José Rubén Zamora Marroquín ya completa más de 570 días en la prisión Mariscal Zavala de Guatemala a pesar de tener una sentencia revocada y de que varias organizaciones internacionales y nacionales han puesto de manifiesto las violaciones a derechos humanos y al derecho internacional en todo su caso judicial.
En lo que parece la estrategia más reciente del Sistema Judicial, sus juicios son dilatados de manera constante para mantenerlo en prisión sin ninguna razón jurídica, como explicó Carlos Martínez de la Serna, director de programas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), a LatAm Journalism Review (LJR).
“No hay ninguna forma de justificar que lo hubieran detenido por primera vez, imagínate que siga detenido más de 18 meses después con la sentencia revocada y con abundantes evidencias sobre vulneraciones a sus derechos”, dijo Martínez de la Serna. “¿Cuál es el problema? Por un lado, tiene esta causa principal y otras causas secundarias, pero una de las estrategias que hace el Ministerio Público permanentemente es dilatar la celebración de las vistas […]. Hay una parte de la Judicatura que no actúa de acuerdo con los estándares y a los procesos que debería seguir”.
Como señala Martínez de la Serna estas dilaciones están relacionadas con los diferentes casos en contra de Zamora. El periodista fue acusado originalmente por los presuntos delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje. El 14 de junio de 2023 fue sentenciado a seis años de prisión por lavado de dinero y absuelto de los otros dos delitos. Esta sentencia fue revocada en octubre de 2023, y se ordenó un nuevo juicio. Pero tiene otros dos casos. En el segundo, Zamora está acusado del presunto delito de “obstrucción a la justicia” y el tercero por el presunto uso de documentos falsos.
La más reciente de estas dilaciones tuvo lugar el pasado 25 de febrero cuando debía comenzar el nuevo juicio por la sentencia revocada. Sin embargo, el juicio fue aplazado y no se ha fijado una nueva fecha.
Las audiencias para el segundo caso se han retrasado tres veces. La última vez se produjo el 21 de febrero, cuando la fiscal se excusó por presuntamente sentirse enferma. La próxima audiencia está fijada para el 20 de marzo.
“Me imagino la presión que sienten… Lo único que les queda para dejarme más tiempo [en prisión] es postergar esto. Pero yo los veo a ellos más preocupados, yo estoy tranquilo”, dijo Zamora a los medios que se encontraban en el juzgado ese 21 de febrero.
El hijo mayor del periodista, José Carlos Zamora, también ve esta estrategia para mantenerlo “rehén” y hace un llamado para que sus nuevos juicios se realicen acorde a la ley.
“El gobierno guatemalteco mantiene a mi padre como rehén desde hace 578 días bajo acusaciones espurias. Su delito: denunciar corrupción en los niveles más altos del gobierno de [el expresidente Alejandro] Giammattei”, dijo a LJR. “Es hora de que su caso sea asignado a jueces profesionales e imparciales que acepten y revisen la evidencia existente que puede absolverlo y devolverle su libertad inmediatamente. La estrategia dilatoria de mala fe por parte del poder judicial y la fiscalía debe cesar”.
Por los diferentes señalamientos en las irregularidades en su proceso judicial, su caso fue monitoreado por Trial Watch, una iniciativa de la Fundación Clooney para la Justicia, que busca “exponer la injusticia, ayudar a liberar a aquellos detenidos injustamente y promover el estado de derecho en todo el mundo”. Monitorean juicios criminales en contra de “quienes están más vulnerables”, incluidos periodistas, mujeres, poblaciones LGBTIQ+, entre otras.
“José Rubén Zamora Marroquín nunca debió haber sido enjuiciado”, así comienza la conclusión; firmada por Camilo Sánchez, uno de los expertos de la iniciativa; del informe de Trial Watch. “Los cargos de lavado de dinero, tráfico de influencias, y chantaje que se le imputan parecen ser un pretexto del gobierno para tomar represalias por su periodismo crítico a la corrupción, una labor protegida por el derecho internacional”.
“La causa contra el Sr. Zamora ha estado repleta de irregularidades y violaciones del derecho a un juicio imparcial”, continúa la conclusión. “Además, su detención continua – habrán transcurrido 18 meses desde el momento de su detención hasta la publicación de este informe – es arbitraria y constituye una violación patente de su derecho a la libertad. El Sr. Zamora debe ser puesto en libertad de inmediato”.
Por estas razones, Sánchez calificó con una F, la peor de todas, el juicio en contra de Zamora. Según los parámetros de Trial Watch, esta calificación corresponde a “un juicio que implicó una violación grave de los estándares internacionales que afectó el resultado y/o resultó en un daño significativo”.
El informe, dado a conocer los primeros días de febrero, da cuenta de todas las irregularidades señaladas por diferentes organizaciones durante estos 18 meses, incluido el CPJ. Uno de estos señalamientos tiene que ver con la prisión preventiva a la que Zamora fue sometido desde su arresto el 29 de julio de 2022.
Para los evaluadores de Trial Watch, el argumento de la prisión preventiva es “extremadamente abstracto” como que presuntamente podría influir a testigos porque ocupaba un alto cargo en elPeriódico.
“Fundamento que no cumple con los requisitos internacionales y regionales que exigen que la prisión preventiva sólo se imponga como último recurso”, explica el informe.
