El régimen cubano convierte en ley un proyecto que busca exclusivamente regular el sistema de medios de comunicación social en la isla y seguir restringiendo la libertad de expresión de los medios independientes.
La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó el 26 de mayo la Ley de Comunicación Social, la primera normativa sobre prensa y medios en la isla. La ley estipula que las agencias de noticias, la radio, la televisión y medios de comunicación social impresos y digitales “son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, de masas y sociales, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad”, dejando de lado a la prensa independiente.
A su vez da el poder de restringir contenidos que sean empleados “para hacer propaganda a favor de la guerra de un Estado extranjero hostil a los intereses de la nación” o que usen para “difamar, calumniar o injuriar a las personas, órganos y organismos del Estado”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la aprobación de esta ley porque, según dijo el presidente de la sociedad Michael Greenspon, “es claro que el régimen aumenta las nuevas formas de censura contra medios y periodistas a través de restricciones administrativas y legales para desactivar el descontento social”.
LatAm Journalism Review (LJR) busca explicar a continuación los cuatro puntos más importantes que se deben saber sobre la aprobación de esta nueva normativa cubana y sus consecuencias para la libertad de prensa.
Ya en la constitución cubana se dice que todas “las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y a acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades, conforme a las regulaciones establecidas”. Sin embargo, según periodistas y organizaciones, esto no se cumple a cabalidad.
Esta nueva Ley de Comunicación Social no establece lineamientos para las solicitudes de información pública. Sin embargo, sí habla sobre el derecho a “quejas y peticiones de las personas sobre la gestión de la organización”, sin indagar sobre cuáles son las quejas o peticiones válidas.
En líneas generales, la nueva normativa indica que la información pública sólo se consigue a través de los medios de comunicación del Estado quienes cumplen función de mediadores. “Los medios fundamentales de comunicación social son las organizaciones mediáticas que tienen un carácter estratégico en la construcción del consenso, cumplen funciones de servicio público y constituyen mediadores políticos, ideológicos y culturales”, establece la ley.
Se necesitaron 34 versiones del proyecto de Ley de Comunicación Social para su aprobación. Pero, la población sólo conoció el borrador de tres proyectos.
En noviembre de 2022 se dio a conocer un segundo borrador que incluía evaluación del Secretariado y el Buró Político del Comité Central del Partido de Gobierno, así como el Consejo de Ministros y el Consejo de Estado.
Aún así, en el mes de diciembre, se decidió aplazar la discusión y aprobación del proyecto de ley para desarrollar, entre los meses de enero y marzo de 2023, una nueva consulta a los diputados y tomar en cuenta los criterios de los Ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Interior y de Relaciones Exteriores.
La ley finalmente fue aprobada a finales de mayo de 2023. Expertos en el tema han expresado que estos cambios a la ley pueden ser evidencia de las tensiones dentro del régimen cubano. “El poder cubano sigue manteniendo una capacidad política monolítica importante pero se producen tensiones dentro y esta ley de comunicación es una expresión de eso”, dijo el jurista Eloy Viera Cañive en el canal de Youtube “No nos callarán Cuba”.
La Ley de Comunicación Social de Cuba tiene un apartado donde establece restricciones a los contenidos a publicarse.
En los países democráticos, los medios públicos son una de las principales fuentes de información por su capacidad de transmitir masivamente y, en algunos casos, también son la principal fuente de republicación de otros medios. Sin embargo, la nueva normativa expresa que cualquier republicación solo se puede hacer con autorización del medio.
El artículo 51 de la ley, en el capítulo “de la comunicación social en el ciberespacio”, dice que se debe “proteger los contenidos y su uso por terceros, tanto nacionales como extranjeros, salvo que medie autorización expresa de los usuarios; el consentimiento siempre es revocable por el usuario o autoridad competente”.
También se prohíbe “el uso de contenidos elaborados a partir de imágenes, textos, audios y videos ya existentes, para crear realidades falseadas con cualquier fin o propósito”.
Por último, la nueva ley introduce la posibilidad a los medios de comunicación del Estado de obtener fondos a través de “publicidad socialista” y también a través de fondos internacionales. Elementos que pueden resultar contradictorios a la visión anticapitalista del régimen.
El Artículo 81.1. establece que “la radio, la televisión, las agencias de noticias y los medios de comunicación social impresos y digitales pueden insertar publicidad en correspondencia con su perfil editorial y forma de gestión económica, previa autorización del Instituto de Información y Comunicación Social”.
Mientras que el Artículo 38.1. expresa que se puede recibir apoyo financiero de “proyectos de cooperación nacional e internacional y otras vías, siempre que no se comprometa el cumplimiento de su función pública”.
Este apartado pone sobre la mesa una contradicción con el código penal cubano donde se prohíbe que los grupos de medios independientes reciban financiamiento extranjero. El régimen abre la posibilidad de nuevas formas de financiamientos en sus medios, mientras sigue criminalizando el financiamiento extranjero en los medios que se le oponen.
“El desarrollo de la publicidad y el patrocinio tiene lugar a partir de fuentes lícitas y transparentes de financiamiento que puedan ser auditables, y cuya procedencia no tenga como objetivo subvertir el orden constitucional establecido en el país”, dice la ley.
