El Colegio de Abogados de Honduras se unió a decenas de periodistas que protestaron la mañana del 16 de agosto en el exterior de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa para exigir la derogación del artículo 335-B del Código Penal hondureño, el cual consideran que atenta contra la libertad de expresión.
El artículo 335-B del recientemente reformado Código Penal hondureño abre la posibilidad de que los comunicadores o los medios de comunicación pudieran ser acusados de “apología del terrorismo” o de “incitar al odio” si un juez o un fiscal así lo considera.
Uno de los recursos de inconstitucionalidad presentados en contra de la controversial ley será discutido por el pleno de la Corte Suprema de Justicia hondureña el martes 22 de agosto, según confirmó el 16 de agosto el magistrado presidente Rolando Argueta tras reunirse con representantes de los periodistas.
El presidente del gremio de abogados ofreció asesoría legal al Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) en su batalla contra el controversial artículo, el cual fue aprobado en febrero de este año por el Congreso hondureño. Desde entonces, los periodistas han acudido a diferentes instancias en su intento por que el artículo 335-B sea derogado.
“[Queremos] solidarizarnos con el Colegio de Periodistas y con tan noble profesión. Como Colegio de Abogados, nosotros estamos llamados a defender la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, como lo es la libertad de expresión y la libre emisión del pensamiento”, dijo el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, José María Díaz, al canal Telesistema Hondureño. “Somos los abogados los que debemos que recalcar cuando se den estas injusticias y de alguna manera coadyuvar para que se disipen”.
En la protesta también estuvieron presentes el presidente y miembros de la Asociación de Prensa Hondureña.
“Nosotros éramos de la opinión que el 335-B se reformase para que no quedase una figura tan general, tan abierta como lo es la apología del delito”, agregó Díaz. “Pero después de haber visto que tras cuatro meses de pasividad, el 335-B sigue teniendo vigencia, nosotros nos hemos sumado a la posición oficial del Colegio de Periodistas para que se derogue en lo absoluto y que el gremio de los periodistas no se sienta amenazado para ejercer su profesión”.
El CPH dijo en un comunicado que, pese a sus protestas y acercamientos con autoridades, no ven que el Congreso de su país tenga la voluntad de derogar la ley que, en su opinión, criminaliza la labor de periodistas y violenta garantías en materia de derechos humanos, especialmente en lo relacionado a la libertad de expresión, tanto de la Constitución hondureña como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Ley de Emisión del Pensamiento.
“El artículo puede ser aplicado en cualquier momento a un periodista por el simple hecho de informar sobre un incidente que pueda ser tipificado como acto de ‘terrorismo’”, dijo Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas, de acuerdo con el diario El Heraldo. “No tenemos el monopolio de la libertad de expresión. Se cree que estamos en esta lucha porque nos afecta directamente como periodistas, pero el Colegio es parte de la sociedad hondureña”.
Los periodistas también alegan que la aprobación del artículo 335-B fue ilegal porque no siguió el procedimiento que establece la Constitución de su país según el cual toda iniciativa de ley que pretenda reformar o derogar un código no podrá discutirse sin tomar en cuenta la opinión de la Corte Suprema de Justicia. Eso no ocurrió con el 335-B.
En junio, el Ministerio Público de la nación centroamericana declaró que el artículo 335-B era inconstitucional y emitió una recomendación a la Corte Suprema para declarar su inaplicabilidad, de acuerdo con el diario La Prensa. La Corte discutirá un recursos de inconstitucionalidad el 22 de agosto.
El Colegio de Abogados de Honduras también respaldó al gremio periodístico en cuanto a la posibilidad de recurrir a instancias internacionales de ser necesario.
“Esperaríamos que no fuéramos hasta allá. Es una falta de voluntad política del Congreso para poder derogar el artículo”, dijo Carlos Ortiz, presidente de la Asociación de Prensa Hondureña, al canal Telesistema durante la protesta. “Yo percibo que no hay voluntad ni de los diputados del Congreso Nacional ni del Presidente de la República. Ya lo han manifestado, que no afecta la libertad de expresión, pero ustedes han podido observar cuál es la situación que tenemos los periodistas. Tenemos temor a ser enjuiciados y ser llevados al [centro penitenciario] Pozo I o Pozo II”.
Otra protesta se realizó simultáneamente frente a las instalaciones del Poder Judicial en la ciudad de San Pedro Sula, al norte del país, por parte de la representación del Colegio de Periodistas de Honduras en esa localidad.
En ambos movimientos, los manifestantes portaron pancartas con consignas en contra del artículo 335-B y algunos usaron cinta atada a la boca a manera de mordaza para expresar su defensa a la libertad de expresión.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
