La represión, persecución, el exilio e incluso la apatridia hacen parte de lo que viven periodistas nicaragüenses con mayor intensidad desde las manifestaciones de 2018. Como parte de esta persecución muchos han ido a la cárcel, antes de ser expulsados de su país, o viven bajo regímenes de presentación ante la policía cada 15 días.
Sin embargo, la desaparición de Fabiola Tercero Castro, desde el 12 de julio de 2024, es para organizaciones que trabajan con presos políticos y libertad de prensa un caso de especial preocupación por el largo tiempo que ha pasado sin conocerse información sobre ella.
La última vez que se supo de Tercero fue cuando alcanzó a avisar a personas cercanas que miembros de la Policía Nacional realizaban un allanamiento a su vivienda en Managua. Según los registros del Mecanismo para el reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, que trabaja desde el exilio, durante el allanamiento las autoridades incautaron su computador y otros materiales de trabajo.
“Lamentablemente [Fabiola Tercero] sigue estando en el mismo estatus de desaparecida”, dijo Carlos Herrera, miembro de la junta directiva de la Red Centroamericana de Periodistas (RCP) a LatAm Journalism Review (LJR). “Los periodistas nicaragüenses sabemos que el régimen es capaz de tenerla en condiciones de total aislamiento, pero tanto tiempo sostenido ya estaríamos hablando de una situación de tortura. Si ella está en aislamiento total y ha pasado todo este tiempo en aislamiento total, podría ya catalogarse como tortura y crímenes de lesa humanidad”.
La periodista nicaragüense Fabiola Tercero Castro lleva desaparecida más de un año. (Foto: Tomada de redes sociales)
Hasta el momento, el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado de manera pública sobre el caso de Tercero.
“Desde ese momento, su paradero sigue siendo desconocido, ya que las autoridades no han proporcionado información oficial sobre su situación ni han permitido que su familia establezca contacto con ella”, dijo el Mecanismo a LJR mediante comunicación escrita.
El régimen tampoco se ha pronunciado sobre el caso de Leo Catalino Cárcamo, un segundo periodista reportado como desaparecido luego de ser detenido el 22 de noviembre de 2024.
La Policía detuvo a Cárcamo mientras caminaba cerca de su vivienda en La Paz Centro, según información del Mecanismo. Su familia fue informada de su detención por una llamada anónima de una persona que lo vio llegar a una estación policial.
En la estación a la que presuntamente fue llevado, informaron a su familia que no tenían registro de él.
“Hasta la fecha, Leo sigue desaparecido y sus familiares no han recibido información concreta sobre su paradero ni han podido visitarlo, a pesar de realizar visitas periódicas al sistema penitenciario. La policía también ha estado realizando actos de asedio y vigilancia sobre la vivienda de su familia y han sido tratados con hostilidad por las autoridades”, dijo el Mecanismo.
Tras petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó a Nicaragua liberarlo.
En casos similares de periodistas, defensores de derechos humanos o activistas detenidos, familiares de estos reciben algún tipo de información que da cuenta de su paradero.
Danny Ramírez-Ayérdiz, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), dijo que la situación de Tercero es “profundamente preocupante” teniendo en cuenta lo vivido por otras personas que han estado en esta condición y lo han denunciado posteriormente.
“La desaparición es la forma más extrema de castigo en contra de las y los presos políticos”, dijo Ramírez-Ayérdiz a LJR.
Calidh, una organización de derechos humanos nicaragüense que trabaja desde el exilio para dar acompañamiento legal a personas víctimas de represión y sus familias, ha recibido denuncias de personas que han pasado por situaciones de desaparición temporal que dan cuenta de sometimiento a golpizas, aislamiento total, falta de acceso a elementos de aseo, ropa y/o medicinas, así como el impedimento de asistencia médica, espiritual y legal.
La condición de mujer de Tercero, así como el mismo aislamiento siendo periodista es un elemento que agrega preocupación al Calidh.
“El hecho de que una periodista esté aislada del exterior y en especial de toda información noticiosa es una forma particular de tortura debido a su oficio”, dijo Ramírez-Ayérdiz. “Continuamos sosteniendo que la verdad no puede ser encerrada en las cárceles y la desaparición de la periodista es un testimonio fehaciente de que en Nicaragua las libertades públicas están completamente abolidas”.
Las organizaciones entrevistadas por LJR coinciden que el largo periodo de desaparición de Tercero hace más urgente la presión de la comunidad internacional sobre el régimen de Nicaragua.
“Fabiola siempre se caracterizó por ser una persona muy activa y muy de decir lo que pensaba, y de ser también una persona comprometida con las libertades. Eso incomoda mucho al régimen”, dijo Herrera de RCP. “Estamos hablando de una dictadura que es totalmente criminal y que ya no entiende de consecuencias al no entrar en el ordenamiento mundial y de protección de derechos humanos”.
“No nos queda más de seguir alzando la voz al más alto nivel […] porque entendemos muy bien que no estamos hablando con un gobierno normal y que por experiencia de personas que en algún momento fueron liberadas, sabemos que las condiciones de las personas que son apresadas y aisladas son prácticamente de tortura”, agregó.
Carlos Lauría, secretario ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), considera preocupante el “vacío informativo” que hay en Nicaragua especialmente en casos como el de Tercero. Lauría señaló que desde la SIP y otras organizaciones internacionales se ha exigido a Nicaragua información sobre periodistas desaparecidos y por asegurar sus condiciones.
El periodista nicaragüense Leo Cárcamo fue detenido en noviembre de 2024, pero su familia no ha recibido información específica sobre su paradero. (Foto: Redes Sociales/ Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas)
“The organizations' demands are clear and urgent: it has demanded [Fabiola’s] immediate return alive, a transparent investigation, and accountability for those responsible, whoever they may be,” Lauría told LJR. “Given the lack of responses from the Daniel Ortega regime, it is necessary to increase diplomatic pressure on the government, implement measures or mechanisms to adequately follow up on the case, and it is also essential to help raise awareness among the general public about the risks involved in journalism in Nicaragua.”
Ramírez-Ayérdiz of Calidh said that international demands should prevail so that official institutions provide information to families when journalists or other individuals are detained.
"It's important to note that the State provides absolutely no information about the missing to any agency, especially to the Ministry of the Interior, which oversees the General Directorate of Penitentiary Services. Families are told nothing in the prisons where they are believed to be held, and are often expelled or threatened if they continue to go,” he said.
Through public statements on July 12, the Independent Journalists and Communicators of Nicaragua (PCIN) association demanded Tercero be returned alive.
“It's an open wound in the already fragile freedom of the press in Nicaragua,” said Gerall Chávez, president of PCIN, in a video. “The case of Fabiola Tercero is not an isolated incident; it is a repressive tactic to silence the voices of Nicaraguan journalists who continue to denounce the repression, corruption and human rights violations perpetrated by the regime of Daniel Ortega and Rosario Murillo.”
