Han pasado tres meses desde que en Venezuela se desatara una ola de represión sin precedentes contra periodistas, luego de que las autoridades declararan a Nicolás Maduro vencedor de las elecciones presidenciales a finales de julio, en medio de la polémica y sin publicar los resultados oficiales.
Desde entonces, las autoridades han detenido a una decena de periodistas, cerrado tres medios de comunicación, anulado los pasaportes de una veintena de periodistas y bloqueado varias redes sociales y sitios de Internet, empujando a muchos trabajadores de la prensa a huir del país.
“Estamos viviendo un tiempo de mucho miedo e incertidumbre”, dijo Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS), a LatAm Journalism Review (LJR). “Nunca habíamos registrado un número tan elevado de periodistas detenidos arbitrariamente”.
Ipys, que fue fundado en 2002, ha contabilizado 8 periodistas que fueron detenidos durante el cumplimiento de su trabajo periodístico y aún siguen en prisión.
El Ministerio Público ha ratificado la medida de privativa de libertad a tres de ellos: el camarógrafo y estudiante de periodismo de 26 años Paúl León, la reportera gráfica Deisy Peña, y el periodista y dirigente político Roland Carreño. El 22 de octubre, los tres fueron pasados a juicio por los supuestos delitos de terrorismo e incitación al odio; según publicara el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela (SNTP) en su cuenta de X.
León en el estado Trujillo fue detenido por un grupo de policías mientras preparaba su cámara para grabar una manifestación, el 30 de julio, para el canal por internet VPItv.
Mientras tanto, Peña fue detenida el 2 de agosto por tomar y publicar fotos en sus redes sociales sobre una protesta ocurrida días antes, en Los Altos Mirandinos.
Roland Carreño, fue privado de libertad el 2 de agosto de 2024, en la ciudad de Caracas, por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). No se encontraba cubriendo ninguna protesta. Este es su segundo arresto. Fue detenido por primera vez desde el 2020 al 2023, y se encuentra en el Helicoide, la cárcel política del régimen venezolano.
Ninguno de los tres ha tenido acceso a la defensa privada y seguirán en prisión hasta la fecha de su juicio, de acuerdo al SNTP.
Los cinco periodistas restantes que siguen en prisión son:
“La detención arbitraria de trabajadores de la prensa en Venezuela constituye un ataque directo contra la libertad de prensa y un intento de acallar las voces que buscan denunciar las injusticias y abusos de poder”, dijo Balbi. “Es imperativo que se tomen medidas inmediatas para proteger a las personas periodistas y asegurar que puedan desempeñar su labor sin temor a represalias”.
Durante este periodo postelectoral, el régimen venezolano ha ordenado el cierre de tres medios de comunicación, dejando sin empleo a cientos de periodistas.
El 30 de agosto, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenó el cierre de la emisora Radio Hispana 89.5 FM, en el estado Yaracuy, según reportó Ipys. La estación recibió la visita de tres funcionarios que ordenaron el cese de la transmisión, alegando que la concesión venció en 2019, aunque la radio afirma que vence en 2030.
Conatel también cerró Victoria 103.9 FM, medio con más de 20 años en el aire ubicado en el estado Aragua. Según dijo la estación radial en su cuenta de X, una comisión de Conatel visitó la sede de la radio el 13 de septiembre y ordenó apagar los equipos declarando la "extinción de la habilitación de radiodifusión sonora".
El tercer medio afectado fue el Diario La Voz, uno de los pocos medios impresos que quedaban en Venezuela y que había circulado por 58 años en el estado Miranda.
El 3 de octubre, el organismo de recaudación tributaria visitó las oficinas del periódico alegando que la cartera fiscal del medio no estaba actualizada y procedió a su cierre. La orden se extendió por ocho meses, según informó el SNTP
Después de la elección presidencial, el régimen venezolano también aumentó sus prácticas de bloqueo a medios de comunicación digitales, a sitios web de organizaciones de derechos humanos e, inclusive, restringió el uso de X (antes Twitter), de la aplicación de mensajería encriptada Signal y de Microsoft Teams.
Para el 13 de agosto, la organización venezolana en defensa a los derechos digitales VE sin Filtro registraba más de 63 medios y sitios de noticias bloqueados en los principales proveedores de servicios de Internet del país
Balbi también expresa preocupación por la anulación discrecional de pasaportes a periodistas por parte de autoridades migratorias venezolanas. Ipys ha registrado al menos una veintena de anulaciones a pasaportes de trabajadores de la prensa que violan el derecho a la identidad, a la nacionalidad y a la libre movilidad.
“Por estas razones, muchos periodistas han decidido resguardarse, dejar de firmar sus trabajos periodísticos, y desplazarse forzosamente de sus casas, sus ciudades e incluso del país”, dijo Balbi.
Ipys Venezuela ha registrado al menos 25 casos de desplazamiento forzoso, y esa cifra, sospechan, es un subregistro.
Muchos medios también han dejado de cubrir noticias locales, más allá de las versiones oficiales, por temor a represalias contra las fuentes de información y contra los periodistas. Por ejemplo, para esta historia, LJR contactó a tres periodistas residentes en el país que prefirieron no hacer comentarios. Algunos prefieren hablar sólo a través de portavoces de asociaciones profesionales que viven fuera del país.
“Esta ola de represión no ha cesado”, advirtió Balbi. “Estas formas de persecución subrayan la urgente necesidad de proteger a las personas periodistas independientes que están en el país, pues se está poniendo en peligro su vida e integridad personal”.
