El Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, cumplió el 23 de abril 100 días en el cargo. Aunque los periodistas perciben mejoras en el trato que la presidencia dispensa a la prensa en comparación con los gobiernos anteriores, los datos muestran que las amenazas, la violencia y la criminalización contra la profesión- muchos provenientes de otros actores del Estado- no han cesado.
Durante el primer trimestre de 2024, el Observatorio de Periodistas de Guatemala registró 22 ataques y restricciones contra la prensa, tres de las cuales ocurrieron entre el 1 y el 14 de enero, durante las últimas dos semanas del gobierno de Alejandro Giammattei; las 19 agresiones restantes se registraron después del 14 de enero, ya durante el periodo de Arévalo.
Aunque ha habido una pequeña mejora en comparación con el mismo periodo del año anterior, organizaciones y periodistas siguen preocupados por la criminalización de la profesión en Guatemala.
“Desde la Presidencia de la República existe apertura hacia los periodistas, los funcionarios se encuentran más diligentes a las entrevistas y solicitudes de información, las restricciones para realizar tomas o grabaciones dentro del palacio cesaron y no se conocen públicamente casos de restricciones a la información o discreción en la invitación a reuniones o actividades del presidente y la vicemandataria, como ocurrió en los últimos ocho años, con Giammattei y Morales”, dijo el equipo de Observatorio de Periodistas en una nota de prensa.
“Sin embargo, esto no se registró en otras instituciones estatales que continúan ejerciendo limitaciones a la labor periodística o criminalizando a periodistas”, agregó.
Las agresiones hacia periodistas, según el observatorio, vienen principalmente de la Fiscal General, el Organismo Judicial y miembros del Congreso. El observatorio también asegura que muchos de los ataques a periodistas se realizan a través de las redes sociales por netcenters [grupo de personas pagadas para cumplir un objetivo específico, por ejemplo, desinformar].
Durante los primeros días de su mandato, Arévalo en reunión con organizaciones periodísticas afirmaba que su gobierno no iba a utilizar herramientas para perseguir judicialmente a la prensa y que la libertad de expresión era una de sus prioridades.
Aun así, el periodista y propietario de elPeriódico, José Rubén Zamora, sigue en prisión a pesar de que su condena por lavado de dinero fue anulada y de que numerosas organizaciones internacionales han señalado violaciones en su caso. Se enfrenta a otros cargos controvertidos, pero ha sufrido múltiples retrasos en las fechas de las audiencias.
También está el caso de Engelberth Blanco, periodista que escribía en La Hora, quien está a la espera de que un tribunal decida si lo liga a un proceso penal o desecha las acusaciones en su contra.
Para el Observatorio de Periodistas, la Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial en Guatemala no solo forman parte activa de la criminalización de periodistas, sino también mantienen las restricciones a medios de poder cubrir determinadas audiencias, “particularmente de procesos de criminalización a defensores de derechos humanos y juicios a personas vinculadas con actos de corrupción”.
De acuerdo al observatorio, hay reportes de periodistas que son dejados fuera de los juzgados impidiéndoles realizar su trabajo de cobertura y de fiscales tomando fotos a periodistas para luego utilizarlas en campañas de desprestigio o para emitir amenazas por medio de perfiles falsos en redes sociales.
En el evento de los primeros 100 días de su gobierno, Arévalo criticó al sistema de administración de justicia en su país.
“Hoy, algunos de esos actores como el Ministerio Público de [la Fiscal General María] Consuelo Porras, utilizan su posición para amedrentar a sus críticos y para atacar e intentar debilitar, desde su trinchera de impunidad, al proyecto que el pueblo de Guatemala ha elegido para su futuro. No descansaremos hasta lograr, por la vía legal, la destitución de esta amenaza a la democracia”, dijo Arévalo.
Miembros del sistema legislativo también han sido protagonistas de agresiones contra periodistas.
