cese la persecución por parte del Ministerio Público contra colegas que dirigen o trabajan en radios comunitarias”, dijo a LJR Óscar Antonio Pérez, coordinador regional de AMARC para América Latina.
Óscar Pérez, coordinador regional de AMARC ALC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe). (Foto: Cortesía)
Xunic dijo que su organización está trabajando para hacer avanzar la ley, pero que no tiene plazos para saber cuándo ocurrirá. Mientras tanto, planea presionar al gobierno del presidente Bernardo Arévalo para que otorgue las cuatro frecuencias a las radios mencionadas en el fallo de la Corte Interamericana.
“Hemos solicitado, al menos, que se emita un acuerdo gubernativo, que sea firmado por el presidente”, dijo Xunic. “Al menos sería algo mientras avanza la ley”.
A diferencia de Honduras y Guatemala, las radios comunitarias están reconocidas legalmente en El Salvador.
“Aunque son reconocidas formalmente, cuando intentan solicitar una frecuencia, les dicen que todo el espectro está cubierto”, dijo Óscar Pérez, de AMARC, a LJR. “Así que existe un problema de forma, donde el reconocimiento legal está presente, pero en la práctica no pueden operar adecuadamente”.
AMARC quiere abordar el estado de emergencia impuesto por el gobierno autoritario de Nayib Bukele desde marzo de 2022. Los periodistas críticos del país temen las detenciones arbitrarias.
“El principal reto es mantenerte a salvo, libre de ser una víctima más del régimen de excepción”, dijo a LJR Vanessa Cortez Bonilla, coordinadora de La Radio de Todas, la primera emisora feminista de El Salvador. “Cualquier persona puede denunciar que perteneciste a las maras y no te investigan, solo vienen por ti”.
Una de esas víctimas fue Víctor Barahona, periodista de la radio comunitaria en línea Que Onda Club, quien pasó 11 meses en prisión acusado de “colaborar con pandillas”. Los informes indican que su detención fue infundada, y que sufrió torturas mientras estuvo encarcelado.
En Honduras, a pesar de estar reconocidos por un decreto ejecutivo, los medios comunitarios aún no están formalmente incluidos en la ley marco de telecomunicaciones, lo que crea desventajas legales en comparación con los medios privados, dijo a LJR Carlos Enamorado, coordinador de la Asociación Hondureña de Medios Comunitarios, que incluye a más de 35 emisoras comunitarias.
“Esta falta de reconocimiento formal nos impide acceder a recursos y oportunidades que otros sectores de la comunicación sí tienen, como la posibilidad de obtener licencias de operación más seguras y de largo plazo”, dijo.
De acuerdo con Enamorado, la falta de reconocimiento expone a estos medios a sanciones desproporcionadas, ya que las mismas normas que se aplican a los grandes conglomerados mediáticos se utilizan contra las radios comunitarias, sin tener en cuenta sus limitaciones técnicas y financieras.
Otro problema: desde hace más de 15 años, los medios comunitarios de Honduras se enfrentan a la represión no sólo del Estado, sino también de otros actores, como los narcotraficantes. Según la organización C-Libre, más de 100 periodistas han sido asesinados en Honduras desde 2001.
“En el caso de emisoras que están en zonas de conflictividad de narcotráfico, el narcotráfico se convierte en otro de los actores que ejercen la violación de los derechos humanos en esa zona”, dijo Enamorado.
AMARC tiene previsto presentar tres documentos en un foro que se celebrará en noviembre en Tegucigalpa, Honduras, para fortalecer las radios comunitarias en América Latina.
En primer lugar, en colaboración con la Unesco, la asociación presentará una propuesta para medir la sostenibilidad integral de los medios comunitarios. En segundo lugar, presentarán un informe sobre el apoyo financiero prestado a los medios comunitarios en cuatro países: México, Colombia, Ecuador y Argentina.
Por último, AMARC presentará una propuesta de regulación de las radios comunitarias para que sea adoptada en los países donde el sector sigue sin estar regulado. La idea es que los representantes nacionales de AMARC presenten el proyecto a los poderes legislativo o ejecutivo de cada país, que podrían adoptarlo tras pequeños ajustes.
“Esta ley modelo general se adaptará a las necesidades de cada país, pero la idea es garantizar el funcionamiento económico de estos medios”, dijo Óscar Pérez.