Agrega además que a Zamora no se le ha dado la posibilidad de revisión judicial esta prisión preventiva a pesar de las peticiones de los abogados. Pero, además, que la base de este argumento dejó de existir cuando se disolvió elPeriódico, en mayo de 2023.
El informe también destacó los diferentes tipos de presiones y hostigamientos en contra de posibles testigos, así como de los abogados de Zamora. Explicó, por ejemplo, como miembros de elPeriódico (incluidos periodistas, columnistas y directivos) fueron investigados y/o acusados en casos relacionados con Zamora. Cuatro de sus abogados fueron enjuiciados y obligados a aceptar cargos de los que se les acusaba, otro salió del país tras sufrir amenazas e intimidaciones, y en general tuvieron problemas para acceder a documentos de la defensa. Para el final del juicio, Zamora había tenido 10 abogados.
Para Trial Watch esto envía “una clara señal de que cualquiera que apoyara al Sr. Zamora sería objeto de acoso judicial”.
A esto se suma la imposibilidad que tuvo la defensa de Zamora de presentar pruebas y testigos, y que posteriormente fue reconocida en la sentencia en contra del periodista. Según Trial Watch, al señalar que la defensa no había podido demostrar el origen legítimo del dinero “se invirtió erróneamente la carga de la prueba”.
Durante la mayoría de su tiempo en prisión, Zamora ha estado “bajo durísimas condiciones y en régimen de aislamiento”, según el informe. La prisión militar, destinada para narcotraficantes y políticos corruptos, en los últimos años ha recibido a operadores de justicia, opositores políticos y periodistas, según el medio Divergentes.
Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visita en prisión al periodista José Rubén Zamora para dar seguimiento a las medidas cautelares vigentes del periodista. La misión estuvo compuesta por la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum, y por el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca. Febrero de 2024. (Foto: CIDH)
Las condiciones que vivió Zamora fueron denunciadas tanto por su familia como por organizaciones internacionales. El periodista por ejemplo, perdió 17 kilos y debido a que solamente recibía luz por una hora al día, su visión se fue deteriorando. Sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno del presidente Bernardo Arévalo, éstas han mejorado.
Así lo aseguró el mismo Zamora en declaraciones a medios el pasado 21 de febrero, durante una de sus audiencias que posteriormente fue cancelada. También lo comprobaron representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quienes visitaron a Zamora y hablaron con autoridades del país los días 12 y 13 de febrero.
Según un comunicado de la CIDH, sus representantes estuvieron haciendo seguimiento al cumplimiento de medidas cautelares que tiene Zamora desde 2003.
“Es el único periodista beneficiario de medidas cautelares privado de libertad en el país”, señala el comunicado. “La CIDH recuerda que su detención se inserta en un contexto de afectaciones a la independencia judicial identificado en los Informes Anuales de la CIDH de 2021 y 2022. Dicho contexto impacta en el derecho a la libertad de expresión y genera un clima de censura en el país”.
Además de las dilaciones constantes en las audiencias programadas para los diferentes casos en contra de Zamora, también hay dudas sobre cómo se podrá desarrollar el nuevo juicio en el caso principal. Según explica Martínez de la Serna y el informe de Trial Watch, este nuevo juicio comienza después de la fase probatoria, lo que significa que las pruebas y los testigos que le fueron negadas a la defensa de Zamora en el primer juicio, tampoco podrán presentarse en este nuevo.
“No pudo defenderse, no pudo presentar pruebas, por lo cual para el juicio que se tiene que celebrar de nuevo no hay ningún indicio de que vaya a ser justo porque empieza, por decirlo de alguna manera, en una fase del proceso que ya está denunciada y demostrada que no fue justa ni acorde con los estándares internacionales”, dijo Martínez de la Serna.
“Es probable que un nuevo juicio ordenado por el Tribunal de Apelación, si se basa en las decisiones erróneas de la ‘etapa intermedia’, sea injusto y por lo tanto no debe llevarse a cabo”, establece por su parte el informe de Trial Watch.
Entre las recomendaciones al Estado de Guatemala, Trial Watch señala que se debe ordenar “la inmediata liberación” de Zamora y el sobreseimiento de los cargos en su contra. Además, señala que se debe asegurar que el periodista reciba “los recursos adecuados y reparaciones pertinentes por las vulneraciones de las que ha sido víctima”.
Asimismo, señala que se debe investigar a los actores judiciales que estuvieron implicados en este proceso en contra de Zamora para “identificar y subsanar cualquier posible violación de las normas legales y éticas”.
Martínez de la Serna reconoce cómo el nuevo gobierno identifica las irregularidades en el caso de Zamora y en otros, pero que ha querido mantener la independencia judicial y la división de poder para “sentar precedentes legales correctos”. Sin embargo, es enfático en señalar que la “única forma de justicia” para el periodista es que se cancelara el “caso espurio” contra él.
“Se puede considerar que es una persona perseguida políticamente y que es rehén de un sistema corrupto”, dijo Martínez de la Serna.
“Es impresionante el dinero que han gastado en perseguirme. Yo pienso que fácil el Ministerio Público y el Estado de Guatemala en sus políticas de terrorismo de estado para perseguirme han gastado unos 20 millones de quetzales”, dijo Zamora a la salida de su audiencia cancelada del 21 de febrero. “Pero hay que tener paciencia y esperar porque no queda de otra”.
