Primera entrega de una serie de posts sobre los mecanismos de protección para periodistas creados por gobiernos en América Latina.
El asesinato del reportero gráfico mexicano Rubén Espinosa en la Ciudad de México, a donde había llegado desde el estado de Veracruz en busca de refugio temiendo por su vida, generó una ola de indignación internacional por el elevado nivel de violencia que deben enfrentar los periodistas en este país y lo que parece la incapacidad de las autoridades para protegerlos.
La violencia contra la prensa en México parece no dar tregua. En lo que va del año ya se han registrado siete asesinatos de comunicadores. Tres de estos homicidios ocurrieron en el transcurso de una semana.
Pero la violencia contra periodistas viene de tiempo atrás. Desde el año 2000 México es considerado el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas, según consta en el informe de la visita in loco que realizaron en 2010 los relatores especiales para libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de Nacional Unidas (ONU).
Asimismo, Reporteros Sin Fronteras (RSF) lo ubica en el puesto 148, entre 180 países, en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2015. De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) 34 periodistas han sido asesinados desde 1992 por motivos relacionados con su trabajo. De estos casos, 28 han quedado en la impunidad. El CPJ también tiene otros registros de más de 40 periodistas asesinados, cuyos motivos no se han determinado.
No es de extrañar entonces que una de las recomendaciones hechas por los relatores especiales al Estado mexicano fuera la creación de un programa especial de protección para esta población, cumpliendo así la obligación que tiene de proteger a aquellos expuestos a un mayor riesgo.
De acuerdo con el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, ‘Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: Estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia’, las normas de derechos humanos establecidas en el sistema interamericano establecen que “los Estados tienen una obligación de proteger a quienes están expuestos a un riesgo especial respecto de sus derechos fundamentales”.
En este sentido, los periodistas y trabajadores de la prensa en países como México donde se ven expuestos a mayores peligros de los que enfrentaría cualquier otra persona, los Estados están obligados a prestarles una mayor protección. Y los mecanismos especializados de protección se han convertido en una buena herramienta para lograrlo.
Mecanismo de México: en busca de la efectividad
México fue el segundo país de la región en implementar un mecanismo de protección, después de Colombia.
A pesar del llamado de organizaciones internacionales, la sociedad civil ha tenido un rol vital no solo en su creación, sino exigiendo al gobierno la efectividad del mecanismo.
“El mecanismo fue iniciativa de la sociedad civil”, afirmó Iván Báez, coordinador de protección de Artículo 19 oficina para México y Centroamérica, en entrevista con el Centro Knight para el Periodismo en las Américas. “Estuvimos involucrados desde el inicio, pero al ver que [el mecanismo] no funcionaba, que se no se le daba respuesta a las personas, dejamos de presentar casos”.
Los inicios del mecanismo se encuentran a finales de 2010 cuando hubo unos primeros esfuerzos para su creación e implementación. No obstante, fue solo hasta junio de 2012 tras la promulgación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que se creó formalmente el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Según Báez el mecanismo y la ley que lo rigen son aún demasiado imperfectos por varias razones. Una de ellas, aseguró, es que las personas encargadas de manejar el mecanismo no están capacitadas para hacerlo – en algunos casos no tienen sensibilidad sobre los temas que se están tratando. También señaló que los recursos financieros y humanos no son suficientes para la demanda que existe, y que tampoco existe una capacidad tecnológica en equipos.
Esta situación provoca que la respuesta del mecanismo sea muy lenta. En muchas ocasiones, según Báez, las medidas se protección han llegado cuando los periodistas ya no se sienten amenazados o cuando ya han salido de sus ciudades o del país. Por ejemplo, Artículo 19 reportó que en 2014 hubo 326 agresiones contra la prensa y “ni el 10 por ciento” fueron atendidas por el mecanismo de protección, aseguró Báez.
Es tal la situación del mecanismo que Artículo 19 oficina México optó por ofrecer a los periodistas la protección que no reciben de manera oficial. Según Báez en lo que va del año han tenido alguna intervención en al menos 30 casos a nivel nacional. Aunque cada caso tiene sus particularidades, la ayuda que ofrece Artículo 19 puede ir desde apoyar a que un periodista se movilice de manera segura de una región a otra, ofrecerle refugio hasta por tres meses en un lugar donde se garantice la satisfacción de sus necesidades, hasta otorgarles equipos de monitoreo o cerrojos especiales en sus hogares.
Este “mini-mecanismo” de protección, si puede llamarse así, funciona con cuatro personas.
Por su parte, el Estado mexicano, durante una audiencia ante la CIDH en marzo de 2014, informó que el mecanismo “estaría recibiendo importantes asignaciones presupuestales” y que contaría con el acompañamiento técnico de entidades internacionales especializadas en libertad de expresión como Freedom House, según consta en el Informe Anual 2014 de la Relatoría Especial. El Estado también informó que hasta ese momento se le estaba dando protección a 238 personas, pero no es claro cuántas de esas personas son periodistas.
Una de las críticas más fuertes que hace Báez al gobierno mexicano es el convencer al mundo que es el crimen organizado el mayor agresor de la prensa, lo que dificulta su control. No obstante, de acuerdo a cifras de esta organización, más del 40 por ciento de las agresiones a la prensa vienen por cuenta de funcionarios públicos, y menos del 1 por ciento proviene del crimen organizado.
“Sin embargo este es el discurso que utilizan para quitarse la responsabilidad en cuanto a garantizar los derechos humanos. Si es el crimen organizado, es muy difícil controlar. Pero sabemos que el principal agresor es el gobierno”, asegura Báez.
Otro de los problemas que tiene que enfrentar el mecanismo, de acuerdo con la Relatoría Especial, es la falta de comunicación entre las instituciones federales y las autónomas. Por ejemplo, a pesar de que el mecanismo creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), en muchas ocasiones ésta no logra atraer el caso de algún periodista asesinado por falta de comunicación.
El mecanismo ha sido públicamente criticado no solo por periodistas que han intentado acceder al programa, sino por otras organizaciones, como lo reportó el Centro Knight en octubre de 2014. Es tal la desconfianza en el mecanismo, que como se lo dijo Darío Ramírez, director de Artículo 19 para México y Centroamérica, al Centro Knight, Rubén Espinosa nunca presentó su caso ante el mecanismo porque “era escéptico de que verdaderamente se pudiera hacer algo”.
Es con este panorama, que en Artículo 19 están convencidos que el mecanismo necesita analizarse a profundidad.
“Falta hacer una autocrítica seria del mecanismo”, aseguró Báez. “Preguntar a los operadores del mecanismo, que son los que lo conocen, y crear un política adecuada. Sabemos que si el mecanismo empieza a funcionar se va a ver un alza significativa de casos presentados y se podría interpretar como un aumento de la violencia. Pero al contrario si se hace efectivo, no habrá necesidad de volver a utilizarlo. Tenemos los casos de periodistas que han acudido cuatro veces al mecanismo. Si fuera efectivo, no habría lugar a una nueva agresión. Solamente así se podrá medir en el tiempo su efectividad”.
