Koos Koster, un periodista holandés de 46 años, llegó a El Salvador en marzo de 1982 por encargo de la empresa de televisión de los Países Bajos IKON.
Tenía asignado hacer un documental que mostrara el contraste de la vida en San Salvador y en zonas rurales donde se vivía el conflicto entre las Fuerzas Armadas del país y el grupo insurgente FMLN. A Koster se le unieron el productor Jan Kuiper, el sonidista Hans teer Laag y el camarógrafo Joop Willemsen, todos de nacionalidad neerlandesa.
El inicio de los 12 años de la guerra civil en El Salvador que culminó con los Acuerdos de Paz de 1992 había comenzado dos años antes. Las autoridades de El Salvador sabían del proyecto periodístico que lideraba Koster y lo veían como uno a favor de la guerrilla del FMLN, según el informe de la Comisión de la Verdad.
Y es que Koster, quien hablaba español y tenía contactos en la región, no tenía mucha simpatía entre las autoridades de El Salvador después de que en 1980 hizo un reportaje sobre los llamados escuadrones de la muerte, que en noción de las autoridades también favoreció al FMLN.
Por eso, el informe de la Comisión de la Verdad señala que la policía de inteligencia empezó a seguir al equipo holandés que producía el documental. Eventualmente, oficiales ordenaron una emboscada por parte de fuerzas del Estado en donde fueron asesinados los cuatros periodistas junto a algunos guerrilleros quienes hacían de guías de periodistas mientras los llevaban a las zonas de mayor conflicto, concluye el informe.
Son 42 años desde el crimen sin que los responsables hayan sido juzgados. Sin embargo, el avance de dos procesos judiciales, uno civil en Estados Unidos y uno penal en El Salvador, podría significar que alguien sea castigado por el crimen.
“Sus muertes han marcado la vida de los dolientes”, dijo Gert Kuiper, hermano de Jan y quien lidera la demanda civil en Estados Unidos, a LatAm Journalism Review (LJR) a través de una abogada del Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA, por sus siglas en inglés).
“Para mí, personalmente, es esencial hacer un punto: el reconocimiento formal de la conspiración para el asesinato y castigar a los responsables”, agregó Gert Kuiper.
Jan Kuiper, Koos Koster, Joop Willemsen y Hans teer Laag fueron los cuatro periodistas holandeses asesinados en 1982 en El Salvador. (Foto: Comité de Prensa de la Fuerza Armada)
Los cuatro periodista holandeses asesinados en 1982 en El Salvador había llegado al país a realizar un documental. (Foto: Comité de Prensa de la Fuerza Armada)El caso en Estados Unidos es en contra el excoronel Mario A. Reyes Mena, comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, quien, según el informe de la Comisión de la Verdad del país, planeó la emboscada. Hoy tiene 85 años y vive en Estados Unidos desde hace más de una década.
Mientras tanto, en uno de los avances más importantes en el crimen de los periodistas en El Salvador, el pasado 22 de agosto, la jueza a cargo del caso penal en el país determinó que se puede avanzar a etapa de juicio. Una decisión que quedó en firme después de que el pasado 22 de octubre la Cámara de lo Penal de Santa Tecla rechazara el recurso de apelación presentado por la defensa de los acusados.
Tres altos mandos militares de la época acusados de ser los responsables del asesinato de los cuatro periodistas están siendo procesados: el exministro de Defensa, José Guillermo García; el exdirector de la Policía de Hacienda [una especie de policía de inteligencia], Francisco Antonio Morán; y el excomandante Reyes Mena. Otras dos personas nombradas en los hechos ya están muertas.
“Sería muy importante para nosotros porque es histórico”, dijo a LJR Oscar Antonio Pérez, director de la Fundación Comunicándonos – organización que junto a la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) representan a las familias de los periodistas en El Salvador.
“Es el primer caso que aparece en el informe de la Comisión de la Verdad que se va a juzgar y es el primer caso donde se van a enjuiciar a altos mandos militares que precisamente fueron parte del conflicto pasado. Es muy importante para ir rompiendo esta cadena de impunidad aquí”, agregó.
Los hechos que antecedieron al asesinato de los periodistas y el crimen como tal constan en el informe de la Comisión de la Verdad ‘De la locura a la esperanza: la guerra de 12 años en El Salvador’ publicado el 15 de marzo de 1993.