Héctor Coloj, coordinador del Observatorio de los Periodistas, dijo que hay síntomas de que existirá una buena relación entre la presidencia de Arévalo y la prensa pero se mantienen alertas. (Foto: Cortesía)
El 27 de abril, el diputado Oswaldo Rosales Polanco, del Partido Vamos, fue agresivo contra dos periodistas que lo grabaron mientras intentaba ingresar a una reunión que sostenía el presidente Arévalo con alcaldes de Quetzaltenango, ciudad al oeste de Guatemala.
Los reporteros fueron Abel Reyna, de la Revista Coyuntura, y Roderico Valdez de un noticiero televisivo local.
“Al darse cuenta Rosales Polanco que le habían tomado fotografías y video…se abalanzó contra Valdez y lo tomó por el cuello y le retorció el brazo. Posteriormente, se fue encima de Reyna con el que intercambió una serie de palabras, le arrancó el celular que tenía en la mano y le intentó tocar el rostro”, denunció la Asociación de Periodistas de Guatemala en un comunicado.
La última parte de esta interacción se puede ver en un video publicado en las redes sociales. Ni la Presidencia ni representantes del Poder Legislativo se han pronunciado al respecto, según informó Prensa Libre.
Héctor Coloj, coordinador del Observatorio de los Periodistas, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) que hay síntomas de que existirá una buena relación entre la presidencia de Arévalo y la prensa pero se mantienen alertas porque en “el gobierno pasado desafortunadamente muchos patrones de ataque o restricciones empezaron en el Ejecutivo y rápidamente escalaron a otras dependencias tanto a nivel estatal como en gobiernos locales o municipales. Estos hechos se normalizaron”, contó Coloj.
El Observatorio no solo ha registrado violencia hacia al periodismo proveniente de actores vinculados con posiciones de poder dentro del Estado, sino también de grupos organizados como sindicatos, autoridades de una comunidad, grupos políticos o personas particulares que consideran como un riesgo o estorbo para sus intereses la labor de la prensa
Al menos cinco casos, en lo que va de año, se reportaron de periodistas siendo atacados mientras cubrían manifestaciones o hechos noticiosos, de acuerdo con datos del observatorio. Los periodistas son atacados y acusados de “dividir al país”, “traidores”, ser “vende patrias” y pertenecer a “medios de izquierda”.
Estos ataques también ocurren a través de las redes sociales, según el observatorio. A su vez, hay un patrón recurrente de limitar o agredir a periodistas durante coberturas de allanamientos, capturas o notas rojas.
El diputado Oswaldo Rosales Polanco se mostró agresivo con dos periodistas que le grababan mientras intentaba entrar en una reunión que realizaba el presidente Arévalo. (Foto: Captura de pantalla de video)
Por ejemplo, José Cotzajay, camarógrafo del medio Albavisión, dijo que el pasado 21 de marzo se le impidió cubrir el asesinato de un joven debido a la negativa de un grupo de vecinos. A Cotzajay se le pidió salir del lugar y no pudo realizar ninguna toma. El camarógrafo denunció el hecho a través de una transmisión en su cuenta de TikTok, que ya no está disponible.
Cotzajay, quien cubre incidentes de violencia a nivel nacional, dijo a LJR que esto no fue un hecho aislado.
“Esto me ha pasado en varias ocasiones tanto por parte de grupos de personas de los lugares [vecinos de la zona] como también por parte de grupos delictivos o la Policía Nacional Civil”, dijo.
Sin embargo, en coberturas que involucran al ejecutivo, cree que hay una gran diferencia de este gobierno con el anterior.
Los periodistas y medios guatemaltecos luchan por disminuir la criminalización y castigo constante al que se encuentran sometidos desde hace años. Inclusive muchos desde el exilio siguen trabajando en pro de la libertad de prensa del país.
El Observatorio ha exhortado al presidente Arévalo, en conmemoración de los 100 días en el poder, a “evitar cualquier narrativa contra el trabajo profesional y fiscalizador de los medios de comunicación y periodistas”, dijo el equipo del Observatorio en nota de prensa.
“También es importante que si algún funcionario gubernamental, de cualquier nivel, incurre en presiones o actos que atenten contra la seguridad y trabajo de los comunicadores emitan las sanciones correspondientes para evitar que esos actos se repliquen”.