El informe da cuenta de entrevistas que los comunicadores tuvieron con presos señalados de pertenecer a la guerrilla, así como con contactos del FMLN. El informe también señala seguimiento al que fueron sometidos los periodistas, e incluso cómo sus habitaciones de hotel fueron registradas un día antes del crimen.
La Comisión de la Verdad concluyó que “existe plena evidencia” de que el asesinato de los periodistas “fue consecuencia de una emboscada planeada con anterioridad por el Comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, Coronel Mario A. Reyes Mena, con el conocimiento de otros oficiales”. El informe señala que la emboscada se logró hacer con base en el trabajo de inteligencia y fue realizada por una patrulla de 25 hombres del Batallón Atonal bajo el mando del sargento Mario Canizales Espinoza (ya muerto también).
A pesar de la información recolectada por la Comisión y de los compromisos pactados en los Acuerdos de Paz que establecían medidas de reparación a todas las víctimas y el establecimiento de una Justicia Transicional para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto, la aprobación de la “Ley de amnistía general” el 20 de marzo de 1993 evitó que los acusados del crimen fueran juzgados.
Fue solamente hasta el año 2016 cuando la Corte Suprema del país declaró inconstitucional esta ley que algunos crímenes cometidos durante la guerra empezaron a ser judicializados. En marzo de 2018 se presenta la demanda penal en El Salvador, pero según Pérez, la fiscalía toma su tiempo y es hasta 2021 cuando judicializa el caso y pasa a primera instancia.
Desde hace dos años, dos de los acusados se encuentran en prisión preventiva, aunque la cumplen en un hospital aludiendo problemas de salud. Reyes Mena se encuentra en Estados Unidos con notificación roja de Interpol para su eventual captura y extradición.
Cuando la familia de Jan Kuiper conoció que el excoronel Reyes Mena llevaba en Estados Unidos más de una década, contactó al CJA para adelantar una demanda civil, dijo Claret Vargas, abogada sénior del CJA.
Durante varios años se hicieron las investigaciones del caso para lograr entablar la demanda civil el pasado 9 de octubre ante una corte del Distrito de Virginia, dijo Vargas a LJR.
Teniendo en cuenta que Estados Unidos solo permite demandas civiles contra residentes estadounidenses que cometieron delitos en otras jurisdicciones, esta demanda busca una compensación monetaria así como un reconocimiento de su responsabilidad en el crimen. Sin embargo, su principal objetivo es lograr algún impacto en el proceso penal que se adelanta en El Salvador, dijo Vargas.
En un caso no relacionado por otro delito, el exministro García perdió una demanda civil en Estados Unidos y fue extraditado a El Salvador, dijo Vargas. Los abogados esperan que algo similar ocurra con Reyes Mena.
“La esperanza siempre es esa, pero nosotros no tenemos control sobre qué es lo que van a hacer las autoridades de inmigración ni tampoco hay una vía legal por la cual nosotros podamos pedir eso”, dijo Vargas. “Obviamente lo que esperaríamos es que contribuya al caso allá porque al final de cuentas nuestro trabajo es contribuir a los esfuerzos de la lucha contra la impunidad en el país donde se ha cometido el crimen”.
El proceso legal en Estados Unidos no tiene un cronograma claramente definido. Teniendo en cuenta las acciones de la defensa y las decisiones del juez a cargo del caso, podría tardar hasta un año en ver una sentencia.
Aunque la larga espera es preocupante, para Gert Kuiper estos casos se tratan especialmente de sentar precedentes de justicia en los crímenes cometidos durante la guerra.
“No se trata de que los tres hombres reciban largas condenas. Son muy mayores. El interés de las familias de los dolientes es que rindan cuentas y que se haga justicia”, dijo Gert Kuiper. “Cuando finalmente se presente el caso penal en El Salvador, se podrá construir jurisprudencia para que se puedan conocer 200 casos más de asesinatos relacionados con la mencionada guerra”.
Pérez, no obstante, considera que el paso inevitable del tiempo para víctimas y victimarios podría ahondar la impunidad.
“El problema es que nuestras víctimas se están muriendo. Así como los victimarios que se están muriendo sin rendir cuentas”, dijo Pérez.
